El sindicalismo ante el cambio político

IIIª Reunión del Comité de Investigación de Sociología del trabajo

Federación Española de Sociología

Universidad de Murcia, 28 y 29 de mayo de 2015

Comunicación

El sindicalismo ante el cambio político

Antonio Antón Morón

Departamento de Sociología – Universidad Autónoma de Madrid

Correo electrónico: antonio.anton@uam.es

1.    Introducción

La función y las prácticas colectivas del sindicalismo tienen una doble dimensión: reivindicativa-laboral y sociopolítica.

En los últimos años, frente a las consecuencias injustas de la crisis, las políticas de austeridad y la prepotencia gubernamental se ha conformado en España un nuevo ciclo de protesta social e indignación cívica, con cambios relevantes del panorama sociopolítico y electoral. El movimiento sindical, junto con otros movimientos sociales y diversas plataformas cívicas con las que ha colaborado (como la Cumbre Social), ha tenido una amplia participación.

Ante el ciclo electoral que se abre, cabe un continuismo del bipartidismo con un pacto de Estado entre PP y PSOE, o bien la apuesta por un gobierno alternativo de progreso (en el ámbito estatal y territorial). En esta encrucijada estratégica existe la posibilidad de derrotar a la derecha y abrir un ciclo progresista en España que revierta las políticas regresivas y antisociales e impulse un giro socioeconómico progresista y la regeneración democrática del sistema político.

El movimiento sindical está condicionado por esa dinámica y, desde su especificidad y dimensión sociopolítica y con su autonomía, no puede ser neutral. Tiene el desafío de participar en ese proceso que afecta al conjunto de las condiciones sociales, democráticas, laborales y de empleo de las capas populares a las que representa. El horizonte es una gestión y una salida más justas y solidarias de la crisis y la defensa de un modelo social y democrático más avanzado.

En definitiva, se analiza el contexto de cambio social y político, cuál es la posición del sindicalismo ante las perspectivas abiertas y qué estrategias son adecuadas para reforzar su dimensión sociopolítica progresista.

2.    ¿Cómo asegurar un proceso de cambio progresivo?

A partir de las medias de los datos actuales de diversos estudios demoscópicos los tres bloques electorales (PP, PSOE y Podemos) se sitúan entre el 20% y el 25% (con la incorporación de Ciudadanos). Dependiendo del nivel y tipo de la abstención y el propio margen de error estadístico, podemos contemplar un rango de variación de diez puntos, cinco por arriba y cinco por abajo en cada uno de ellos (entre el 15% y el 30%). En el tiempo que queda hasta las elecciones generales la acción de cada actor político va a intentar modificar al alza esas previsiones y rebajar las del contrincante. Lo que nos da es la práctica imposibilidad de mayoría absoluta por cada uno de ellos, incluido el polo alternativo y, desde luego, de Podemos si va solo. Prácticamente, ese escenario de dificultad para una mayoría absoluta de cada uno de ellos por separado y un relativo equilibrio entre las cuatro fuerzas en su respaldo electoral, pendiente de confirmación, es reconocido por todas ellas.  Y dirigentes conservadores y socialistas ya han comenzado a proponer un pacto de Estado entre ellos y lo que dirimen es cuál de los dos sería hegemónico.

En particular, la dirección socialista confía en tener una amplia ventaja respecto del polo alternativo, para emplazarlo a un apoyo subordinado y poco condicionado a su programa y liderazgo para hacerse valer como la alternancia al PP. Dirigentes de Podemos señalan que las opciones de formar Gobierno serían entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias, echando la responsabilidad hacia Pedro Sánchez de decidir a quién apoya de los dos.

Pero el problema principal a dilucidar sigue abierto. Si la mayoría de la ciudadanía no apoya una mayoría absoluta de las fuerzas alternativas (o del PSOE), ¿cómo asegurar un proceso de cambio suficientemente progresivo? Es decir, si la representación alcanzada por Podemos-Izquierda Plural… no puede aplicar totalmente su programa y su completa hegemonía institucional ¿necesariamente se tiene que conformar con pasar a la oposición parlamentaria? ¿Se podría avanzar en la regeneración y democratización del sistema político y la reorientación de las políticas sociales y económicas, de acuerdo con los deseos expresados por una mayoría social progresista, pero con otros ritmos, alcance y equilibrios en la representación institucional, inicialmente proclamados?  O sea, ¿cabría una alianza del PSOE con ese polo alternativo? De momento, no. Las dos partes se oponen. Parece que los consabidos apoyos a ambos partidos gobernantes por el centro de UPyD y/o CIU-PNV-CC, esta vez no son suficientes para garantizar la gobernabilidad, ya sea bajo dirección del PP o del PSOE. Su nueva esperanza es el comodín de Ciudadanos. ¿Cabe otra opción? Sí, hay otras dos posibilidades, aunque tenga el PP mayoría relativa pero haya mayoría electoral progresista. Y volvemos al dilema del PSOE y, en parte también, de Podemos y el resto de las fuerzas alternativas.

Una opción es el apoyo del PSOE a un gobierno del PP. Puede ser en forma de gobierno de gran coalición, estilo alemán, cosa difícil de digerir para el electorado socialista, pero no para su cúpula, o de pacto de legislatura o similar. Lo contrario, del PP al PSOE, también es posible, aunque más improbable con los datos de hoy. No obstante, en el caso de mayoría relativa del PSOE, quizá su dirección pudiese contar con el apoyo del PP y, en todo caso, la presión del establishment sería fortísima para que no gire a la izquierda o busque el apoyo alternativo, cosa que en esas circunstancias de continuismo del eje bipartidista sería impensable.

Otra opción es un gobierno alternativo y de progreso, con un peso representativo todavía mayor de las fuerzas alternativas y el apoyo de un nuevo PSOE, más a la izquierda. Este segundo, dada la orientación actual del aparato socialista, también es improbable, aunque debería contemplarse por las fuerzas alternativas como una apuesta por verificar su logro, ya que abriría una dinámica positiva de cambio. Tendría que estar acompañado de un movimiento popular consistente y un ascenso sustancial de esas fuerzas alternativas, sin desventaja política y representativa respecto del PSOE y un fuerte emplazamiento al mismo para su reorientación, cosa hoy dudosa, incluso ante la eventualidad de un proceso de descomposición similar al PASOK griego. Todos los indicios del proyecto de la actual dirección socialista señalan que podrían inclinarse hacia ese pacto de Estado y el acuerdo con el PP.

La consecuencia más importante es que la estrategia dominante y la situación socioeconómica y política serían de continuismo, con pequeños cambios. Su colaboración con la gobernanza se asentaría, incluso a diferencia de la situación más cómoda en Alemania, en la dinámica regresiva de la gestión de la crisis, con un impacto muy dañino para la población y lejos de su salida justa: estancamiento económico y de empleo, consolidación de la pérdida de derechos sociales y laborales, agravamiento de la cuestión social y territorial. Los pocos aspectos económicos positivos, según el pensamiento liberal dominante, avalarían la consolidación de las reformas regresivas (incluidas las laborales y educativas), y dejarían poco margen para cambios progresistas, incluso limitados. Todo ello les podría traer la pérdida de mayor legitimidad ciudadana y mayor dependencia de la derecha y el poder económico. Es un escenario no querido por la dirección socialista y los datos últimos de Metroscopia le quitan cierta verosimilitud, echando hacia el PP la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad de un ejecutivo presidido por el PSOE, que pudiese tener otro talante menos reaccionario. Pero la tendencia hacia el continuismo estratégico en la eurozona, ligeramente modificado, y el pacto mutuo del bipartidismo es significativa.

La cuestión para el movimiento sindical, la ciudadanía indignada y activa y su representación social y política es cómo prevenir y afrontar esa eventualidad de reagrupamiento y acuerdo del bipartidismo para seguir controlando el poder institucional y continuar con la estrategia de austeridad flexible, o corregida solo parcialmente, y una renovación democrática superficial. La apuesta de Podemos y las fuerzas alternativas es intentar conseguir una mayoría relativa, rompiendo su techo inicial del 25% y superando el 30% (cercano ya en alguna encuesta de Metroscopia). Pero todavía sería insuficiente. El objetivo de ganar por mayoría absoluta es legítimo pero improbable. ¿Qué hacer? Habrá que retomar la respuesta a estos interrogantes. De momento, la solución pasa por no dar por hecha la inevitabilidad de ese pacto de Estado y el refuerzo institucional y mutuo del bipartidismo gobernante y ampliar la influencia crítica en el grueso del electorado socialista y de centro progresista.

Por tanto, sería necesaria una labor comunicativa y pedagógica para explicar los riesgos de ese pacto continuista y tratar de impedirlo, convenciendo a esas bases sociales de la necesidad de un giro progresista y democratizador. Y si la cúpula socialista no se aviene a participar en ese cambio histórico, habría que reforzar la exigencia de su renovación, otra vez y a fondo, o profundizar otra fase de desafección hacia ella y su política impopular. En todo caso, la pelota de la responsabilidad política por una probable gran frustración cívica por la ausencia de un cambio sustantivo, cuando hubiera bases sociales para ello, recaería en la dirección del partido socialista.

El fracaso de la idea socialista de obtener mayoría suficiente para ser el eje del nuevo gobierno –posible en algunas instituciones locales y autonómicas-, y una vez constatado el peso relevante del polo representativo a su izquierda, les somete abiertamente a definirse sobre ese dilema: pacto con la derecha, o colaboración en la formación de un gobierno de progreso, con un programa nuevo y compartido con las fuerzas alternativas, que sea representativo de esa mayoría social, de izquierdas y centro progresista y de las demandas del movimiento sindical. En ese giro estaría más cómoda la mayoría de su base electoral, pero, evidentemente, entrañaría una fuerte brecha de su aparato con los poderosos. Es un reto que deben abordar.

3. Neutralidad o compromiso sociopolítico del sindicalismo

Esta oportunidad histórica de cambio político supone un dilema estratégico para los sindicatos: bien confían en ese Pacto de Estado entre PP y PSOE, incluyendo una estrategia de acuerdo con las organizaciones empresariales, y se acomodan a él, sin avances significativos para las clases populares y con riesgos para su legitimidad ciudadana; o bien, apuestan por una solución alternativa de cambio, con riesgos de confrontación con el poder establecido, pero siendo partícipes destacados de un proceso progresivo e igualitario, de reafirmación en la defensa de los derechos sociolaborales, e incluso participando como puentes entre las fuerzas alternativas y el propio partido socialista para impulsar y sostener un gobierno de progreso.

Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO, en una reciente entrevista en el diario El País (5 de abril de 2015), señala que “España no puede sobrevivir creando empleo precario”. También acierta cuando dice que “la desigualdad es el mayor disolvente que puede tener la democracia” o que el paro es el principal problema, junto con la corrupción. Y expresa que son necesarios un cambio de modelo productivo, la derogación de la reforma laboral, una reforma fiscal progresiva o un fortalecimiento de la protección social, así como una renovación profunda del sindicalismo. Si le añadimos reivindicaciones sociales fundamentales como el cambio de las leyes educativas y la reforma de las pensiones, constituyen elementos programáticos suficientes para legitimar una apuesta clara para echar al PP de su hegemonía institucional y acabar con su política de austeridad y recortes sociales, evitando su consolidación y colaborando en la apertura de un nuevo ciclo institucional progresista. Solo necesitan una acción persistente y firme en su defensa. La negociación colectiva está estancada dentro de un proceso de devaluación salarial, precarización del empleo y prepotencia patronal. Los acuerdos generales con las organizaciones empresariales no han servido para estimular la acción sindical en empresas y sectores ni mejorar la capacidad adquisitiva de salarios y el avance en los derechos laborales.

El movimiento sindical, el llamado de clase o general y el alternativo o de izquierdas, se ha venido oponiendo a las políticas sociales, económicas y laborales dominantes en España y en la Unión Europea y que, especialmente para el sur europeo, tienen un carácter regresivo de los derechos sociales y laborales, los servicios públicos y el conjunto del Estado de bienestar. Pero el riesgo es que su actividad se centre, sobre todo, en la acción sindical ordinaria en las empresas o la negociación colectiva, muy condicionadas por la legislación restrictiva impuesta y el gran poder empresarial. Junto con esa actividad básica y de proximidad con la gente trabajadora, debe abordar su dimensión social o sociopolítica, también fundamental para la calidad de vida y los derechos de las clases populares, y participar activamente en este proceso de cambio político e institucional.

En su discurso en la 2ª Asamblea Confederal del pasado mes de marzo, Cándido Méndez, secretario General de UGT, afirmaba que era necesario “un cambio integral en la estructura del sindicato”. La dirección de CCOO también ha aprobado medidas en ese sentido. No obstante, ambas grandes organizaciones deben ir más allá de declaraciones retóricas y medidas parciales, e impulsar, de forma consecuente, una refundación del propio sindicalismo, una renovación de sus dinámicas organizativas, sus funciones y el papel de sus grandes aparatos, sus discursos y sus vínculos con la gente trabajadora, particularmente, los jóvenes precarios.

Su implicación va en beneficio de los intereses de las capas trabajadoras y abriría una nueva dinámica reivindicativa y transformadora de las condiciones y relaciones laborales, sociales y de empleo. Al contrario, inhibirse ante esta perspectiva, considerarse neutral y esperar a ver quién gana el poder institucional, para negociar con él, sobre todo si es un gobierno continuista, dejaría al sindicalismo sin protagonismo social y con la inercia de no representar bien el conjunto de demandas y aspiraciones de las capas populares, particularmente de los jóvenes. Es, por tanto, imprescindible reforzar la dimensión sociopolítica progresista del sindicalismo y apostar con firmeza por una salida justa y democrática de la crisis con el resto de las fuerzas progresistas.

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