Repercusión sociopolítica de una ciudadanía activa

Repercusión sociopolítica de una ciudadanía activa

Antonio Antón

Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

Ponencia para la Mesa redonda (compartida con José Manuel Brito) Incidencia política efectiva en contextos adversos: factores relacionales y contextuales para la incidencia política, del Foro de la Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social - EAPN, Madrid, enero de 2013. Se publica en www.pensamientocritico.org, febrero de 2013.

Poderoso caballero, don dinero (Quevedo, siglo XVII).

Si me nombrasen Emperador lo primero que haría sería ‘clarificar el lenguaje’  (Confucio, siglo VI a. c.).

0. Introducción

 Dos ideas se destacan en estas citas clásicas: la importancia del poder económico y financiero y la conveniencia de un análisis del discurso. Hoy día adquieren una relevancia especial. Estamos en una época de financiarización de la economía, padeciendo una crisis socioeconómica con graves consecuencias para la sociedad y en medio de una pugna sociopolítica y cultural, y se requiere una interpretación rigurosa de las nuevas realidades sociales para intentar comprenderlas y, sobre todo, poder influir en ellas y transformarlas.

Continúo con varias citas, complementarias de las iniciales, ilustrativas de los conflictos sociales del presente:

El criterio más frecuente para distinguir la izquierda de la derecha es la diferente actitud que asumen las personas que viven en sociedad frente al ideal de la igualdad (Norberto Bobbio, 1990).

Ahora somos todos clase media, mientras las barreras sociales van cayendo (Tony Blair, 1996).

El poder político moderno se diviniza, se eleva sobre la sociedad… los Gobiernos tienden a tener contentos a los empresarios, a los inversores… el poder político contiene un elemento oligárquico y un elemento democrático… que sirve para consagrar un poder realmente minoritario adornado con el aura de la representación democrática (Eugenio del Río, 2003).

Que los políticos no renuncien a lo que le es propio (la política) dejándose embaucar por la lógica de los mercados, como ha ocurrido con nuestros socialdemócratas mientras se bañaban en las plácidas aguas del republicanismo cívico (Santos Juliá –historiador-, diario El País, 31-12-2011).

El desequilibrio entre los imperativos del mercado y el poder regulador de la política ha sido identificado como el verdadero desafío (Habermas, 2012).

El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita (Stiglitz, 2012).

Durante los últimos veinte años ha habido una guerra de clases y mi clase ha vencido (Warren Buffett -segunda persona más rica de EE.UU.- 2012).

Estas frases señalan la importancia de los problemas socioeconómicos de la población, la renuncia de los políticos a regular los mercados como reto fundamental de la política, la ofensiva del poder económico y político, con componentes oligárquicos, contra los derechos sociolaborales, la polarización social de la desigualdad frente a la imagen irreal de un mundo sin capas populares ni desigualdades sociales y la existencia de resistencias colectivas en una situación defensiva bajo el empuje de los poderosos que consideran que tienen ganada la batalla. Estas ideas críticas no son marxistas, radicales o antisistema, como una parte del mundo mediático, académico y político intentan hacer creer para desprestigiarlas (a no ser que consideremos, por ejemplo, a Quevedo un marxista, por resaltar la importancia de las finanzas, y a la mayoría de la ciudadanía radical, por desconfiar de los grandes líderes políticos).

Existen tendencias sociales ambivalentes, muchas veces en el interior de las mismas personas y en proporciones diferentes. Por un lado, en el plano individual se genera individualismo adaptativo o  competitivo, miedo y resignación y en el plano colectivo aparecen síntomas de populismo, autoritarismo, fundamentalismo, xenofobia… Por otro lado, se han conformado corrientes sociales amplias, de fuerte contenido social y democrático, de indignación y rechazo a esta deriva regresiva y al déficit democrático de las instituciones y la clase política, demostrando la persistencia de una cultura igualitaria y solidaria.

Aquí nos centraremos en una interpretación teórica, sobre todo, del impacto sociopolítico de una ciudadanía activa progresista, aspecto fundamental para un enfoque social. Se trata de clarificar los discursos dominantes, avanzar en un pensamiento crítico, estimular una actitud ética igualitaria y favorecer un compromiso transformador y solidario. Habrá que combinar un análisis riguroso, realista y científico con un proyecto de cambio social progresista, un reformismo fuerte.

Tiene dos ejes fundamentales: 1) un giro social a la gestión de la crisis socioeconómica para impedir la opción regresiva y autoritaria y avanzar en una salida justa, y 2) una democratización del sistema político, con una profunda renovación de la clase política, con respeto a la opinión de las mayorías sociales y mayor participación ciudadana. Así, empezaremos por los factores relacionales y contextuales que influyen en las tendencias sociopolíticas que están condicionando la configuración del modelo socioeconómico y político europeo (y mundial).

1.       Análisis del escenario; cuáles son los principales elementos que caracterizan la respuesta de las instituciones democráticas a las demandas de la sociedad civil.

La respuesta dominante que están aplicando los Gobiernos e instituciones europeas es la política de austeridad, como ajuste económico regresivo y recortes sociales, frente a la opinión mayoritaria de las sociedades. Tenemos cuatro componentes principales de actual escenario:

1) La prolongación de la crisis socioeconómica, causada por los mercados financieros, con graves consecuencias sociales para la mayoría de la población.

2) La gestión antisocial e impopular de la clase política dominante, con una estrategia liberal-conservadora bajo la hegemonía del bloque de poder (centroeuropeo) representado por Merkel, con la colaboración o corresponsabilidad, primero, de los gobiernos socialistas en los países periféricos como España y, después, de los gobiernos de derecha.

3) Significativo proceso de deslegitimación social del contenido principal de esa política, el reparto injusto de los costes de la crisis, y la crítica hacia la involución de la calidad democrática del sistema político, conformándose una importante corriente social indignada, un campo social diferenciado y en desacuerdo con esas medidas regresivas (que en algunos aspectos concretos alcanza a dos tercios de la sociedad) y, particularmente, una desafección o brecha social entre el aparato socialista, por su giro antisocial y el incumplimiento de su contrato social, y una parte relevante de su base electoral descontenta con esa involución.

4) Ampliación de las protestas sociales y resistencias colectivas, configurándose una ciudadanía activa, de fuerte contenido social, con un carácter sociopolítico progresista y democrático; se puede cifrar entre cuatro y cinco millones de personas participantes en los procesos huelguísticos y entre uno y dos millones en las grandes manifestaciones sindicales o ciudadanas (y según diversas fuentes en torno a un millón de participantes en las redes sociales vinculadas a estas protestas); se ha encauzado, fundamentalmente, a través del movimiento sindical y el movimiento 15-M (o 25-S), conformando una representación social dual, no exenta de tensiones, con sus respectivos representantes o grupos de activistas.

En consecuencia, existen cuatro elementos, íntimamente interrelacionados, que se encadenan históricamente y que, con diversos antecedentes,  conforman un nuevo escenario sociopolítico, desde el año 2010. Se ha abierto una profunda y prolongada pugna sociopolítica con el telón de fondo de posiciones contrapuestas: el reparto más o menos desigual de los costes de la crisis, el refuerzo o el desgaste del poder financiero con mayor o menor subordinación de las capas populares, el alcance de los procesos de deslegitimación de la política de austeridad y las élites gestoras con una democracia débil o una democratización profunda.

Y en el campo cultural y de la conciencia social la incógnita está entre dos dinámicas:

a) si la mayoría ciudadana asume los retrocesos democráticos y de bienestar social, bajo de argumento central de contener las demandas populares por su ‘insostenibilidad’ económica y con el refuerzo de los poderosos;

b) si, dada la inmensidad de la riqueza generada, los derechos adquiridos y la amplia conciencia de justicia social, es la economía la que debe servir a la sociedad y apostar por una distribución más equitativa y una salida de la crisis más justa, solidaria y progresista y una regeneración democrática del sistema político.

Las opciones básicas son dos:

1) Una profunda reestructuración regresiva del Estado de bienestar europeo, con un retroceso de su modelo social, los derechos sociolaborales y la calidad democrática, con una relegitimación de las élites gestoras y los grupos dominantes de poder financiero.

2) Una dinámica sociopolítica que impida esa salida y apueste por una democratización del sistema político, una renovación profunda de las élites institucionales, una regulación institucional de los mercados financieros, con una fiscalidad progresiva, y un refuerzo de un Estado de bienestar más avanzado.

La dinámica principal apunta, a medio plazo, a la imposición de un fuerte retroceso del modelo social europeo, particularmente, en los países periféricos del sur de Europa (que es el marco en que nos situamos). Pero el futuro está abierto por la presencia de los factores opuestos a esa tendencia y que permiten mantener la esperanza de conseguir otro horizonte.

Por tanto, los poderosos no tienen ganado todo el partido (o toda la liga, siguiendo con el símil futbolístico). Su debilidad principal es que su estrategia produce desempleo y sufrimiento popular masivo, no asegura suficiente cohesión social y modernización económica y social, no garantiza una salida justa y equilibrada de la crisis y carece de una legitimidad completa.

Ese bloque de poder financiero e institucional es el que dicta la orientación de las políticas, las principales medidas de recortes y fija los ritmos de los retrocesos a imponer. Deben cuidar algunos límites: una mínima cohesión social de las sociedades europeas, una legitimidad básica con una democracia débil y un equilibrio político-institucional de la Unión Europea. En su conjunto, la ciudadanía indignada, los movimientos sociales y las izquierdas sociales y políticas están a la defensiva. Las protestas sociales progresistas son, fundamentalmente, expresivas y de resistencia.

2.        ¿Hay lecciones que los movimientos y organizaciones sociales hayan aprendido en los años de democracia, hay capital de conocimientos y experiencia acumulado?

¡Así, no. Rectificación, ya! (CC.OO y UGT, 29 de septiembre de 2010).

¡Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Por un cambio global! (Movimiento 15-M, 15 de octubre de 2011).

 El nuevo ciclo sociopolítico, iniciado en el año 2010, tiene varias fases y presenta diversas enseñanzas. El hecho social más significativo, en esos meses, es la consolidación de una corriente social indignada, una ciudadanía activa y una doble representación social, los sindicatos y los grupos de activistas del 15-M.

Primero, en el año 2010, del sindicalismo, luego, en la primavera, verano y otoño de 2011 por el movimiento 15-M, y después, empezando ya en el otoño de 2011 (huelgas en la enseñanza pública y movilizaciones contra la reforma constitucional) y en el año 2012, ya con el nuevo gobierno del PP y sus duros planes de ajuste, con una combinación de  movilizaciones generales del movimiento sindical, acompañado de una amplia participación de grupos sociales. Se realizan las dos huelgas generales de marzo y noviembre, con cerca de cinco millones de huelguistas cada una y entre uno y dos millones en las grandes manifestaciones de esos días y algo menores en otras jornadas de participación también masiva como el 15 de febrero, el 19 de julio o el 15 de septiembre. Se añaden protestas sindicales y ciudadanas sectoriales y locales y algunas acciones del movimiento 15-M (ya 25-S), que alcanzan decenas de miles de personas.

El nuevo escenario sociopolítico, con un emergente campo social autónomo y diferenciado de las instituciones políticas, tiene la particularidad de que cristaliza frente a la gestión antisocial del gobierno socialista.

La configuración de las ideas fuerza de esa corriente crítica y los objetivos de su actividad expresiva, están constituidos por cuatro elementos interrelacionados:

1) El rechazo a las graves consecuencias de la crisis, el paro masivo, la desigualdad social y el retroceso en las expectativas laborales y socioeconómicas, particularmente entre la gente joven.

2) La oposición a la gestión regresiva (económica y política) dominante, con profundos recortes sociales.

3) La crítica al déficit democrático de las instituciones políticas, legitimadas electoralmente pero alejadas de la conciencia popular mayoritaria, con desconfianza social hacia la clase política.

4) El deterioro de la credibilidad del aparato socialista como representación política y cauce de las demandas de un amplio sector social. La desafección electoral progresista respecto de la dirección socialista es de cuatro millones de votantes, aunque hay que añadir la menor credibilidad de su dirección entre una base de sus propios votantes y, sobre todo, la reafirmación de otro bloque social de izquierdas diferenciado de la socialdemocracia.

La conciencia crítica hacia la clase política es todavía más lacerante al integrar en ella al partido socialista, como responsable de una política especialmente regresiva y dura en un país periférico como España (al igual que los partidos socialistas de Grecia y Portugal). Las bases sociales progresistas y de izquierda reaccionan más firmemente contra los recortes sociales y las medidas injustas, defienden más la igualdad social, cuestión positiva y que les diferencia de las personas de derecha. Pero, además, cuando la aplicación de medidas antisociales viene de políticos socialistas se sienten más defraudados con esa clase política al advertir más distancia respecto de sus discursos y proyectos.

Las bases electorales de la derecha respecto de similares medidas adoptadas por sus representantes políticos reaccionan menos críticamente, cuestión negativa, aunque ya se observan distanciamientos de una parte del electorado del PP.

La profundidad y la especificidad de la crisis económica y social en España y las medidas regresivas que adoptó el Gobierno de Zapatero en la segunda legislatura revelaban el fracaso de un proyecto modernizador. O, más grave todavía, constataban la ausencia de tal proyecto, la ingenuidad en la creencia de la solidez de nuestro sistema económico y la estabilidad de nuestro mercado de trabajo, la continuidad de la misma política económica anterior y la complicidad con la burbuja inmobiliaria y la especulación financiera.

Así mismo, la cúpula socialista infravaloraba que los fundamentos de su apoyo social, fortalecido en el periodo previo de las grandes movilizaciones sociales de 2002/2004, que le auparon para su victoria electoral, tenían que ver con su confrontación con la derecha, sus vínculos con la izquierda social y los movimientos progresistas y la expectativa de un avance en los derechos civiles, políticos y sociales.

Por tanto, la frustración de esa corriente social indignada con la clase política gestora de la austeridad para las capas populares, su crítica al poder económico y financiero, como principales culpables de la crisis, así como el malestar ciudadano, son profundos, realistas y justos. Ese fenómeno refleja una mayor conciencia del papel positivo de la propia activación ciudadana y constituye una exigencia de regeneración democrática del sistema político y una reorientación social y ética de las izquierdas.

No obstante, la realidad es que la conformación de un campo social, con una cultura progresista y una representación y articulación social, tiene unos ritmos específicos y unas características distintas a la configuración de los campos electorales, con la estructuración de unas opciones políticas y una estructura organizativa, creíbles y relativamente cohesionadas con un proyecto político y el condicionamiento de los mecanismos electorales.

El concepto ‘resistencias’ sociales o colectivas se adecúa a la realidad de los equilibrios de fuerzas y los caminos a recorrer. Las protestas colectivas no consiguen mejoras materiales inmediatas, sino que son freno al empeoramiento impuesto y generan la deslegitimación de sus gestores, para promover el cambio de políticas e instituciones. En ese sentido, constituyen un impacto sociopolítico fundamental que permite erosionar esa política, modularla y crear las condiciones para su transformación sustantiva. Es un resultado también inmediato y práctico, sobre todo sociopolítico, de cambio cultural y de mentalidades, pero más difícil de evaluar al no cristalizar en reformas inmediatas. Esta dinámica es diferente a la de los periodos de expansión económica, avance del Estado de bienestar, desarrollo institucional democrático o incremento progresivo de los derechos civiles y sociales, con procesos de mejoras materiales y políticas para el conjunto de la sociedad. 

Estamos en un ciclo ‘defensivo’ (no conservador, como pretende definir la propia derecha), de impedir retrocesos en las condiciones y los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, aunque esa posición es imprescindible completarla con un proyecto social y democrático, de transformación progresista.

3.       ¿Hay factores diferenciadores entre los distintos actores de la sociedad civil en términos de efectividad en la incidencia? ¿Entre distintas estrategias?

 Tras este breve repaso histórico de cuándo y cómo se configura este ciclo sociopolítico, y antes de avanzar, conviene clarificar (siguiendo la idea confuciana de la primera cita) algunos conceptos, adicionales al comentario anterior sobre las ‘resistencias’.

¿Qué es incidencia política efectiva?, precisamente en ‘contextos adversos’ y en ‘los tiempos del cólera’. Definir esos conceptos permitirá analizar mejor el escenario. Primero, la palabra política en su doble significado: 1) gestión del poder institucional, y 2) acción sociopolítica de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Esta distinción es clave ya que en los últimos tiempos se ha producido una disociación profunda entre ellos. Afecta al diagnóstico del carácter positivo y democrático del rechazo popular a ‘esta’ clase política por su gestión antisocial y su déficit democrático, y sobre todo, nos ayuda a clarificar la posición normativa:

a) la deslegitimación de esta clase política, en lo fundamental, está justificada y es merecida y, por tanto, hay que ampliarla, no debilitarla, para promover su renovación y la democratización del sistema político;

b) la solución viene de la mano de la más profunda, firme y consistente participación ciudadana, de una activación de los sectores progresistas.

El conflicto no está (en abstracto) entre política sí o política no, si no se define el significado que le damos. La opción mayoritaria que se refleja en la sociedad es de desconfianza y crítica a esta política (de austeridad y en contra de la opinión popular) y a esta clase política que la gestiona, al mismo tiempo que se refuerza la participación ciudadana y la acción democrática por una política más social y unas instituciones más democráticas.

Esa distinción entre política en sentido estricto, como gestión pública, y la acción ciudadana que llamaremos sociopolítica, es importante ya que se ha producido una disociación de esos dos planos. Además para la sociedad el concepto de política ha cambiado al calor del nuevo énfasis respecto del estatus y el papel de las instituciones públicas, tanto relacionado con la economía cuanto de la sociedad. En la percepción social está asociado no a la actividad de la población o los distintos agentes sociopolíticos, sino a la actividad de la clase política. Así, para la sociedad, “la política opera como el resultado de lo que hace la clase política; no existe una diferenciación entre la clase política y la política” (Estudio 2926 del CIS, octubre de 2012, sobre El sistema de los discursos sociales sobre los conceptos izquierda y derecha en España).

Cuando la ciudadanía critica a la política o rechaza a los políticos se están refiriendo a la gestión institucional actual de la clase política gestora, fundamentalmente, a las élites o aparatos de los grandes partidos con responsabilidades gubernamentales en los recientes planes de ajuste y austeridad y con incumplimiento de sus compromisos con sus electorados.

La crítica ciudadana a ‘ese’ tipo de política es una posición (política) más democrática, realista y progresista que la justificación (política) de esas medidas de austeridad, el embellecimiento o disculpa de ‘esos’ políticos mayoritarios o el intento persistente de relegitimación de la actual élite política.

La posición de defender la política, incluso con mayúsculas (expresada, por ejemplo, por Felipe González en el reciente acto de conmemoración de los treinta años de su victoria electoral de octubre de 1982) es positiva referida a una gestión social y democrática de los asuntos públicos y, en particular, la regulación de la economía y la defensa del Estado de bienestar.

No obstante, por la ambigüedad de la palabra política, el sentido y el objetivo (presente también en el citado discurso de González) que casi siempre aparece en el ámbito mediático  y ligado a los intereses de esa misma élite política, es la justificación de esa gestión poco democrática, la neutralización de las críticas ciudadanas, la desactivación de los movimientos de protesta colectiva. Todo ello para debilitar la presión social por su renovación organizativa y reorientación política, remontar su desprestigio social y garantizar su recuperación electoral.

Es una pugna cultural y política para evitar la rectificación de su estrategia socioeconómica, frenar la exigencia de democratización del sistema político, mantener su prepotencia sobre la sociedad, subordinar a sus propias bases sociales y evitar dar cuenta de sus responsabilidades. Siendo la cultura democrática y de justicia social el principal bagaje de la mayoría de la sociedad, particularmente, de los sectores progresistas, tratan de confundirla, tergiversarla o debilitarla.

El resultado de esa posición es el debilitamiento de la calidad democrática y ética de la propia sociedad civil en detrimento de una hegemonía conservadora, política y cultural, más amplia respecto de la mayoría social y la izquierda social, en particular. Es un intento de seguir teniendo las manos libres, distanciadas de la voluntad ciudadana, para continuar con las mismas dinámicas, algo retocadas: prioridad a sus vínculos con el poder económico y subordinación de las clases populares.

Junto con la crítica a la clase política, se ha incrementado entre la población la preocupación por los asuntos públicos, la participación ciudadana más activa y la exigencia de consulta y acuerdo de los gestores públicos con la opinión mayoritaria de la sociedad.

El desacuerdo con la política oficial y los gestores políticos no ha llevado, de momento, al apoliticismo o a confiar en otras opciones autoritarias y populistas. Los elementos del incremento de la actividad ultraderechista, los movimientos racistas o xenófobos y los conflictos interétnicos son preocupantes, pero todavía no son extendidos y graves. Los riesgos de esos síntomas, siempre con una actitud progresista para prevenirlos y neutralizarlos, son pequeños y menores que en otros países europeos.

Se ha producido una masiva falta de confianza en los líderes políticos. Así, en los últimos meses, según encuestas de Metroscopia, en torno a un 80% de la población no confía en la gestión pública de Rajoy y otro 80% -de composición distinta al anterior- no confía en Rubalcaba, como jefe de la oposición; la clase política aparece como problema (el tercero, tras el paro y los problemas económicos), no como solución. En su último barómetro, publicado el pasado 13 de enero, el 74% de la población desaprueba la gestión de Rajoy como presidente de Gobierno y al 84% le inspira poca o ninguna confianza. En el caso de Rubalcaba alcanza el 81% de desaprobación y el 91% de desconfianza. Además, el 88% (85% de votantes del PP y el 93% de votantes del PSOE) afirma que Los políticos actuales están más preocupados por sus propios problemas e intereses que por resolver los de nuestra sociedad, y el 81% (73% del PP y 86% del PSOE) dice que Los políticos actuales crean problemas en lugar de resolverlos.  Y el 95% (95% del PP y 96% del PSOE) cree que Los partidos tienden a tapar y proteger a aquellos de sus militantes corruptos en vez de denunciarles y expulsarles.

Por tanto, es evidente el bloqueo percibido en las grandes instituciones y el corporativismo de la clase política, y la mayoría social (en torno a dos tercios, según esas encuestas) exige la renovación de esas élites y la regeneración democrática del sistema político y ven conveniente que se exprese la indignación ciudadana y la protesta colectiva para frenar el carácter antisocial de la política oficial e influir en ese proceso.

El fenómeno de la desconfianza en la clase política afecta particularmente a la cúpula del PSOE, a su última gestión gubernamental (años 2010 y 2011), presidida por duras medidas de ajuste antipopulares. Se puso de manifiesto su incumplimiento del contrato social y electoral con sus bases sociales, su giro liberal-conservador fue drástico respecto a las expectativas y confianza depositadas en un proyecto formalmente progresista, la distancia entre lo prometido y lo realizado, entre la defensa de los derechos de las capas trabajadoras y medias y la subordinación a los intereses del poder financiero.

En definitiva, se ha desprestigiado justificadamente (aunque no todas las expresiones críticas sean ajustadas) la gestión política antisocial de las cúpulas institucionales y partidistas mayoritarias, particularmente desde mayo de 2010, en que se generaliza la estrategia europea de austeridad, primero con el gobierno socialista y luego con el del PP, y que todavía persiste, agravada, para los países del sur europeo. Esa reacción popular conlleva una deslegitimación social positiva y una posición ‘democrática’, la exigencia de que los representantes políticos respeten la opinión de la sociedad y sus electorados. Supone un juicio ético y ‘político’ progresista e igualitario frente a unas decisiones de la clase política (y los mercados financieros) regresivas e injustas. Constituye un proceso globalmente positivo (con distintas sombras e insuficiencias), un factor relevante para promover un cambio social progresista, el fortalecimiento de la democracia y los valores igualitarios y una renovación de las izquierdas.

Por último, un comentario crítico sobre la visión liberal de la pobreza y la exclusión social (con matices entre la opción conservadora y la social-liberal): sería una situación residual y transitoria, una responsabilidad individual ya que existen cauces para desarrollo individual; como complemento, el conjunto de la sociedad sería armonioso o de clase media. Su estrategia es doble: control social y asistencia de mínimos. La situación de desigualdad entre los demás estratos sociales se habría superado, y ahora la cuestión social no tendría sentido y sólo se da relevancia a la acción contra la exclusión social (todavía más reducido que la pobreza). Con ello la acción contra la pobreza se separa de las dinámicas económicas y de la estructura social, se rompen los lazos de solidaridad con las clases populares, al distinguir distintos procesos, responsabilidades y soluciones. No obstante, la pobreza y la exclusión social son una expresión de la gravedad y la dependencia de la desigualdad social en el último escalón de la estructura social; se relaciona más directamente con la acción por la igualdad en el conjunto de la sociedad, la transformación socioeconómica y política, y no sólo como mejora limitada dentro del progreso económico y la vertebración institucional normalizados del resto. Por tanto, entra de lleno en la agenda social y política, como parte interesada y solidaria contra los poderosos y por el cambio social.

4.       ¿Cuáles son, desde vuestro punto de vista, los caminos posibles para la incidencia política en el escenario actual? ¿Con cuáles mejor no intentar?

 Desechamos las salidas autoritarias o conservadoras y la simple estrategia adaptativa a los retrocesos socioeconómicos y políticos. La apuesta es frenar o impedir la actual deriva regresiva y promover un giro más social en la política socioeconómica y la democratización del sistema político, con una mayor activación de la ciudadanía. Veamos algunos elementos de este punto de vista.

En el momento actual, se podría especular con la reproducción de cierta similitud de escenario con el periodo 2002-2004 (agresividad de la derecha, oposición del conjunto de la izquierda y los movimientos sociales, recuperación electoral socialista). No obstante, existen distintos factores y procesos específicos a los de esa etapa: gravedad de las consecuencias socioeconómicas de la crisis, reciente experiencia de la gestión antisocial del gobierno socialista, ausencia de renovación y reorientación significativas del PSOE, autonomía y persistencia de una ciudadanía activa.

El interrogante principal es la continuidad, el ritmo de su evolución y la profundidad de esa oposición ciudadana a los planes de recortes de la derecha y su involución autoritaria, es decir, la consolidación o no de un potente bloque sociopolítico a favor de un giro social a la política socioeconómica y laboral y una mayor democratización del sistema político. La cuestión es cómo se pueden configurar las fuerzas que pueden acelerar y consolidar esta tendencia y conformar una alternativa social y de gobierno, contando con una conveniente renovación del partido socialista, un reequilibrio en el seno del conjunto de las izquierdas con mayor peso de sus corrientes de izquierda (en el interior del PSOE y fuera de él). Igualmente, qué grado van a alcanzar la potenciación de la ciudadanía activa, la ampliación y la unidad de los grupos sociales progresistas, el fortalecimiento de las izquierdas políticas plurales y, particularmente, la consolidación de la capacidad expresiva, movilizadora y articuladora del tejido social de los movimientos sociales más representativos y legitimados, como los sindicatos y el movimiento 15-M (o 25-S).

Una profunda acción política, social y democrática es mucho más imprescindible para la izquierda, para contrarrestar el poder económico y financiero, corregir y regular los mercados financieros, activar a la ciudadanía y fortalecer la legitimidad de esa actuación y su representación política.

La auténtica solución para impedir y cambiar la estrategia de austeridad, revalorizar la acción pública o sociopolítica frente a los mercados financieros y reforzar la democracia, es la consolidación de una amplia corriente indignada y una fuerza social activa, con un aumento de su representación parlamentaria, reequilibrando en las izquierdas la hegemonía del partido socialista. Es un elemento también positivo para que el partido socialista resuelva de forma progresista su desafío de reorientación política y renovación orgánica y de sus vínculos con la sociedad.

Por tanto, la crítica y el rechazo a la política regresiva, a esa clase política mayoritaria encargada de su aplicación, muchas veces faltando a elementales prácticas democráticas de transparencia y compromisos electorales con sus bases sociales, están fundamentados, son realistas y constituyen la mejor opción pragmática para ponerles freno y promover su cambio.

Por supuesto, no todos los políticos o partidos políticos son iguales. Hay diferencias significativas, en diversos planos, entre los dos partidos mayoritarios PP y PSOE. Pero ambos han asumido y aplicado políticas regresivas y antisociales, son corresponsables junto con los poderes económicos del deterioro material de la mayoría de la sociedad y han sido poco respetuosos con sus compromisos con sus bases sociales y la opinión de la ciudadanía. Ese distanciamiento respecto de la mayoría social, en aspectos especialmente sensibles, le hace merecer a ambos partidos, a la clase política y, especialmente a sus líderes, la poca confianza ciudadana en que su gestión de los asuntos públicos esté guiada por la justicia social, la defensa de las capas populares y desfavorecidas o el interés general de la sociedad. En otro plano, sin esa gran responsabilidad en la gestión de la política de austeridad y la aplicación de los recortes sociales de espaldas a la ciudadanía, están las deficiencias o limitaciones de otros agentes sociales y políticos.   

En la sociedad se combinan dos elementos:

1) una amplia desconfianza en las élites políticas actuales que a juicio de la mayoría social ‘no representan’ adecuadamente su opinión e intereses, aunque gran parte de ella siga votando a los mismos partidos políticos;

2) una esperanza en que el sistema democrático y representativo, con nuevas élites políticas y sociales, sea capaz de una renovación institucional y una reorientación de sus prioridades socioeconómicas y políticas.

Es una aspiración sensata y justa, no exenta de cierto escepticismo en su materialización completa. La desafección no alcanza a la democracia representativa o a la acción sociopolítica y ciudadana, sino todo lo contrario, hay expectativas en que proporcionen los mecanismos para la solución. La cuestión es si es probable o, mejor, qué condiciones sociopolíticas se deben configurar para ser una opción realista y practicable.

El propio partido socialista se debate entre la continuidad o la ligera renovación, de sus políticas, discursos y liderazgos. El grado de desarrollo de la izquierda social y política es fundamental. La potenciación y articulación de la ciudadanía activa, con su expresión del sindicalismo, el movimiento 15-M (o 25-S) y el resto del tejido social progresista, es clave para impulsar el cambio social y político.

El futuro está abierto. La opción dominante es la salida regresiva y autoritaria de la crisis que están intentando imponer el poder económico e institucional europeo (y mundial), con la corresponsabilidad de las élites políticas del sur periférico. Pero la sociedad europea no está condenada de forma fatal a esa opción liberal-conservadora dominante, con un fuerte retroceso de las condiciones y derechos sociolaborales, el desmantelamiento del actual Estado de bienestar, particularmente para el sur europeo, y la anulación o la subordinación de las fuerzas sociales y políticas de izquierdas, el sindicalismo y los movimientos sociales progresistas.

5.       Desafíos de la pugna sociopolítica por una salida justa de la crisis

 El significado de la acción sociopolítica, la protesta social y las resistencias ciudadanas es impedir la deriva regresiva, antisocial y autoritaria. Esos componentes no son simplemente el contexto de la acción colectiva de la ciudadanía activa, como si fueran las circunstancias externas que rodean el hecho fundamental. Por el contrario, el actual proceso de movilizaciones populares tiene sus bases, sus objetivos y su sentido en esa realidad socioeconómica y política y expresan la aspiración a su cambio. La especificidad del actual proceso de resistencias colectivas es que señala su rechazo a componentes ‘sistémicos’ de la realidad socioeconómica y política y apunta a reformas profundas de carácter social y democrático.

El descontento ciudadano con esa clase política, incluido el aparato socialista en la medida que no corrige claramente su orientación, está fundamentado, es justo y conveniente. Supone un valor positivo y democrático para regenerar el sistema político y reorientar la acción socioeconómica y laboral. Tiene insuficiencias y una débil y fragmentada representación social. Esa corriente indignada está relativamente huérfana de representación política y gran parte de ella sigue votando a los mismos partidos mayoritarios, por más que ya ha tenido un significativo efecto en el apoyo electoral a otros partidos minoritarios y de izquierda.

Su evolución depende, sobre todo, de la consolidación de una dinámica creíble para derrotar esa estrategia de austeridad, abrir un horizonte más justo en la salida de la crisis y una mayor democratización del sistema político. El bloqueo de esa expectativa colectiva, progresista, solidaria y democrática, podría generar otras dinámicas contraproducentes, adaptativas individualmente y segmentadas o, entre ciertos sectores, de carácter populista, xenófobo o exclusivista. En definitiva, la indignación ciudadana es una corriente social a impulsar, encauzar y madurar, no a debilitar, desprestigiar o minusvalorar.

Particularmente, desde el año 2010, estamos en otro ciclo sociopolítico y de la protesta social. No solo cambia el contexto, las circunstancias que rodean el hecho principal: el rechazo ciudadano a una política antisocial y poco democrática. Esos elementos forman parte del sentido y el significado de las resistencias colectivas en una situación defensiva respecto del poder. Es mayor la disociación entre su componente expresivo o dimensión social y sus logros reivindicativos de mejoras en las condiciones materiales o los derechos individuales y colectivos.

Desconocer los componentes socioeconómicos y laborales y, en otro sentido, las respuestas del mundo sindical, deja sin explicar aspectos sustantivos de este ciclo de movilización social. Las protestas colectivas actuales, las más amplias y generales (las huelgas generales y las grandes manifestaciones sindicales o ciudadanas, hasta algunos masivos conflictos sectoriales pero también cívicos, como en la educación y la sanidad) apuntan a elementos más sistémicos o de conjunto que otras experiencias más parciales. Así, infravalorar el contenido social de ese proceso de contestación ciudadana, dificulta analizar su significado, sus causas y sus objetivos. Nos alejaría de la realidad, dificultando una interpretación adecuada y, sobre todo, una estrategia o un proyecto sociopolítico acertado.

Rebajar este enfoque social y crítico traería una consecuencia, el embellecimiento de la gestión socialista, con la confianza en que su actual aparato político aporte las soluciones, recomponiendo su electorado y sin asegurar su renovación y reorientación. Es la ilusión de sectores socialistas de repetir las victorias electorales de 1982 o 2004, con el desgaste previsible de la derecha, una confortable mayoría institucional, la casi desaparición del resto de la izquierda política y la neutralización o absorción de la capacidad crítica y movilizadora de los movimientos sociales y sindicales. Otro efecto paralelo sería la ampliación de la segmentación social, el aislamiento de capas acomodadas, la infravaloración la desigualdad social, con el riesgo de la falta de solidaridad con las capas populares y desfavorecidas y mayor segmentación y descohesión social.

Un rasgo sociopolítico especial consistiría en la minusvaloración del fortalecimiento de la ciudadanía activa y, más en general, de la articulación de un fuerte movimiento social transformador de la realidad socioeconómica y política. Y este factor es clave para promover una salida más justa y equitativa a la crisis y asegurar un modelo social avanzado para los países europeos.

La cuestión es la perspectiva y las características de la conformación de los dos campos y su interrelación: el social o sociopolítico y el político-electoral. Una hipótesis es la creciente activación y unidad de un bloque social progresista y de izquierdas, en confrontación con las derechas (centroeuropeas y periféricas) y el poder financiero dominante hasta vencer los planes de austeridad, y abrir un nuevo equilibrio de poder, de alianzas políticas y sociales y otro modelo de modernización progresista, en detrimento de la hegemonía del poder financiero y las derechas conservadoras y antisociales.

Una de sus dificultades, aparte de los privilegios del poder financiero, es el posibilismo adaptativo de las élites y sectores acomodados, aislados de la gravedad del sufrimiento de las capas populares y, especialmente, de sectores en paro, jóvenes e inmigrantes.

Es difícil, con  las tendencias actuales, asegurar la certeza de una salida justa y solidaria de la crisis. No obstante, es imprescindible proponer y empujar por un proyecto transformador, referencia para los sectores de izquierda, estímulo para la ciudadanía activa y condicionamiento de los equilibrios y acuerdos más amplios que puedan definir fases intermedias y aislar a los núcleos de poder más reaccionarios. Ello permitirá una mayor firmeza y determinación de los distintos agentes sociales y superar la inercia adaptativa o la simple supervivencia representativa. Es el sentido de una alternativa sociopolítica y una teoría social crítica que permita fortalecer la acción práctica igualitaria y democrática, así como el compromiso solidario.

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