Sociologo y politólogo.  Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (2003/2022)

Trabajo, empleo y desarrollo, desde una perspectiva global


Trabajo, empleo y desarrollo, desde una perspectiva global[1]

 

Antonio Antón

Introducción

 

Se han seleccionado para este CUADERNO DE TRABAJO, diversos artículos y trabajos relacionados con el título de ‘Trabajo, empleo y desarrollo, desde una perspectiva global’. El tema inmediato es el gran problema del paro y la fractura social que ha aparecido en Europa con el comentario y la valoración crítica de las propuestas que se están realizando para hacerles frente. Son textos que he elaborado en los últimos años con el hilo conductor de profundizar en la crisis del empleo y sus efectos y tratar de clarificar las nuevas perspectivas sociales derivadas de esa prolongada crisis socioeconómica y cultural, especialmente cuando se da una importante crisis de la propia teoría sociológica.

El primer bloque está constituido por los cuatro primeros capítulos sobre la ‘Crisis del Estado de Bienestar’, el ‘Reparto del trabajo, el salario social y la ciudadanía’, las ’35 horas’ sobre la reducción de la jornada, y ‘La tercera vía y el fin del trabajo’, que es un estudio sobre las propuestas de Rifkin y de la renovada socialdemocracia europea.

 Un segundo bloque lo constituyen tres artículos sobre, ‘Burocracia e institucionalización de los sindicatos’, con una valoración histórica  sobre el papel de los sindicatos y de la clase obrera, ‘Trabajo, ecología y modelos de bienestar’ con una reflexión sobre el lugar del trabajo en la sociedad desde el punto de vista de un influyente pensador ecologista y ‘Sujeto y cambio social’ que es un comentario crítico a las ideas de Rousseau, Marx, Weber y Marcuse sobre este tema. Aquí se aborda este bloque desde una perspectiva histórica, para tratar de valorar el bagaje del pensamiento occidental moderno heredado y profundizar en los límites de las diferentes corrientes teóricas.

El tercer bloque lo constituyen dos trabajos de carácter teórico. Uno, con el título de ‘Mandeville, la justificación del egoísmo’, sobre las ideas y valores morales que, poniendo en primer plano el egoísmo, el trabajo y la economía, fundamentaron y legitimaron el desarrollo del orden social moderno. El segundo, con el título ‘Liberalismo y ciudadanía social’, consiste en una exposición crítica del pensamiento liberal actual sobre los derechos sociales y los problemas para la construcción de una nueva ciudadanía.

Cada uno de ellos aborda un aspecto parcial y al reunirlos aquí se pretende resaltar su complementariedad para tratar de forma multilateral y desde diferentes ángulos algunos problemas relacionados con el trabajo, el desarrollo y la crisis social actual.  Son trabajos diversos desde el punto de vista metodológico, algunos de ellos han sido fruto de discusiones colectivas, otros han sido comunicaciones o ponencias en diversos seminarios o conferencias. Varios han sido publicados en revistas, indicándose sus referencias bibliográficas. Unos son comentarios críticos a diversos autores y teorías, y otros análisis de la realidad y las dinámicas sociales. Se ha preferido mantener el diseño original, con amplios resúmenes de los textos base a los que se refieren algunos comentarios y conclusiones, e incluso la forma de notas críticas.

Esta selección está pensada para servir de lectura y apoyo para el Curso de Postgrado que con el mismo título coordino este curso 1999/2000 en el Instituto Universitario ‘IEPALA-Rafael Burgaleta’, para el título de Experto de la Universidad Complutense de Madrid. Corresponde por tanto a varios módulos del programa. Sin embargo esta edición puede ser utilizada y servir de base para toda persona estudiosa de esta amplia problemática.

[1] Introducción a este texto titulado Trabajo, empleo y desarrollo, desde una perspectiva global, de Antonio Antón, editado por el Instituto Universitario IEPALA-Rafael Burgaleta de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1999 (176 pp.).

Trabajo, empleo y desarrollo desde una perspectiva global

Antonio Antón

Trabajo, empleo y desarrollo,

desde una perspectiva global

Instituto Universitario

‘IEPALA-Rafael Burgaleta’

(Universidad Complutense de Madrid)

 Madrid, octubre de 1999

CUADERNO DE TRABAJO

Índice:


Páginas

Introducción.

4

La crisis del Estado de Bienestar.

5

Reparto del trabajo, salario social y ciudadanía.

28

35 horas, reparto del trabajo y salario social.

74

La tercera vía y el fin del trabajo.

79

Burocracia e institucionalización de los sindicatos.

92

Trabajo, ecología y modelo de bienestar.

110

Sujeto y cambio social.

119

Mandeville y la justificación del egoísmo.

135

Liberalismo y ciudadanía social.

148

Introducción.

Se han seleccionado para este CUADERNO DE TRABAJO, diversos artículos y trabajos relacionados con el título de ‘Trabajo, empleo y desarrollo desde una perspectiva global’. El tema inmediato es el gran problema del paro y la fractura social que ha aparecido en Europa con el comentario y la valoración crítica de las propuestas que se están realizando para hacerles frente. Son textos que he elaborado en los últimos años con el hilo conductor de profundizar en la crisis del empleo y sus efectos y tratar de clarificar las nuevas perspectivas sociales derivadas de esa prolongada crisis socioeconómica y cultural, especialmente cuando se da una importante crisis de la propia teoría sociológica.

El primer bloque está constituido por los cuatro primeros capítulos sobre la ‘Crisis del Estado de Bienestar’, el ‘Reparto del trabajo, el salario social y la ciudadanía’, las ’35 horas’ sobre la reducción de la jornada, y ‘La tercera vía y el fin del trabajo’, que es un estudio sobre las propuestas de Rifkin y de la renovada socialdemocracia europea.

 Un segundo bloque lo constituyen tres artículos sobre, ‘Burocracia e institucionalización de los sindicatos’, con una valoración histórica sobre el papel de los sindicatos y de la clase obrera, ‘Trabajo, ecología y modelos de bienestar’ con una reflexión sobre el lugar del trabajo en la sociedad desde el punto de vista de un influyente pensador ecologista y ‘Sujeto y cambio social’ que es un comentario crítico a las ideas de Rousseau, Marx, Weber y Marcuse sobre este tema. Aquí se aborda este bloque desde una perspectiva histórica, para tratar de valorar el bagaje del pensamiento occidental moderno heredado y profundizar en los límites de las diferentes corrientes teóricas.

El tercer bloque lo constituyen dos trabajos de carácter teórico. Uno, con el título de ‘Mandeville, la justificación del egoísmo’, sobre las ideas y valores morales que, poniendo en primer plano el egoísmo, el trabajo y la economía, fundamentaron y legitimaron el desarrollo del orden social moderno. El segundo, con el título ‘Liberalismo y ciudadanía social’, consiste en una exposición crítica del pensamiento liberal actual sobre los derechos sociales y los problemas para la construcción de una nueva ciudadanía.

Cada uno de ellos aborda un aspecto parcial y al reunirlos aquí se pretende resaltar su complementariedad para tratar de forma multilateral y desde diferentes ángulos algunos problemas relacionados con el trabajo, el desarrollo y la crisis social actual.  Son trabajos diversos desde el punto de vista metodológico, algunos de ellos han sido fruto de discusiones colectivas, otros han sido comunicaciones o ponencias en diversos seminarios o conferencias. Varios han sido publicados en revistas, indicándose sus referencias bibliográficas. Unos son comentarios críticos a diversos autores y teorías, y otros análisis de la realidad y las dinámicas sociales. Se ha preferido mantener el diseño original, con amplios resúmenes de los textos base a los que se refieren algunos comentarios y conclusiones, e incluso la forma de notas críticas.

Esta selección está pensada para servir de lectura y apoyo para el Curso de Postgrado que con el mismo título coordino este curso 1999/2000 en el Instituto Universitario ‘IEPALA-Rafael Burgaleta’, para el título de Experto de la Universidad Complutense de Madrid. Corresponde por tanto a varios módulos del programa. Sin embargo, esta edición puede ser utilizada y servir de base para toda persona estudiosa de esta amplia problemática.

Madrid, octubre de 1999.

Antonio Antón.

La crisis del

Estado de Bienestar

Sumario:

INTRODUCCIÓN.

1) LOS TRES MUNDOS DEL ESTADO DE BIENESTAR.

            a) Las tres economías políticas.

            b) Sistemas de estratificación y regímenes del Estado de bienestar

            c) El Estado de Bienestar en la sociedad postindustrial.

            d) Algunos interrogantes.

2) ALGUNOS DEBATES SOBRE EL ESTADO DE BIENESTAR.

            a) Las condiciones del estado de bienestar.

            b) El alcance de la crisis del estado de bienestar.

            c) Capitalismo de rostro humano contra capitalismo salvaje.

            d) La reformabilidad del estado de bienestar.

            e) Efectos políticos y sociales de la crisis.

3) CRISIS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES.

            a) Desigualdad social y pobreza hoy.

            b) Las dificultades para la integración social.

            c) El salario social y la experiencia francesa.

            d) Los límites en la lucha contra la exclusión.

4) CONCLUSIONES SOBRE LA CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR

            a) Algunas características del Estado de Bienestar.

b) Algunas causas de la crisis.

c)  Sociedad civil y estado.

LA CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR[1]

INTRODUCCIÓN.

            La cuestión de si a través del Estado de Bienestar (en adelante E.B.) y la democracia parlamentaria pueden anular las divisiones de clase y las desigualdades sociales producidas por el capitalismo, las características de los diferentes modelos de E.B., de sus bases sociales y de sus causas, las perspectivas de la crisis de los E.B. son aspectos fundamentales de la actual teoría sociológica.

            En el libro "Los tres mundos del Estado de bienestar" de Gosta Esping-Andersen se hace un buen repaso de estas cuestiones y es un buen punto de partida. En este primer capítulo se resumen las ideas centrales que defiende este autor en el libro citado y en su articulo "El Estado de Bienestar en la sociedad postindustrial", brillante síntesis de sus posiciones.

            Para profundizar en las perspectivas del E.B. se abordan en el segundo capítulo otros debates, en primer lugar, las contradicciones internas en el propio capitalismo, la envergadura de la crisis del E.B. y las posibilidades de su reforma a partir de autores como Claus Offe y Michel Albert. Posteriormente se abre un capítulo sobre la nueva configuración de las clases en Europa, haciendo hincapié en la nueva segmentación entre la clase obrera con empleo y un nuevo sector empobrecido por la gran amplitud del paro y la precarización, siguiendo las investigaciones del equipo EDIS para Cáritas y de Mario Gaviria y la crisis de las políticas sociales en el actual E.B. Finalmente trato de exponer, teniendo en cuenta algunas consideraciones de M. Mishra, algunas reflexiones a título de conclusiones provisionales sobre varios de estos temas.

1) LOS TRES MUNDOS DEL ESTADO DE BIENESTAR.

            a) LAS TRES ECONOMÍAS POLÍTICAS.

            * La posición de la socialdemocracia: el E.B. incrementa las capacidades políticas y disminuye las divisiones sociales, que son el obstáculo para la unidad política entre los trabajadores. La conclusión es que la movilización parlamentaria es un medio eficaz para la realización de la igualdad, la justicia, la libertad y la solidaridad.

            La sociología contemporánea, por oposición a la economía política clásica, debe ser positiva y no normativa, promoviendo un método comparativo e histórico. Podemos describir sucintamente varias de las perspectivas actuales de la economía política del E.B.

            * La perspectiva estructuralista/sistémica. Viene a decir que la industrialización hace necesaria y posible la política social. El Estado de bienestar también es necesario como burocracia, como forma de organización racional, universalista y eficaz. Dentro de esta perspectiva la corriente marxista se plantea que "la acumulación capitalista crea contradicciones que hacen inevitable la reforma social" (O'Connor). Así el Estado satisface los intereses colectivos del capitalismo. Por tanto sería mas bien el capitalismo y no el socialismo quién crea el Estado de bienestar.

            * La perspectiva institucional. Según Polany la economía debe estar incrustada en comunidades sociales, por lo que las políticas sociales son necesarias para la integración social. El Estado de bienestar es defensivo de países pequeños presionados por mercados internacionales, que entonces regulan el conflicto interno y promueven la concertación (Cameron). Mill y Tocqueville ponen el acento en el impacto de la democracia. Para ellos hay mayoría social, no movimientos de clase. Dentro de esta corriente se pueden citar a Marshall y Bendix en su defensa de los derechos sociales y la ciudadanía; la teoría de la elección pública, con la exigencia electoral de la clase media; y a T. Skocpol, con su enfoque histórico, del comienzo de los E.B. a partir de los estados autoritarios como en la Prusia de Bismark y el retraso en EEUU, con un estado menos centralizado.

            * La clase social como agente político. La tesis socialdemócrata es que la clase obrera es un agente de cambio, por la vía parlamentaria, como fuerza organizada a través del movimiento obrero, un agente del avance de los derechos sociales y progresivamente con una mayor unidad y más fuerza avanza para conseguir más poder. Sin embargo el poder de la clase obrera depende del poder del capital, es decir de los recursos de las fuerzas adversarias, de la duración histórica de la movilización obrera, de las pautas de alianzas de poder.

            Por tanto, se pueden establecer, según Gosta, tres objeciones a esta concepción. En primer lugar, el poder se traslada del parlamento a las instituciones neocorporativas. En segundo lugar, la estructura de poder esta dependiente de la estructura de poder de los partidos de la derecha con gran influencia en la propia clase obrera, como por ejemplo en el sueco-centrismo. En este sentido se apoya en una falacia básica, "que el socialismo es la base natural para la movilización de la clase obrera". En tercer lugar, se da una visión lineal del poder de la clase obrera y se debe completar con un enfoque de coalición de clases. En los orígenes se podía hablar de una alianza obrero-campesina, y luego en una alianza clase obrera industrial con trabajadores no manuales. En conclusión, hay que pensar en términos de relaciones sociales, en términos de coalición de clase.

            * ¿Qué es el Estado de bienestar? En primer lugar, hay que definir qué es el E.B. ¿Cuándo responde funcionalmente a la necesidad de la industrialización o reproducción y legitimación capitalista? ¿Cuándo corresponde a las demandas de una clase obrera movilizada?. ¿Es una responsabilidad estatal para asegurar unos mínimos de protección social para sus ciudadanos, y en ese sentido se define por su política social?

            No puede quedarse, desde luego, en una simple valoración cuantitativa del gasto público. Según Therborn, hay que definirlo por la propia estructura del estado, y aquí tendrían tres enfoques: el del propio Therborn de empezar con la transformación histórica; el de Titmuss que diferencia E.B. residual y subsidiario del universalista e institucionalizado; y el enfoque ahistórico de DAY-Myles de juzgarlo según criterios teóricos previamente seleccionados.

            * La reespecificación del Estado de bienestar. El concepto de ciudadanía social promovido por Marshall implica la estratificación social, el estatus competirá o reemplazará a la posición de clase. En el E.B. no sólo hay derechos sino entrelazamiento de estado/protección social/mercado/familia. Los derechos han sido un factor de desmercantilización. La introducción de los modernos derechos sociales implica una pérdida del estatus de mera mercancía de la fuerza de trabajo. La desmercantilización se produce cuando se presta un servicio como un asunto de derecho y cuando una persona puede ganarse la vida sin depender del mercado. La mayoría de los primeros progresos de la seguridad social fueron deliberadamente proyectados para maximizar la participación en el mercado laboral, o sea la seguridad social era subsidiaria y escasa como en el modelo anglosajón. El segundo modelo sería el de Alemania, con una seguridad social obligatoria con derechos reconocidos y bastante grandes. El tercer modelo es el de Beveridge, con un subsidio básico, igual e independiente de su actividad previa, de su contribución. Este subsidio no es desmercantilizador por escaso, aunque sí universal. Ahora en Escandinavia además de universal es mayor y por tanto desmercantilizador.

            b) SISTEMA DE ESTRATIFICACIÓN Y REGÍMENES DE E.B.

            * El E.B. como sistema de estratificación. El E.B. no sólo modifica la desigualdad, sino que es un sistema de estratificación en sí mismo, una fuerza activa en el ordenamiento de las relaciones sociales. Con la ayuda a los pobres se da una estratificación y una reproducción de la pobreza. Con Bismarck se promovió el apoyo corporativo de la aristocracia obrera al Estado. Con el movimiento obrero se avanzó en las mutualidades obreras, comunidades socialistas según los segmentos fuertes de la clase obrera, con la frustración de la unidad y la movilización del conjunto de la clase obrera. En el modelo de Beveridge con una protección universal pero escasa se produce un dualismo, los pobres con una asistencia social pública y una clase obrera empleada y que a través del empleo se garantiza su protección social. En definitiva, se establece un E.B. básico universal y complementario con el mercado para la clase media.

            * Los tres regímenes del E.B. A modo de síntesis se pueden establecer los tres modelos siguientes:

            - El liberal (EEUU). Con subsidios modestos, no desmercantilizado. El estado favorece el mercado, con límites a la protección social en función de estimular al trabajo. La estratificación se produce entre un segmento igualitario en pobreza y con un sistema de protección básico, y una clase obrera con empleo, basada en el mercado.

            - El continental europeo (Alemania). Generado con un enfoque conservador y corporativista. Se da una conservación de los diferentes estatus y los derechos vinculados a la clase y estatus siendo poco redestributivos entre los diferentes segmentos sociales. Han sido conformados por la Iglesia y son subsidiarios de la familia como agente importante de la protección social.

            - El socialdemócrata escandinavo (Suecia). Aquí es universal, desmercantilizado y también está incorporada la clase media. Se socializa el coste de la familia e influye en el mercado. Se fusiona el bienestar social y el trabajo con garantía de pleno empleo para financiar el propio E.B.

            * Las causas de los regímenes del E.B. No hay una sola causa de las diferencias entre los diferentes tipos de E.B. Por tanto, no hay que basarse sólo en las necesidades de la industrialización o en las presiones de la movilización de la clase obrera. Hay que tener en cuenta tres factores fundamentales:

            - La naturaleza del movimiento de la clase obrera. La clase trabajadora no forjará una identidad socialista de clase de forma automática y natural. La formación histórica de los colectivos de la clase obrera será diferente y sus aspiraciones, ideologías y capacidades políticas serán variadas y sometidas a factores diversos, destacando la importancia del papel de los sindicatos.

            - La estructura de las coaliciones de clase. La estructura de las coaliciones de clase es mucho más decisiva que los recursos de poder de cualquier clase por sí misma. En Escandinavia se ha dado una coalición rojo-verde y en Europa continental no. Se dio una alianza reaccionaria y los sectores rurales se aliaron con la burguesía y sin embargo la clase media sí se incorporó. En el Reino Unido sin embargo la clase media se mantiene en el mercado produciéndose una dualidad en el E.B.

            - El legado histórico de la institucionalización del Régimen. El proceso histórico es fundamental para determinar la consolidación del E.B. con la incorporación o no de la clase media. Así en Alemania la incorporación de las clases medias en un proceso de consolidación nacional se da través de Estado prusiano que generó una estabilidad política necesaria para su reafirmación nacional en el marco europeo. Por otra parte, la falta de apoyo de la clase media británica será uno de los elementos de fragilidad del E.B. en el Reino Unido.

            * Necesidad de una alternativa a la teoría de la movilización de clase obrera y a la estructuralista. Como hemos visto no resultan satisfactorias estas teorías y hay que avanzar viendo la dinámica generada por las fuerzas históricas interactivamente: La formación de la clase obrera, las alianzas con otras clases, en particular la rural y la clase media y el marco y desarrollo institucional.

            * Hay unos riesgos de reducción y decadencia del E.B. El riesgo de retroceso es superior en Estados con menor base social y mayor aislamiento de la clase obrera, y al contrario el riesgo es menor cuando hay una alianza con la clase media ya sea socialdemócrata como en Escandinavia o corporativa como en Alemania.

            c) EL E.B. EN LA SOCIEDAD POSTINDUSTRIAL

            Gosta Esping-Andersen, parte de la consideración de que el actual E.B. es incompatible con la economía postindustrial, que ha supuesto una generación de empleo en el sector servicios y una flexibilidad de la mano de obra. La esencia del Estado de Bienestar es armonizar el ciclo vital de la clase obrera, la infancia, vejez, enfermedad y desempleo. Aunque el volumen de empleo queda fijado por la economía, el E.B. generaliza la seguridad frente a los riesgos. Es decir, el mercado (la economía) cuida la fase adulta y el E.B. (la política) cuida la infancia, la vejez y la enfermedad. Por tanto, el E.B. en la fase postindustrial debe crear empleo y ser activo en la fase vital del ciclo vital.

            * Los tres modelos de construcción del ciclo vital fordista:

            - El modelo americano de carácter privado, con un E.B. mínimo y privado con seguros para el segmento más fordista de los trabajadores industriales y gran empresa.

            - El modelo de Seguridad social europeo contributivo. Con un salario familiar y prestaciones sociales familiares. La familia es el pilar en la reproducción, el bienestar social y con dependencia de la mujer. Exige una larga trayectoria en el empleo para "contribuir" a las prestaciones sociales, con lo que el trabajo es una garantía social y se mantiene una rigidez del mercado de trabajo.

            - El modelo escandinavo universal. Se trata de garantizar a la clase obrera las oportunidades de paso a la clase media, evitando una segmentación con un sector precario y una clase obrera fordista. Se da una igualdad de sexo, el E.B. elabora servicios de ciclo intermedio, sustituye trabajo doméstico familiar generando trabajo asalariado para la mujer, aunque trabajo segmentado.

            El punto clave es la capacidad de adaptación a la economía postindustrial que está sobredeterminada por la forma de organización del E.B., según las formas de organización del ciclo vital fordista. Así nos encontramos con las tres hipótesis:

            - Modelo americano (modelo Baumol) con crecimiento desigual, gran productividad industrial y ascenso salarial en la industria. Escaso crecimiento de la productividad en los servicios con estancamiento salarial, aunque con diferencias sectoriales (crecimiento de la productividad en administración, informática y telecomunicaciones, pero no en sanidad, enseñanza y servicios sociales).

            - Modelo escandinavo con subvención de los salarios de los servicios.

            - Modelo europeo continental de crecimiento sin empleo.

            * La necesidad de la flexibilidad. El autor plantea este elemento como fundamental. El riesgo y la oportunidad no está ahora sólo en la infancia y la vejez, sino en la fase activa del adulto. Hay que dejar de lado el tipo de ciclo fordista lineal garantizado.         Por un lado se rechaza la flexibilidad de tipo americano, de crear empleo en el sector servicios a cambio de bajos salarios, es decir con crear empleo y desigualdad.

            Se rechaza también el modelo europeo continental con una franja de clase obrera con empleo fijo, salario familiar y un E.B. clásico. El mantenimiento de esas prestaciones del E.B. destruirá empleo y no se creará nuevo y la flexibilidad creará un abismo entre la clase obrera integrada y la marginal ampliándose la dualidad social. Por tanto con el modelo continental de E.B. se autodestruirá, en una economía mundial y global que requiere flexibilidad laboral. Este modelo mantiene empleo y protección social para un segmento de la clase obrera y paro y desigualdad y ausencia de protección social para el segmento precarizado.

            El modelo escandinavo tampoco es válido. Se subvenciona los servicios y por tanto el empleo público para las mujeres, pero genera una fuerte crisis fiscal. Los trabajadores del sector privado se oponen a la moderación salarial que tira del sector público, predominantemente compuesto por mujeres, generándose el bloqueo y la crisis del E.B. que culmina con la presión a la baja salarial en los servicios y por tanto a la americanización.

            * Las perspectivas del E.B. En términos realistas se puede prever dos dinámicas. Una la continental europea con paro y dualidad social. Otra, la americano/escandinava con empleo pero con desigualdad salarial con el sector servicios privados en el primer caso y con el sector servicios públicos en el escandinavo.

            Gosta nos ofrece una tercera opción, partiendo de la necesidad de la flexibilización. Admitir la desigualdad generacional, precariedad en la juventud, pero cierta garantía de movilidad dentro del sistema, sobre todo con la formación. ¿Este sistema de estratificación social postindustrial conduciría a una diferenciación de clase? Con la hipótesis de ciertas garantías de movilidad y ascenso al pasar a la edad adulta y su posterior seguridad en el empleo y en las prestaciones del E.B. este modelo se podría aceptar según él.

            d) ALGUNOS INTERROGANTES.

            Son muy sugerentes las valoraciones sobre las causas del E.B., de no reducirla a la presión o movilización de la clase obrera, criticado la misión esencialista del proletariado, o al reduccionismo de las posiciones estructuralistas de la funcionalidad para el capitalismo. Es positiva una visión histórica y multicausal, aunque solamente se centra en tres, la presión de la clase obrera, las alianzas y el marco institucional.

            En esos textos sin embargo se tiende a ver al E.B. más desde su función social. El E.B. también se debe valorar por su papel en el proceso económico, y en el marco de los acontecimientos históricos y políticos de entreguerras y como proceso de normalización de los estados europeos tras la IIª guerra mundial. Así el papel del E.B. en la Europa Occidental está guiado por los imperativos económicos keynesianos a los que se subordina la política social. El tipo de acumulación capitalista y del desarrollo tecnológico, la amplia hegemonía de EEUU y la subordinación del Tercer Mundo con materias primas baratas.

            Todos estos elementos junto a la gran importancia que tuvo la existencia del bloque soviético serán decisivos para que los estados occidentales cuiden especialmente tras la IIª Guerra la integración nacional y social de sus sociedades evitando nuevas crisis como las generadas en los años 20 y 30.

            Está clara la incompatibilidad del E.B. actual con las dinámicas internacionales dominantes. Estamos en un auge del neoliberalismo y de las llamadas fuerzas del mercado como se llama ahora al capitalismo. El keynesianismo ha entrado en crisis y la competitividad internacional es lo dominante. Pero también estamos asistiendo a la crisis de la propia clase obrera, de las fuerzas de izquierda y en especial del llamado socialismo real del Este. Hay pues también una crisis ideológica y de la propia cultura obrera, así como un debilitamiento del poder transformador de los sindicatos.

            Por tanto, es razonable pensar que en la medida en que se amplíe el aislamiento de las fuerzas de izquierda y progresistas serán mayores las dificultades de defensa del E.B. Pero hablar en términos de alianza o coaliciones de clase es difícil en el Occidente actual con la amplia diversificación social, política y electoral. Así los sujetos de partidos y sindicatos no reflejan claramente una representación nítida de los diferentes segmentos sociales. Las mediaciones sociales y políticas se han trastocado mucho más, y la representación de intereses inmediatos y más generales es mucho más ambigua y confusa. Hay pues un problema de correlación de fuerzas, de poder y capacidad de legitimación social. Y ello no se puede contemplar sólo cuantitativamente o en los apoyos electorales, sino sobretodo como capacidad de influencia social, de capacidad de su vertebración y organización interna de los diferentes grupos sociales. Sin embargo, hoy día el neoliberalismo parece imparable y la capacidad de freno electoral, cultural o social, difícil para las fuerzas sociales vinculadas a una perspectiva de mantenimiento del bienestar social y de ampliación de la igualdad.

            Son muy pertinentes las valoraciones críticas a los efectos sociales de los diferentes modelos del E.B. La opción que Gosta propone es menos mala que otras al confiar en que la flexibilización del mercado de trabajo y por tanto de los riesgos se sitúe en la juventud con la esperanza de que sea transitoria y provisional para luego modificar sus condiciones en la edad adulta. Así no se enquistaría una situación duradera. No estaríamos ante la dualidad de clase estable, como la segmentación social continental, la diferenciación en el empleo público y privado según el sexo de Escandinavia, o la marginación étnica en EEUU. Aquí se considera que la precarización juvenil no supondría tanta disgregación o inestabilidad social.

            Está subyacente una valoración pragmática de un retroceso inevitable del E.B., dadas las fuerzas en presencia, cosa realista, pero el interrogante es cuál es la actitud mejor para evitar una legitimación de las actuales dinámicas mundiales de debilitamiento de los E.B. Se trata de poder generar unas energías de oposición al aumento de la desigualdad social, de la precarización y del malestar que se está extendiendo por amplias capas de Occidente, además del empobrecimiento masivo en el Sur.        

            Por tanto, hay que reformular la defensa no tanto del actual esquema de E.B. sino de una nuevo replanteamiento del papel de la propia sociedad y del Estado y de las posibles nuevas fuerzas sociales que puedan ser la base de una nueva perspectiva igualitaria.

            Uno de los grandes problemas planteados por Gosta es la configuración de las nuevas alianzas de clase. La constitución de nuevas fuerzas sociales, de las relaciones entre los diferentes movimientos y segmentos de la población es fundamental pero también es difícil de prever. No caben ya las formulaciones genéricas sobre el gran papel del proletariado, del relevante papel de las clases medias, o del nuevo lumpemproletariado, ni tampoco el escepticismo por la muerte de la clase obrera (Gorz). La constitución de nuevas fuerzas sociales, sus características y alianzas, es un proceso complejo y laborioso y estamos ante una nueva etapa histórica. Desde este punto de vista las nuevas generaciones de juventud precarizada pueden condicionar en el futuro una nueva dinámica social. Pero antes de llegar a conclusiones vamos a profundizar con otros debates.

2) ALGUNOS DEBATES SOBRE EL ESTADO DE BIENESTAR.

            a) LAS CONDICIONES DEL ESTADO DE BIENESTAR.

            El Estado de bienestar se va construyendo desde la IIª Guerra mundial, especialmente en la Europa más desarrollada. Durante los años 50 y 60 se dan unas condiciones de sostenido crecimiento económico, con relativo pleno empleo, con ampliación y generalización de prestaciones sociales (pensiones, subsidios, sanidad, enseñanza...). Hay una base social de clase obrera relativamente estable, una presión y prestigio de la izquierda (sindical, política y electoral) y la pugna con los países del Este. Todo ello favorece el consenso social y la institucionalización del conflicto, la confianza en la democracia política.

             Ya a primeros de siglo con el fordismo y taylorismo, se plantea una nueva forma de organización del trabajo, con un nuevo esquema de acumulación de capital y de consumo masivo. Con la gran crisis de 1929/30 Keynes, plantea los límites del capitalismo liberal: Ante la crisis económica, son insuficientes los mecanismos del propio mercado (de los diferentes capitalistas privados en competencia), y se plantea la necesidad de una mayor intervención estatal en la regulación de la economía promoviendo una política basada en la demanda de bienes, y corrigiendo los excesos del capitalismo salvaje. El alto grado de productividad alcanzado, el avance tecnológico industrial, la utilización masiva y barata de materias primas y recursos naturales, y la explotación y dependencia del Tercer Mundo, permite un gran aumento de los beneficios y un aumento de los salarios reales y el bienestar social en los países capitalistas más desarrollados. Así se atenúan las presiones obreras y aumenta la legitimidad del sistema.

            Tenemos, ya las tres condiciones básicas sobre las que se ha asentado el E.B.: Una presión social de la izquierda (y del socialismo real del Este) con una base social amplia y estable, unos intereses de los sectores más dinámicos del propio capitalismo, y en tercer lugar un proceso de crecimiento económico compatible con una generalización de la protección social.

            Una primera discusión se da sobre la importancia y relación de cada una de estas tres condiciones. Al decir, por ejemplo, que el E.B. es sobretodo fruto de las luchas obreras, una conquista social (Gaceta sindical), se puede embellecer lo que tenemos, o bien, ante el debilitamiento actual de la izquierda, a augurar su desmantelamiento. Al forzar el argumento de que el Estado de bienestar es sobre todo necesario para el capital, y más con la progresiva concentración monopolista, se confía en su mantenimiento y se infravalora el alcance de la crisis y del recorte del bienestar social. Por otra parte, se puede intentar reproducir el mismo esquema de crecimiento y las políticas económicas pasadas ignorando la profundidad de la crisis económica y sus repercusiones sociales.

            b) EL ALCANCE DE LA CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR.

            Tras la crisis económica de mediados de los 70, se inicia un fuerte ataque contra el E.B. Esta crisis económica es debida a los límites del aumento de la productividad, planteándose las fuerzas de la derecha y los sectores neoliberales de la economía, cambiar la correlación de fuerzas sociales, incrementar la flexibilidad económica (descentralización productiva, nuevas tecnologías, etc.) y laboral (segmentación, reforma mercado trabajo, etc.). Se trata de aumentar la competitividad, con un aumento de los beneficios empresariales, y una transferencia de rentas hacia el capital. Para ello hay que disminuir el déficit público y en consecuencia las prestaciones sociales. La otra cara de la moneda es la desprotección social y el empobrecimiento de amplias capas sociales, la desvertebración y división y exclusión social, la tendencia hacia la individualización e insolidaridad.

            En los primeros años 80 con los pioneros Reagan y Thatcher se lanza una gran ofensiva contra los fundamentos del Estado de bienestar. En los noventa y con el derrumbe del Este se va generalizando en Europa. En un principio, fundamentalmente, es una ofensiva ideológica y cultural. Se pone en boga el discurso neoliberal contra el intervencionismo del estado y por la autonomía de la economía. Las propias leyes del mercado, la "mano invisible" regulan todo. La competitividad económica es lo principal, lo demás (salarios, protección social) subordinado, por tanto, el E.B. (el intervencionismo social y político) sobra al no adecuarse a las nuevas necesidades económicas.

            Al núcleo central de este discurso neoliberal, a veces se le añaden algunos matices. Se defiende un cierto liberalismo social con el que confluyen sectores de la socialdemocracia clásica. Aceptando la subordinación a la competitividad, se plantea la conveniencia de hacerlo con mayor consenso social, con la preocupación por la cohesión social e intentando integrar a las cúpulas sindicales.          

            Otro aspecto diferente es el ritmo de concreción y envergadura de la reducción del E.B. Antes en el Reino Unido y en los noventa en el resto de Europa se han ido ampliando los recortes, pero todavía no hay un proceso de desmantelamiento total y masivo. Se van transformando las condiciones básicas (crisis económica, desvertebración social, ofensiva ideológica, debilitamiento de la presión social), hay proyectos, tanteos y medidas concretas, pero todavía es difícil prever el alcance y generalización del desmantelamiento del E.B.

            Por tanto, ya tenemos algunas discusiones. Por un lado, la caracterización y crítica del discurso ideológico neoliberal (Andrés Bilbao, Julio Rodríguez). Y por otro el alcance y características de la crisis fiscal (O'Connor) y de la reducción de la protección social (González i Calvet, Gaceta sindical, Luis I. López). En definitiva, en qué medida, hasta ahora, ha sido sobretodo una crisis ideológica, y qué otros factores pueden frenar el desmantelamiento del Estado de bienestar. Aquí aparecen diferentes énfasis: Las presiones de nuevas fuerzas y movimientos sociales que forzarían un nuevo consenso y legitimación (Offe, Habermas), la recomposición basada en la vieja izquierda, con las tradicionales bases sociales y doctrinas más o menos renovadas (Serrano, Serra), la eficacia y necesidades del capitalismo de "rostro humano", (Albert).

c) CAPITALISMO DE ROSTRO HUMANO CONTRA            CAPITALISMO SALVAJE.

            Los análisis de M. Albert son muy lúcidos y sugerentes en múltiples aspectos. La idea central, tras el debilitamiento de la izquierda y la caída del Muro, es la polarización de la lucha entre el capitalismo de rostro humano con el E.B., contra el capitalismo salvaje con el estado mínimo liberal. Por un lado, estaría Alemania (por eso se llama también capitalismo "renano"), y países como Holanda, Austria, y en cierta medida Francia y con otras especificidades Japón. Por otro, el capitalismo "anglosajón" de EEUU y Reino Unido (aunque éste conserva todavía mucho de la época laborista).

             Para Albert las sociedades "renanas" son muchos más igualitarias e integradoras. Hay una mayor estabilidad social, consenso y legitimación por el alto nivel de protección social, compatible con el crecimiento económico y el aumento de la productividad y competitividad. En conclusión, este capitalismo con E.B., es más eficaz económicamente a corto y largo plazo. Está basado en el capitalismo industrial y no el financiero/especulativo, y ha estado condicionado por la socialdemocracia y el keynesianismo. Se pone el acento en su eficacia y racionalidad, con abundante demostración empírica frente al capitalismo liberal y despilfarrador. Plantea, así mismo, la paradoja de su pérdida de credibilidad y menor capacidad política. En la pugna mundial por la hegemonía, últimamente, Alemania y Japón van perdiendo la batalla, sobre todo en el terreno ideológico, y el ámbito financiero/especulativo refuerza la cultura del éxito a corto plazo y a cualquier precio.

            El mantenimiento del E.B., no se podría sostener sobre la presión social o el consenso social y su mayor legitimación, sino sobre la esperanza del fortalecimiento del capitalismo de rostro humano, siendo los otros aspectos necesarios pero secundarios. Las conclusiones e interrogantes son evidentes. El objetivo es fortalecer el núcleo duro de la Unión europea, forjando una identidad europea más social. Defender la eficacia de las multinacionales industriales, frente a la especulación financiera a corto plazo. Así para mantener el nivel de protección e integración social, la gente trabajadora, con una visión eurocéntrica, debería apoyar a este capitalismo favoreciendo su competitividad, y defendiendo su mayor racionalidad económica. A partir de ahí se trataría de ajustar algo los excesos de las llamadas fuerzas del mercado y favorecer cierta estabilidad social, el consenso político y parlamentario y la corresponsabilidad sindical y la democracia industrial. Como se ve, es la apuesta del Plan Delors y del eurosocialismo y de cierto discurso social con la aceptación crítica de los elementos centrales de la convergencia europea de Maastrich, pero con una Unión europea más social.

            d) LA REFORMABILIDAD DEL ESTADO DE BIENESTAR

            Claus Offe plantea una serie de ideas interesantes. La crisis del E.B. está asociada a la crisis de la vieja alianza del capital monopolista (fordista) con la clase obrera industrial (izquierda y sindicatos). Estamos, sobre todo en Alemania, con un ascenso social de los movimientos verdes, con cierta renovación de la socialdemocracia y con un capitalismo alemán bien situado en la división internacional de trabajo. Offe avanza sobre la necesidad de reforma y democratización del Estado con la presión del conjunto de los movimientos sociales. Cogen protagonismo los nuevos movimientos (basados en la clase media y en los sectores marginados) debiendo forjar una alianza con los sectores de la clase obrera industrial y sus representantes sindicales. Así se forzaría una mayor descentralización del aparato estatal y una mayor participación ciudadana. Es la base para un nuevo consenso y una mayor legitimación. Su representación política, con unos movimientos sociales fuertes, sería la convergencia de verdes y una socialdemocracia renovada.

            Sin embargo C. Offe tiene una visión eurocéntrica e infravalora el grado de opresión al Tercer Mundo que ejerce este capitalismo supuestamente avanzado. Quizá sobrevalora la fuerza y potencialidades de los nuevos sujetos y alianzas sociales, al mismo tiempo que las necesidades de consenso y legitimación derivados de esta presión social. Sus conclusiones son más dependientes de las expectativas creadas en los 70 y aún en los 80, pero más difíciles de compartir en esta década de mayor ofensiva neoliberal y mayor disgregación social. Por otra parte hay que tener en cuenta las tendencias hacia la institucionalización y el neocorporativismo de gran parte de estos movimientos (con el fortalecimiento de la democracia política y la reproducción estatal) y por tanto su debilitamiento como polo autónomo, o también las mutuas vinculaciones y funciones entre la periferia del estado asistencial y las organizaciones sociales y ONG más autónomas pero muchas veces dependientes financiera e institucionalmente del propio Estado por la pérdida de dinamismo y amplitud de su base afiliativa voluntaria.      

            En estos planteamientos hay una variante (en parte en el propio Offe y desde posiciones neokantianas en la socialdemocracia y a veces de sectores cristianos), que en este marco de reforma del Estado, se basan más en una motivación ética. Viendo los efectos de desigualdad y pobreza, se trataría de corregirlos. Salvando la competitividad del sistema de desarrollaría un compromiso moral contra tanta injusticia social.

            Por último, en relación a la reformabilidad del Estado hay que citar el discurso eurocomunista (y de la socialdemocracia más clásica) de ir hacia la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, avanzando por la democracia parlamentaria, y con el apoyo de la presión social ir forzando la democratización y el papel público del Estado. Hoy día este discurso está cada vez más a la defensiva entre la opinión pública, cada vez queda más debilitado, y especialmente su variante más radical de impulsar una mayor movilización obrera, con parecido esquema general. Hoy día el movimiento sindical se debate entre la consolidación de la concertación social y el corporatismo, en un marco muy defensivo y sin poder avanzar en reformas sociales y, por otro lado, en ser cauce del malestar social con algunas explosiones de descontento de los sectores afectados por los recortes sociales y el deterioro de sus condiciones laborales.

            e) LOS EFECTOS POLÍTICOS Y SOCIALES DE LA CRISIS.

            Para valorar la situación concreta, y especialmente para ver sus tendencias, es preciso siempre un análisis empírico. Huir de las grandes formulaciones de alianzas, leyes y tendencias necesarias. Como dice T. Skopol, es preciso un gran proceso de investigación social. A veces se cae en una caracterización abstracta como representación de un capital colectivo, sin ver que múltiples medidas se forjan según la presión de los diferentes lobbys, coyunturas sociales, relaciones de fuerzas, etc. Varios elementos hay que tener en cuenta.

            Al hablar de E.B., se tiende a ver solamente la faceta social del Estado. Se pueden citar aquí, de pasada, algunos factores sociopolíticos asociados a esta crisis del E.B. y de las economías y sociedades occidentales. Igual que el E.B. ha cumplido múltiples funciones de estabilización y legitimación política y social, al contemplar su crisis, también es necesario ver algunas dinámicas políticas, sociales y culturales que se pueden dar.         

            Por una parte, no hay que olvidar que el Estado Occidental también tiene unas funciones de coacción y control social tanto interior como en el plano político-militar internacional y de garantía de estabilización del statu-quo mundial con la gran desigualdad con el SUR. El reforzamiento de la OTAN y su creciente intervencionismo es patente al igual que un nuevo reequilibrio mundial con predominio político-militar de EEUU. También hay que señalar el reforzamiento de las tendencias culturales eurocéntricas y en algunos aspectos (comunicación, cine...) un nuevo hegemonismo norteamericano.

            Igualmente debemos contemplar el carácter despilfarrador y destructivo de la naturaleza de muchas dinámicas económicas e industriales que la nueva sensibilidad ecologista pone en evidencia. Hay que citar también las dinámicas e intereses de la propia burocracia estatal y funcionarial como bien nos ha explicado algunos neoweberianos y siguiendo a Giddens. Otro factor importante es la presencia de conflictos nacionales y desigualdades territoriales que influyen en la configuración política y social de los Estados y que se pueden exacerbar con la crisis. Igualmente, los condicionamientos diferentes según sexo o edad, o las nuevas dinámicas autoritarias y racistas que invaden a ciertos segmentos de la sociedades occidentales.

            Otro enfoque más evolutivo (siguiendo a Ashford) es contemplar las dinámicas históricas concretas de la conformación del Estado de bienestar y ahora las etapas y procesos de su debilitamiento y crisis. Así convendría diferenciar los diferentes ritmos del discurso ideológico, la evolución y envergadura de las contrarreformas concretas y sobre todo los efectos sociales, así como la conformación de la conciencia y el comportamiento social y el desarrollo cultural de los nuevos sujetos sociales y especialmente de la juventud.

            El E.B. no ha dado un bienestar igual para todo el mundo y todos los países, e igualmente su proceso de desmantelamiento y las medidas concretas de recorte de las prestaciones sociales tampoco afectan por igual a la sociedad. Incluso la misma medida puede afectar en diferente manera a cada persona, y cada persona o sector social pasar por diferentes fases a lo largo de su vida. En el caso particular del Estado español las repercusiones sociales, desigualdades, empobrecimiento y malestar se acentúan ya que sólo se había llegado a mitad de camino en relación a los estados centrales de la Unión europea, con un E.B. más raquítico, y con papel periférico en el primer mundo y una mayor gravedad de su crisis económica, con un alto grado de paro estructural.

            Hay autores, que se plantean, más allá del Estado mínimo liberal, las probabilidades de una especie de Estado mixto, con unas funciones de bienestar público y privado para sectores más acomodados, incluida una minoría muy rica, una red de asistencia social mínima integradora para sectores intermedios, y unas funciones de contención y exclusión social para sectores más marginados e inmigrantes (reforzada con el racismo). Desde esa posición se aspira a una estabilidad y consenso social con una parte de la sociedad (las clases medias y aristocracia obrera en ascenso) junto a sus representaciones institucionales (partidos de izquierda y aparatos sindicales). Luego quedaría una amplia franja con tendencias y expectativas de descenso económico, pero con un mínimo Estado asistencial (sanidad, enseñanza, subsidios y pensiones mínimas, y con vivienda, empleo, salarios o situación familiar algo precarios), donde se encuentra una gran parte de la población trabajadora con empleo y condiciones más precarias. Por último, estaría un tercer sector más empobrecido y con dificultades, incluso para las prestaciones sociales y sobre el que se debería ejercer una tarea de control social.            

            Es difícil generalizar los efectos para toda la sociedad y si es verdad, que los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos, hay que analizar concretamente la evolución de los diferentes segmentos sociales, su mejora relativa y tendencias acomodaticias en las clases medias y el empeoramiento relativo y la amplitud del malestar que empieza a ser mayoritario en el tercio más desprotegido.

3) CRISIS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES.

            a)  DESIGUALDAD SOCIAL Y POBREZA HOY.

            El aumento de la desigualdad, el crecimiento de la pobreza afecta ya a amplios sectores sociales y está lejos de ser un problema marginal. La crisis económica y las políticas neoliberales están generando un alto porcentaje de paro, estancado en más de un 20% de la población activa. La precarización en el empleo y el recorte de las prestaciones sociales generan un mayor empobrecimiento de capas cada vez más amplias. En la Unión Europea ya hay unos 55 millones de pobres, de los que más de 8 millones son del Estado Español como nos informan los estudios de Cáritas o de Mario Gaviria.

            Los fenómenos de la dualización y la segmentación de la sociedad se ven cada vez más claramente. La situación de relativo pleno empleo, estabilidad laboral y social del grueso de las clases trabajadoras y la existencia de una cierta seguridad ante los diversos riesgos de enfermedad, vejez etc. ha dejado paso a una situación de empobrecimiento masivo y de marginación social. Por tanto, no estamos tratando de un tema marginal o a extinguir en las sociedades capitalistas occidentales, sino de un fenómeno amplio que tiene repercusiones para el conjunto de las capas populares.

            Ricos y pobres son dos caras de la misma moneda. La pobreza es un concepto relativo en relación a la media de la renta de la población. Por tanto, el problema es que la riqueza se va concentrando en la cúspide de la pirámide social, junto a un sector de clases medias con sus beneficios y privilegios en ascenso. Mientras por abajo se da un deterioro de las condiciones económicas y sociales de la mayoría de la población trabajadora.

            En el marco del E.B., el mecanismo de integración social principal venía por el empleo, es decir por el salario (o las prestaciones consiguientes) y las condiciones económicas y de estatus derivadas. Los otros mecanismos, como la familia, la escuela, los servicios sociales y asistenciales, la propia cultura, la comunidad nacional, la institucionalización democrática, etc. cumplían también un papel fundamental en la integración social, en la conciencia de pertenencia a una misma sociedad. La crisis del E.B. supone una gran transformación de todos estos mecanismos que ya no pueden cumplir la misma función de vertebración social.

            También hay que considerar que estos fenómenos no se dan por igual entre los diferentes sectores sociales, lo que afianza la división y la disgregación social y se generan diversos niveles de precarización, marginación y exclusión social. El progresivo recorte de las prestaciones por desempleo, los planes de recorte de las pensiones, avalados por el Pacto de Toledo, aunque se mantenga el sistema público de protección social, el deterioro de la sanidad, de los servicios públicos y de la vivienda hacen recaer más sus consecuencias en la población más empobrecida por su situación en el mercado laboral.

            Los jóvenes en búsqueda de su primer empleo o con una contratación precaria, los pensionistas que componen la mitad de los pobres, con un predominio de las mujeres en uno y otro colectivo, además de otras mujeres que, dado su nuevo papel en la familia y su precaria integración en el mercado laboral, se sitúan en claros niveles de pobreza, por lo que podemos hablar del rostro femenino de ésta. Incluso comportamientos diferentes a los impuestos por las normas mayoritarias, según la cultura, la opción sexual o diversas particularidades son fruto de marginación o exclusión. Podemos citar más específicamente la ampliación de la marginación social en colectivos como la población gitana y los inmigrantes, o en ámbitos como la drogadicción, el SIDA, la delincuencia o la prostitución.

             Para la lucha contra la marginación y la desigualdad, no podemos contentarnos con repetir las recetas keynesianas, en la espera de un crecimiento económico, que haga de un hipotético aumento del empleo el elemento central de lucha contra la pobreza. Sería caer en la trampa del neoliberalismo de confiar en una economía, que va por otro lado.

            Por otra parte, hay que ser conscientes, ante la envergadura de estos grandes problemas, del papel limitado de algunos mecanismos y políticas puestos últimamente en marcha, como la formación ocupacional, los programas de rentas mínimas de inserción o diferentes servicios informativos o asistenciales, etc. Es verdad que se palían muchas situaciones precarias, pero su función principal suele ser la de embellecer ante la sociedad la preocupación de las instituciones públicas en la lucha contra el paro y la precariedad, cuando al mismo tiempo, son sus principales responsables y aplican o apoyan las políticas económicas neoliberales. Sin embargo, vamos a profundizar en algunos aspectos concretos.

            En primer lugar, el concepto pobreza hay que definirlo en términos relativos, es decir en relación al nivel medio de la sociedad en cada momento. Ahora estamos hablando de sociedades occidentales. El criterio europeo más aceptado es el de considerar pobre a la persona que no dispone del 50% de la renta media del país. En el caso del Estado Español la renta media per-cápita ronda las 85.000 ptas. mensuales, con lo que pobre es una persona con menos de 42.500,- ptas. y pobre severo cuando no llega al 25%, es decir a 21.250,- ptas. Por tanto, no hablamos de mendigos o de una cosa marginal, sino de una realidad más amplia, incluyendo a la pobreza moderada. En este caso estaríamos hablando de más del 20% de la población de forma estable o estructural (en el Estado Español entre 8 y 10 millones de pobres), sin que en esta década se haya modificado substancialmente, a pesar de otras interpretaciones más positivas como la de Gaviria.

            En segundo lugar, está el nivel de exclusión social. El problema es si consideramos solamente a las personas que no participan en el conjunto de la sociedad, o a todas las personas que están excluidas también en algún aspecto o faceta determinada. El asunto tiene su importancia, ya que, si tenemos una concepción restringida de la exclusión social, y definimos el trabajo social como la acción específica a este sector, sigue vigente el gran problema de la acción con respecto al conjunto de la gente pobre y marginada. Estamos por tanto en la tensión entre un universalismo más general y la prioridad a los sectores más excluidos con servicios sociales específicos. Esta cuestión es resoluble si no encubre la ausencia de recursos y la falta de responsabilidad del Estado con respecto al conjunto de esta población.

            En tercer lugar, los niveles de marginación por aspectos culturales, étnicos, nacionales, de género, de opción sexual, etc. y que pueden coincidir o no con otros rasgos. En este campo aparecen un montón de problemas y la necesidad de modificar las pautas de comportamiento dominantes y los valores culturales, sexuales y éticos dominantes. Implica un replanteamiento de los conceptos de inadaptación o conducta desviada y las alternativas de normalización, y mas en general las propias pautas culturales de la civilización occidental.

            Por tanto, cuando se habla de la lucha contra la pobreza, la exclusión y la marginación pueden variar mucho las dimensiones del personal afectado y las implicaciones presupuestarias, sociales y culturales. Es decir, se suele hablar de cosas muy diferentes, incluso con enfoques políticos y teóricos contrapuestos. 

            b) LAS DIFICULTADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL.

            En primer lugar, es conveniente empezar por el propio concepto de "integración social" planteado como el objetivo de las políticas sociales y del trabajo social. Es un concepto fundamental surgido como objetivo básico de la constitución de los E.B. Este concepto hoy es problemático ya que hace referencia a la "normalización" en un conjunto de valores culturales, estatus socioeconómico, sistema social, valoración de la civilización occidental, etc. que, a veces es contradictorio con las pautas de partes de la población. La gran amplitud de la inmigración en algunos países europeos (Alemania, Francia...), con altos porcentajes de personas de fuera de la tradición cultural occidental (Turquía, Magreb, Africa negra...) plantea numerosos interrogantes sobre esta tarea, a diferencia de los años 50 ó 60 con una inmigración de los países del sur de Europa.

            Por otra parte, en las dinámicas de marginación y exclusión social, influyen diversos aspectos culturales, nacionales, de ciudadanía, étnicos y lingüísticos, de género, de opción sexual, etc. Los mecanismos tradicionales de integración, socialización, o normalización a través de la familia, la escuela, la nación o el trabajo están en crisis y transformación. Así, además de los sectores precarizados pero con relativa identidad cultural aparecen importantes bolsas de comunidades con otras señas de identidad étnica o cultural.

            A veces se dan procesos de asimilación, pero otras se reacciona con autoafirmación de sus identidades culturales. Por otra parte, van apareciendo fuertes conflictos con generalización de la xenofobia. También los más nuevos mecanismos de integración y normalización cultural, como, el consumo masivo o la propaganda de "masas" también son problemáticos apareciendo movimientos contraculturales en su contra.

            En segundo lugar, hay que mencionar la crisis y falta de credibilidad de las propias ciencias sociales y en especial su supuesto carácter científico, para definir las políticas sociales a plantear. La propia imagen de neutralidad o de metodología profesional e independiente está presentando sus limitaciones. La tradición de la sociología y también del marxismo, han solido priorizar los aspectos económicos tanto en los análisis sociales como en los objetivos. Así el objetivo del empleo se sigue considerando el elemento central de la integración social, cuando el paro es masivo y estructural.

            Las clases sociales han variado su composición. La clase obrera está segmentada y dividida y aparece una nueva realidad de desigualdad y pobreza. Como se sabe, el E.B., con todos sus mecanismos de cohesión y vertebración social está en crisis y la asistencia social como parte de él también está en crisis y retroceso. No tenemos muchos soportes teóricos claros, ante una realidad cada vez más amplia. El conjunto de las ciencias sociales y de la sociología en particular, apenas ha empezado a replantearse las bases teóricas para comprender y definir líneas de actuación ante esta nueva realidad social.

            Dentro de este panorama general tiene una variada gama de problemas específicos la crisis del papel de los propios trabajadores y trabajadoras sociales y de los servicios sociales e instituciones dedicados a la asistencia social. Lo dominante ha sido la educación teórica y práctica, en un ambiente de avance del E.B. y ahora se da una gran perplejidad ante las nuevas realidades y funciones a realizar. Hay que citar igualmente las dificultades profesionales y la inestabilidad laboral que hoy se agudizan por el retroceso del gasto social y la ampliación de los problemas sociales. La complejidad teórica es grande, la experiencia e investigación limitada, los planos muy diversos, muchos problemas son nuevos y muchos enfoques viejos obsoletos. Sólo desde un pensamiento critico y abierto y una conexión directa con las nuevas realidades se podrá avanzar en este campo, aunque la concreción y especialización pueda ser muy diversa.

            Por último, hay que señalar las diferencias de las diversas políticas de integración. De forma concreta a veces se queda en una aportación monetaria. Otras se acompañan de algunas medidas o contratos de contraprestación de formación, empleo o inserción socioeconómica. Algunos establecen una relación jerárquica e individualizada, y otros tienen una dinámica más participativa y comunitaria. Y, en fin, otras establecen programas de actuación en diversos campos familiares, sanitarios, culturales, etc. desde diversos organismos, que suelen estar descoordinados. Pero ahora nos vamos a detener en la experiencia de los Salarios sociales como elemento central de las nuevas políticas sociales y por su novedad y generalización en esta década de los 90.

            c) EL SALARIO SOCIAL Y LA EXPERIENCIA FRANCESA.

            Ante los nuevos problemas de la cohesión social cobra una nueva importancia la lucha contra la pobreza como en los comienzos del E.B. Ahora, desde los primeros años de la década de los 80, se va planteando en Europa, con un nuevo enfoque, el debate sobre la integración social y la utilización de nuevos mecanismos para conseguirlo. Se parte de la generalización de una nueva realidad social, tras la crisis económica de los 70, con un amplio sector en paro y con una gran franja de pobreza, con dinámicas de desestructuración social, exclusión y marginación. No nos vamos a detener en los antecedentes tanto de la situación social como de las diversas políticas aplicadas antes de la IIª Guerra Mundial. Durante los 50, 60 y parte de los 70, se da una situación de relativo pleno empleo, con la integración a través del trabajo, y los avances del E.B.

            Debemos hacer la salvedad del caso español, donde el E.B. es muy reciente al empezar, prácticamente, en los 70, ha habido una fuerte emigración interna y externa, una frágil economía, y a finales de los 70 y en los 80, cuando estas dinámicas se bloquean y empiezan a entrar en crisis, los efectos son más amplios y los mecanismos de integración más débiles.

            En este contexto se producen los nuevos debates sobre las Rentas o Ingresos "Mínimos" de Integración o Inserción (o Ingreso o Salario Social "Universal"). Esta diversidad de denominaciones indica diversos acentos en algunas características y objetivos de estos nuevos planes puestos en marcha ante el mantenimiento en Europa en los años 80 de grandes bolsas de paro y pobreza.

            Se empieza a sistematizar estos problemas en la Conferencia Internacional de Lovaina (Bélgica) en 1986, y a partir de ahí se comienza a generalizar algunas medidas institucionales contra la pobreza y exclusión. En Francia se aplica un Plan amplio desde 1989, que luego analizamos. También se establecen este sistema en Holanda y Bélgica. Por parte de la Unión Europea, ya en 1994, se publica un Informe sobre la Protección social en Europa, con la pretensión de establecer objetivos comunes para los Estados miembros. Por otra parte, se debe señalar que en estos últimos años, con el Plan Delors, y la construcción de la llamada Europa Social se está generalizando el discurso de todas las instituciones políticas de la prioridad de la lucha contra el paro y la pobreza.

            En el Estado español, se empieza en la Comunidad Vasca en el 89, y luego se va generalizando por casi todas las Comunidades Autónomas. En general, nos encontramos con unos planes muy limitados de los poderes públicos, pero que se suelen presentar con un discurso embellecido de sus efectos para la lucha contra la pobreza y la exclusión. Ante la situación de malestar y los riesgos de cierta disgregación los planes de los Gobiernos europeos se han lanzado a una gran campaña de legitimación del orden social vigente pero sin los supuestos económicos keynesianos presentes en los años 50 y 60. Por una parte las economías europeas son incapaces de generar empleo y mantienen unos planes de convergencia europea basados en políticas económicas restrictivas y por otra lado los Estados pretenden dar la imagen de una gran preocupación social.

            La experiencia francesa de la implantación de RMI (Rentas Mínimas de Inserción) durante los años 1989 al 92 es de las primeras y más amplias. Una gran parte de los problemas teóricos y prácticos se han ido reproduciendo y aplicando aquí y en el resto de Europa, en general de forma parcial. Se pueden entresacar algunos aspectos del Informe realizado por la Comisión Nacional (francesa) de Evaluación del RMI. Como se sabe, el Gobierno de la derecha de Balladur anuló este programa en el 93 y en la reciente victoria electoral, la misma derecha con Chirac, ha hecho de la batalla de la lucha contra el paro y la desigualdad un tema central y ha vuelto a resucitar nuevamente estos programas:

            - Según ese Informe, el RMI ha constituido un avance social y jurídico innegable al dar, en el curso de estos tres años, el derecho a condiciones adecuadas de existencia a 950.000 personas, es decir, cerca de 2 millones contando beneficiarios indirectos.

            - Ha conseguido efectivamente asegurar a los perceptores una cierta seguridad material y una mejora de sus condiciones de vida.

            - Por contra en cuanto a dispositivo de inserción ha suscitado una dinámica insuficiente en relación con las esperanzas que había despertado entre los beneficiarios.

            - El nuevo dispositivo no ha llegado principalmente a las poblaciones en las que se pensaba en un principio, es decir a las que viven en el cuarto mundo y poblaciones marginalizadas. Afecta sobre todo a mujeres solas y jóvenes.

            - Las dificultades en el acceso al empleo y por tanto a la inserción socioeconómica son bastante insuperables y la lógica del mercado de trabajo determina que se reintegren por esta vía los que ya que están en mejores condiciones. La propia tendencia hace separar la dinámica de formación ocupacional y apoyo a la búsqueda de empleo a los sectores menos marginados seleccionando a los más "competitivos", y una dinámica sin perspectivas de integración socioeconómica, tímidamente asistencial y que mantiene la bolsa de la exclusión social.

            d) LOS LÍMITES EN LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN:

            * En primer lugar hay que destacar las diferencias substanciales de las dimensiones del IMI (madrileño y en general de todas las comunidades autónomas), y del RMI francés. Desde esa comparación los IMI tienen una función muy marginal para la lucha contra la pobreza y la marginación. En el caso español los IMI han afectado a unas 70.000 personas. No llega al 2% de la población pobre. Desde una perspectiva más unificadora de las prestaciones sociales (subsidios de desempleo) y pensiones (contributivas bajas y no contributivas), nos encontraríamos con un mecanismo algo más amplio de prestaciones económicas. Por tanto desde un punto de vista global es un instrumento muy limitado. Otra cosa es la experiencia directa que reporta, la ligazón con una serie de problemas, gente profesional y tipo de personas "imistas", etc. y todo el conjunto de problemas prácticos, de orientación, y teóricos que asoman desde esta actividad.

            La confusión se plantea cuando se presenta, de forma embellecida como instrumento fundamental para la lucha contra la pobreza y la exclusión, con una función de propaganda de las instituciones públicas y de excusa ante el agravamiento del empobrecimiento masivo de amplios sectores sociales.

            * Un segundo problema sustancial, al igual que en Francia son los límites cualitativos para su supuesta función de integración social. Además de las advertencias planteadas antes sobre este concepto, se reconoce las dificultades para la inserción en el mercado de trabajo. La crisis y las condiciones económicas futuras no anuncian una mejoría de este aspecto. En este sentido hay que replantearse la tradicional orientación general de fondo de conseguir un empleo como instrumento de integración social. Se vuelca en este aspecto casi todo. La función sería mejorar las condiciones personales y profesionales en relación al mercado de trabajo. Con esa dinámica, como también se dice, se tiende a volcarse en los sectores más rentables a corto plazo en su incorporación al mercado de trabajo. Se desplaza la atención de la clásica asistencia social sin contrapartidas y guiada por las necesidades de cada sector y persona, para centrarse en el personal más rentable y competitivo para esta nueva función.

            * En tercer lugar hay que destacar, las restricciones presupuestarias para el gasto social y en particular para las prestaciones sociales y las pensiones. Citamos aquí solamente el aspecto de que las restricciones presupuestarias para las prestaciones sociales asistenciales se pretenden justificar haciendo hincapié en los esfuerzos personales, tanto de los profesionales de los servicios sociales como de las propias personas para los proyectos de integración con el argumento progresista de "mejor enseñar a pescar que dar peces". Igualmente en la otra faceta de la lucha contra el paro vinculadas al INEM se intentan ampliar algo los presupuestos de unos 65.000 millones para las llamadas políticas activas de empleo sobre todo a través de la formación ocupacional y el autoempleo, pero se reduce, como efecto del Decretazo del 92 y de la Contrarreforma Laboral, las prestaciones y subsidios por desempleo en cerca de medio billón con el mismo argumento de que lo importante es prepararse para un nuevo empleo, es decir aprender a pescar. Si comparamos esta disminución con lo que se dedica al salario social que supone unos 30.000 millones, nos encontramos con que su partida presupuestaria es una ridiculez.

            Por tanto, se suele plantear, la contradicción entre la necesidad de una buena cobertura asistencial y económica por una parte y una dinámica de integración socioeconómica y de empleo, por otra, como excluyentes. Incluso, a veces, se extreman las críticas a la tradición asistencialista, por ejemplo, de la Iglesia, o el quedarse solamente en las contribuciones económicas para priorizar los proyectos de integración y promoción de empleo, cuando hay grandes necesidades y deficiencias en ambos campos.   

            El asunto está, en que hay más de 8 millones de pobres, la mitad de ellos dependen de una pensión, pero cada vez más se da una pobreza entre la juventud que siguen esperando una mejoría socioeconómica. Por otro lado, tenemos unos 4 millones de parados y más del 35% de personas con empleo están en precario, y todo ello sin expectativas de mejorar a través del trabajo. Por tanto, aunque en un sentido abstracto es importante ayudar a los procesos de integración social, a través de una participación personal más activa, hay que asegurar la asistencia social y las prestaciones económicas de forma independiente a los contratos de inserción laboral. A veces los contratos de inserción se convierten en una barrera, y la exigencia de "integrarse" es un pretexto para no responsabilizarse de una grave y amplia situación de pobreza. Por otra parte, los programas de formación ocupacional, solo sirven, en su gran mayoría, para mantener a una gran bolsa de gente parada con una expectativa pero que para una gran mayoría suele acabar en nuevas frustraciones.

            * En cuarto lugar el empleo como elemento de integración social. El pleno empleo como objetivo social a conseguir, está subyacente en los planes de lucha contra la pobreza. Sin embargo, el tipo de proceso económico actual en las sociedades occidentales, va a mantener una alta tasa de paro, y la dinámica neoliberal dominante va a agudizar la pobreza y el aumento de la desigualdad social. En las pasadas décadas los servicios sociales, la asistencia y la protección social se contemplaban como una faceta secundaria y complementaria al empleo como mecanismo central de integración socioeconómica. Al entrar en crisis el modelo de pleno empleo se acelera la crisis de estos mecanismos, pensados como subsidiarios pero que ahora deberían de cubrir a una cuarta parte de la población.

            * También conviene recordar las discusiones y debates sobre el reparto del trabajo. Sobre la base de considerar el empleo el elemento principal para la integración social, y admitiendo la dificultad para generar empleo se plantea el reparto de éste como elemento de redistribución e igualdad. Son muy interesantes algunos de los problemas puestos en cuestión con estos debates, en particular Gorz, aunque a veces se caen en las mismas soluciones economicistas y por otra parte las tendencias dominantes no apunten por esa vía y los pasos dados son muy limitados.

            * Otra perspectiva global diferente es plantear la exigencia del Ingreso Social (Renta o Salario) Universal cuyo alcance más general ha dado Van Parijs. No es un asunto marginal, y afecta a casi un tercio de la población. Aunque no hay ni va a haber suficiente empleo, (por motivos económicos y ecológicos), en Occidente hay suficiente recursos económicos y productivos para garantizar unas rentas mínimas para cubrir las necesidades básicas de la población. Estamos hablando de un subsidio de carácter universal, atendiendo a las necesidades sociales y dirigido a los sectores precarizados de la sociedad. Sería un salario unificador y generalizador de otros actuales como el subsidio de desempleo, las pensiones no contributivas o las propias rentas mínimas actuales. Es una cuestión de reforzar los derechos subjetivos. Es un debate surgido en estos años en Europa, y más allá de algunas pretensiones algo utópicas, puede enriquecer el debate de ideas sobre los nuevos mecanismos de redistribución social de la riqueza.     

            * Otro de los problemas importantes es las características y problemas de los propios trabajadores y trabajadoras sociales, sociólogos y personal técnico en este campo, ya aludidas anteriormente. La función de la llamada "socioburocracia" en la política social es fundamental, por lo que la crisis institucional, financiera y de orientación, de ésta, les afecta directamente. A diferencia de EEUU, en que desde la época de Mary Richmond ha predominado el trabajo de organizaciones no gubernamentales, en Europa las políticas sociales, salvo la parte realizada por la Iglesia, han estado muy institucionalizadas y dependientes del Estado.

            Así con los IMI y los servicios sociales, y la asistencia social en general nos desplazamos al trabajo pagado y desde las instituciones. Hay un problema de mejorar las propias condiciones laborales de estos profesionales que con la crisis también se ven afectados en sus condiciones materiales, profesionales y de estatus. Pero por otro lado está el trabajo voluntario de algunos de ellos y en general los límites del voluntariado en este campo, dada el poco dinamismo actual y la necesidad de ciertos conocimientos especializados.

            De forma crítica podemos mencionar algunas dinámicas negativas entre los profesionales más institucionalizados analizadas por algunos estudios de investigación. En esta "socioburocracia" con su poder institucional o económico (de decidir sobre una prestación, un contrato de inserción, o un plan de formación profesional), suele aparecer, a veces, un problema de desigualdad con la gente necesitada, una inercia burocrática y prepotente, desprecio por el trabajo colectivo, o la prevención o falta generación de iniciativas o dinámicas asociativas fuera de su control.

            * La orientación del trabajo social, en el marco de este E.B. en retroceso, debería de ir por otro camino. Hay que ayudar a la gente a que mejoren sus condiciones sociales. Pero también a generar experiencia asociativa y conciencia social, forjar lazos más solidarios con estos sectores sociales, unas relaciones sociales menos competitivas. A estimular la participación y apoyo entre la gente empobrecida, favoreciendo la experiencia comunitaria. Estamos pues ante la perspectiva de generar una nueva sociabilidad, una nueva vertebración social, una integración en una dinámica social diferente y alternativa. Es una situación de tensión y de cierto conflicto permanente, de integración y al mismo tiempo de ampliación de la participación y del desarrollo del espíritu crítico. Por tanto, hay que resistir a las tendencias uniformizadoras y normalizadoras, generando unas nuevas relaciones sociales, un nuevo tipo de personas, con un nuevo enfoque del bienestar social. En definitiva, es una perspectiva de ampliación del bienestar social y de profundización en la participación democrática, de fortalecer la sociabilidad de esta sociedad individualizada.

4) CONCLUSIONES SOBRE LA CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR

            a) ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL E.B.  

            * En primer lugar el contexto de la política económica y la convergencia europea. Los acuerdos de Maastrich y el proyecto de construcción de la Unidad Europea, están inscritos en una dinámica de competitividad, de desregulación de la economía y de reducción del gasto social, mientras se produce un espectacular crecimiento del dualismo social. A pesar de toda la propaganda sobre la creación del empleo o la supuesta preocupación por la disgregación social, lo cierto es que la perspectiva inmediata abunda hacia el aumento de la competencia internacional, el avance del desmantelamiento de parcelas del E.B., a la quiebra de la solidaridad interna entre las diferentes capas sociales y de la cohesión de las sociedades europeas. Aunque la Unión monetaria vaya para adelante no parece que suponga grandes avances sociales para amplias capas de la población europea.

            Por otra parte, se generalizan el empobrecimiento del SUR, los conflictos nacionales y étnicos y los desequilibrios ecológicos. También se refuerza el autoritarismo y fenómenos como el racismo y la xenofobia. Igualmente, se fortalece el papel subordinado de las mujeres, haciendo recaer sobre la familia la responsabilidad de frenar el deterioro económico y la desvertebración social, al mismo tiempo que se feminiza la pobreza.

            * En segundo lugar su evolución histórica. El comienzo de la crisis del E.B. se remonta a los años 70, se amplía en los 80, y ahora en los 90 lejos de atenuarse, se acentúa. Los rasgos más visibles son el aumento del paro y el mantenimiento de un alto volumen de desempleo, el alto crecimiento del empleo precario, el recorte o estancamiento del gasto social y de las prestaciones y derechos sociales. Todo ello supone un aumento sustancial de la desigualdad social, de la segmentación y dualización social, del aumento de amplias bolsas de pobreza y nuevas dinámicas de marginación y exclusión social.

            * En tercer lugar los objetivos principales. El E.B., como proceso de reformas sociales y económicas, es una respuesta a la grave crisis europea de los años 30, seguida por la IIª Guerra mundial y la consolidación del "socialismo real" en el Este. Buscaba unos objetivos: hacer a la economía capitalista más productiva y armoniosa, asegurar la estabilidad y la cohesión social y fortalecer el sentimiento de solidaridad y de comunidad nacional. Todo ello con un amplio consenso político y con un alto grado de legitimación social del sistema.

            * En cuarto lugar hay que señalar los dos componentes económico y social. El componente principal del E.B. es el económico, regido por las políticas keynesianas de mayor intervencionismo publico, para asegurar un crecimiento económico estable y mantener el objetivo de pleno empleo. El componente social, está subordinado al anterior.

            Se trataría de dar cobertura universal a la población de una serie de prestaciones (sanidad, educación, pensiones, servicios sociales...), extendiendo el derecho a la ciudadanía social y proporcionando cierto bienestar social especialmente en las sociedades europeas. Por otra parte, en el E.B. se aumentaron el poder adquisitivo y las mejoras económicas y sociales y por otro lado no ha habido un significativa disminución de la desigualdad social o de la redistribución de la renta que se consideran dos grandes logros. Es decir, ha habido una redistribución horizontal dentro de las clases trabajadoras, y no una redistribución vertical con las otras clases sociales.

            b) ALGUNAS CAUSAS DE LA CRISIS.

            Paralelamente a la crisis económica mundial de mediados de los 70, y como su expresión más significativa, aparece la crisis del E.B. Las bases del crecimiento económico con casi pleno empleo se rompen, así como el relativo consenso político y social. Esta pérdida de legitimidad se acentúa ante la pérdida de confianza de la capacidad de intervención del Estado y de las políticas sociales, de la constatación de la persistencia de grandes desigualdades sociales y de la pérdida de ilusiones en el "socialismo del bienestar" y el hundimiento del "socialismo real". Las políticas neoliberales sustituyen a las keynesianas y se refuerza la nueva ideología neoliberal de subordinarlo todo a la economía, regida por la mano invisible del mercado.

            La crisis del E.B. se refuerza también con una serie de dinámicas económicas internacionales (competencia cada vez más fuerte, creciente inestabilidad de las relaciones económicas y monetarias, estancamiento del mercado mundial...) que mantienen a la economía, básicamente, en el estancamiento, aunque se sucedan pequeñas recesiones y recuperaciones. Incluso una relativa recuperación económica no repercutiría en el aumento del empleo, dadas las profundas transformaciones productivas y tecnológicas.

            Todo ello hace que las políticas económicas se trasladen a la economía de oferta, es decir a la mejora de la competitividad en el mercado internacional, y por otra parte, que se consoliden la contención o reducción de los gastos laborales y sociales. No valen las recetas keynesianas de unas políticas expansivas inexistentes, o de un crecimiento con empleo. Por tanto las bases en que se construyeron en Europa los E.B. han cambiado profundamente, y estamos en presencia de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales a las que hay que hacer frente con otras perspectivas y con la posibilidad de que se configuren otros actores sociales en un contexto diferente al de estos últimos 50 años.          

            c) SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO.

            Llevamos ya unos 20 años de crisis del E.B. y muchas fuerzas económicas y políticas han ido renovando su discurso neoliberal: "Es necesario menos estado y más sociedad civil". No cabe duda de que el actual estado ha sido presa de dinámicas despilfarradoras, ineficiencias e incluso corrupción. Todos estos elementos han sido utilizados para desprestigiar al E.B. por las fuerzas de derecha y los grandes poderes económicos. Igualmente aparece un discurso neoliberal de fortalecer la sociedad civil, que normalmente se centra en ampliar la libertad de las fuerzas económicas más poderosas para ampliar su libertad de acción. Es la exigencia del máximo de libertad para las fuerzas del mercado que no deben ser reguladas por los poderes políticos, es decir por el Estado.

            En la tradición de la izquierda tanto socialdemócrata como comunista ha predominado las concepciones estatalistas, de apoyarse en la política y en el Estado para influir en la economía y en la sociedad. Pero esquematizando, a veces parece una confrontación entre Smith para dejar hacer a la "mano invisible del mercado" y Hobbes de garantizar un fuerte Leviatán, un fuerte Estado frente a la sociedad civil que tiende al caos. Este debate, en términos económicos se plantea en torno a la defensa de lo privado frente a lo público y en términos de filosofía política entre la libertad individual y la identidad colectiva del ser humano.

            El futuro del bienestar no puede venir del liberalismo, y menos de las fuerzas del mercado, sin embargo, el Estado actual y la política también dejar traslucir muchas grietas. Estamos en este fin de siglo en una encrucijada donde es necesario un nuevo impulso de reflexión crítica de un nuevo replanteamiento de los elementos clave que han servido para definir las relaciones sociales y el papel del Estado en este siglo. Hay que defender las funciones sociales del Estado de bienestar, y al mismo tiempo abrir otra dinámica que es la de potenciar la sociedad civil revisando el papel del propio Estado.

            En la tradición liberal de potenciar la sociedad civil se expresaba la emergente burguesía frente al Estado del Antiguo Régimen. Tenía un contenido fundamentalmente económico como en Locke, con la prioridad de la defensa de la propiedad privada, frente a la arbitrariedad de un Estado no sujeto a derecho. Pero si hablamos desde el punto de vista de la población trabajadora, y estamos siguiendo una concepción amplia de clase obrera, ésta no puede basarse en la defensa de una economía frente a las instituciones reaccionarias como hizo la burguesía en los siglos XVII y XVIII, sino que debe basarse en su propia capacidad como fuerza social, no como fuerza económica, y enfrentarse al poder económico, transformando la política y el Estado.

            Por lo tanto, no valen ya las viejas formulaciones de la misión histórica del proletariado, inscritas en su propia esencia, y que culmina en su propio Estado socialista, ante la evidencia histórica de su fracaso que ha provocado la confusión y perplejidad actual. Pero tampoco se puede proclamar su muerte, sin más. Se nos plantea la problemática de como se puede constituir unos nuevos sujetos sociales en este fin de siglo, nuevas fuerzas sociales transformadoras.

            Estamos ante uno de los grandes retos del futuro, la renovación de unas relaciones entre sociedad y Estado, que han configurado las sociedades modernas en estos últimos siglos. Las alternativas están entre impulsar una mayor capacidad asociativa y comunitaria o bien en dejarse llevar por las tradiciones más estatalistas de delegación en el propio Estado, o liberales de confiar en el mercado. Se trata de tener una sociedad civil, una sociabilidad fuerte donde el aspecto principal es la propia sociedad, su propia vertebración social y su participación democrática, para influir en la economía y en la política. 

            Aumentar la propia democratización del Estado, su mayor descentralización y la posibilidad de mayor participación democrática supone plantear al mismo tiempo un Estado de bienestar más vigoroso en sus funciones sociales, pero no tanto como aparato burocrático. Pero las grietas producidas por el retroceso de su papel acentúan las necesidades de tener que resolver la propia sociedad múltiples aspectos de asistencia y apoyo social que va dejando el propio Estado. Así aparecen nuevos tipos de organizaciones como la ONG, nuevos papeles del voluntariado social, y por otro lado nuevos impulsos al tradicional papel asistencial de la Iglesia y sobretodo una nueva replanteamiento del papel de la familia.

            La familia, como institución central en los siglos anteriores en la reproducción de la fuerza de trabajo y en su papel de protección social, había modificado algo estas funciones al aumentar el papel del Estado. Ahora nuevamente se plantea una nueva reestructuración de sus relaciones, ampliando su papel y generando unas nuevas contradicciones con el papel de la mujer tradicionalmente subordinado, que durante estas décadas había conseguido incorporarse en gran medida al mercado de trabajo y a la actividad social y política pública, y que ahora nuevamente se plantea su vuelta a casa para cumplir esa tradicional misión de ser el elemento fundamental en la reproducción y protección social.

            El futuro sin embargo no aparece muy optimista. La crisis ideológica y la segmentación social debilitan la capacidad de transformación y resistencia social de las fuerzas de izquierda, del sindicalismo y de los movimientos sociales y populares. La crisis cultural y moral que padecemos en occidente dificulta y al mismo tiempo estimula una renovación del pensamiento y de nuevos valores sociales. Por otra parte, esta situación económica y social pone de manifiesto de forma más clara las miserias y lacras del capitalismo, su pérdida de legitimidad entre amplios sectores sociales y facilita la necesaria crítica al mismo. Las perspectivas de sostenimiento el E.B. tal como ha sido conocido son muy difíciles.

            Como dicen Mishra y Albert las tendencias neoliberales son muy importantes y algunos sectores socialdemócratas también participan del progresivo desmantelamiento del E.B. El retroceso de las fuerzas progresistas y de izquierda, de la capacidad de movilización del movimiento sindical parece imparable a corto plazo. El futuro también aparece con la probabilidad de una mayor división y disgregación de la clase obrera y un retroceso de las organizaciones sindicales y movimientos populares levantadas en torno a ella.

            Tampoco parece que esté en ascenso los nuevos movimientos sociales (pacifistas, ecologistas y feministas) surgidos tras el mayo francés y que han tenido un especial protagonismos en los 80.

            El aumento de la pobreza y la marginación puede facilitar la aparición de nuevos factores de descontento y malestar, de nuevas energías y explosiones sociales, pero, a corto plazo, parece difícil la constitución de nuevos sujetos sociales activos y organizados desde los sectores en paro o precarizados. Las teorías sobre la aparición de un nuevo sujeto a raíz del lumpemproletariado, o de los sectores marginados, de momento no parecen que tengan éxito.

            Sin embargo, la acción contra la pobreza y la desigualdad, la búsqueda del bienestar social seguirá siendo un imperativo ético para los sectores más críticos y solidarios de la sociedad. En este sentido el actual E.B., a pesar de su crisis y debilitamiento todavía tiene una función que cumplir. Pero al mismo tiempo permanece el reto de una profundización crítica sobre el conjunto de las relaciones económicas y sociales, sobre la configuración de un nuevo modelo de Estado y sociedad. Solo así podrá avanzar en una de las tradiciones de los movimientos progresistas desde la Revolución Francesa, como es la lucha por la igualdad social y renovarla para este nuevo siglo XXI.                                                                                                                

                                                                                               Enero de 1997

BIBLIOGRAFÍA :

* LOS TRES MUNDOS DEL ESTADO DE BIENESTAR. G. Espin-Andersen (Ed. Alfonso el Magnánim y Debats)

* EL ESTADO DE BIENESTAR EN CRISIS. R. Mishra (Mº Trabajo)

* CAPITALISMO CONTRA CAPITALISMO. M. Albert (Ed. Paídos)

* LA APARICIÓN ESTADOS DE BIENESTAR. E. Ashford (Mº Trabajo)

* GACETA SINDICAL. Nº Monográfico enero/94. (Ed. CCOO)

* POLÍTICA SOCIAL Y CRISIS ECONÓMICA. I. Cruz (Ed. Siglo XXI)

* LA SOCIEDAD DE LA DESIGUALDAD. Varios (Ed. Gakoa)

* SÉPTIMA POTENCIA. Mario Gaviria (Ediciones B)

* EL SIGNIFICADO DE LA CRISIS. J. O'Connor (Ed. Revolución)

* CLASE, CRISIS Y ESTADO. E. Olin Wright (Ed. Siglo XXI)

* EL ESTADO REGRESA A PRIMER PLANO. T. Skopol (Zona Abierta 50)

* CONTRADICCIONES EN EL ESTADO DE BIENESTAR. C. Offe (Ed. Alianza)

* COMPETITIVIDAD ECONÓMICA Y ESTADO DE BIENESTAR.

            A. Pfaller, I Gough y G. Therborn (Mº Trabajo)

* LA ESTRUCTURA DE CLASES EN LAS SOCIEDADES AVANZADAS.

            A. Giddens (Ed. Alianza)

* LA FORMACIÓN HISTÓRICA DE LA CLASE OBRERA. E.P. Thompson (Ed. Laia)

* IDEOLOGÍA DEL PODER Y EL PODER DE LA IDEOLOGÍA. G. Therborn (Ed. Siglo XXI)

·      TEORÍA DE LAS NECESIDADES HUMANAS. L. Doyal/I. Gough (Ed. Icaria)

Reparto del trabajo,

salario social y ciudadanía

Sumario:

I. EL DIAGNÓSTICO. DE QUÉ SE TRATA

            a) Cómo nació el debate sobre el salario social.

            b) La crisis económico-social y de los sistemas de protección social.

            c) Pobreza, exclusión social y mercado de trabajo.

d)  Evaluación de las RMI y los IMI.

e)   La carta de derechos sociales.

f)    Cobertura asistencial e integración socioeconómica.

g)  Paro, reparto del trabajo y distribución de la riqueza.

h)  Debate de ideas y reforma social.

II.  REPARTO DEL EMPLEO Y SALARIO SOCIAL.

a)  La renta básica según Iglesias y

b)  El reparto del empleo según Riechmann.

c)   Gorz y el papel del trabajo.

d)  La cuestión de la reproducción social según Riechmann.

            e) Derechos económicos de ciudadanía según C. Offe.

f) Oposición y complementaria entre reparto del empleo y distribución de la    riqueza.

            g) La universalidad del salario social.

            h) Condicionalidad y contrapartidas.

            i) Salario social, dualización y mercado de trabajo.

            j) Utopía y posibilismo fiscal y político.

III. DERECHO A LA CIUDADANÍA Y SALARIO SOCIAL.

            a) Los derechos sociales y el concepto de ciudadanía.

            b) Bases para ampliar la ciudadanía según C. Offe.

            c) Ciudadanía y cambio social. La cuestión del sujeto.

            d) La legitimación del marco actual y el socialismo.

            e) Necesidades básicas y ciudadanía.

            f) Motivaciones morales y solidaridad.

Reparto del trabajo, salario social y ciudadanía[2]

I. EL DIAGNÓSTICO. DE QUÉ SE TRATA

A) CÓMO NACIÓ EL DEBATE SOBRE EL SALARIO SOCIAL[3]


Durante los años 50, 60 y parte de los 70, se da una situación de relativo pleno empleo, con la integración a través del trabajo y con los avances del Estado de Bienestar. Durante estas décadas, se modifican y amplían los mecanismos tradicionales de integración social, como la escuela, la familia, la religión, la cultura, la familia o las instituciones democráticas. En ese período cobra nueva fuerza el Estado, transformándose en Estado de bienestar, con la integración de la mayoría de la clase obrera y del movimiento obrero en las instituciones de regulación social, estableciéndose un marco de pacto y estabilidad social  y nacional (enfrentado al Este) en el terreno político-social y de estabilidad  y mejora socioeconómica con el pleno empleo y la protección social. Tras la crisis económica de los años 70, se configura una nueva realidad social con un amplio sector en paro y con una gran franja de pobreza, con dinámicas de desestructuración social, exclusión y marginación. Al mismo tiempo se producen diversos cambios sociales y culturales que la acompañan cuestionándose la validez de los mecanismos de regulación social. Así, se va planteando en Europa, desde los primeros años de la década de los 80, con enfoques más o menos nuevos, el debate sobre las bases para la integración o cohesión social y la utilización de nuevos mecanismos para conseguirlo.

En este contexto se producen los nuevos debates sobre las Rentas o Ingresos Mínimos de Integración o Inserción (Ingreso o Salario Social Universal). Esta diversidad de denominaciones  indica diversos acentos en algunas características y objetivos de estos nuevos planes. Aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en esta nueva propuesta de reforma social, de su relación con otra también parcialmente novedosa como el reparto del trabajo, para, a continuación, comentar el debate de ideas más generales que aparecen.

Se empiezan a sistematizar estos problemas en la Conferencia Internacional de Lovaina (Bélgica) en 1986, y a partir de ahí se comienzan a generalizar algunas medidas institucionales contra la pobreza y la exclusión. Aunque hay antecedentes desde la Revolución Francesa, se puede citar como precedente más inmediato su implantación en Holanda en 1965, siendo por otra parte Finlandia el país que en esta década mantiene hasta ahora un subsidio de desempleo indefinido. En Francia se aplica un Plan amplio desde 1989, que luego analizaremos. También se establece este sistema en Holanda y Bélgica. En el Estado español, se empieza en la Comunidad Vasca en el 89, y luego se va generalizando por casi todas las Comunidades Autónomas.

La Unión Europea publica en 1994 un Informe sobre la protección social en Europa, con la pretensión de establecer objetivos comunes para los Estados miembros. En estos últimos años, con el Plan Delors y la retórica de la construcción de la llamada Europa Social, se está generalizando en todas las instituciones políticas el discurso de la prioridad de la lucha contra el paro y la pobreza y por la llamada cohesión social.

En general, nos encontramos con unos planes muy limitados de los poderes públicos pero que se suelen presentar con un discurso embellecido de sus efectos para la lucha contra la pobreza y la exclusión. Ante el malestar social y los riesgos de cierta disgregación, las instituciones y Gobiernos europeos se han lanzado a una gran campaña de legitimación del orden social vigente. Por una parte, la economía capitalista hace estragos, pero ellos se desresponsabilizan considerándola como una cosa natural. Y, por otro lado, los Estados pretenden dar la imagen de una gran preocupación social. Sin embargo, aunque la realidad se vea poco modificada, es preciso tanto profundizar en el diagnóstico de estos nuevos cambios socioeconómicos como, sobretodo, valorar críticamente el conjunto de discursos e ideas, algunos nuevos, y otras presentadas con nuevos ropajes más o menos legitimadores o reformadores del actual orden social.

B) LA CRISIS ECONÓMICO-SOCIAL Y DE LOS SISTEMAS

DE PROTECCIÓN SOCIAL

El comienzo de la crisis del Estado de bienestar se remonta a los años 70, se amplia en los 80, y ahora en los 90, lejos de atenuarse, se acentúa. Los rasgos más visibles son el aumento del paro y el mantenimiento de un alto volumen de desempleo, el alto crecimiento del empleo precario, el recorte o estancamiento del gasto social y de las prestaciones y derechos sociales. Todo ello supone un aumento sustancial de la desigualdad social, de la segmentación y dualización social, del aumento de amplias bolsas de pobreza y nuevas dinámicas de marginación y exclusión social.

1. Algunas características del Estado de Bienestar

El Estado de bienestar, como proceso de reformas sociales y económicas, fue una respuesta a la grave crisis europea de los años 30, seguida por la IIª guerra mundial y la consolidación del "socialismo real" en el Este. Buscaba unos objetivos: hacer a la economía capitalista más productiva y armoniosa, asegurar la estabilidad y la cohesión social, y fortalecer el sentimiento de solidaridad y de comunidad nacional. Todo ello con un amplio consenso político y con un alto grado de legitimación social del sistema.

2. Componentes del Estado de bienestar

El componente principal del Estado de bienestar es el económico, regido por las políticas keynesianas de mayor intervencionismo público, para asegurar un crecimiento económico estable y mantener el objetivo de pleno empleo. El componente social está subordinado al anterior. Se trata de dar a la población la cobertura universal de una serie de prestaciones (sanidad, educación, pensiones, servicios sociales,...), extendiendo el derecho a la ciudadanía social y proporcionando cierto bienestar social especialmente en las sociedades europeas.

3. Algunas causas de la crisis del Estado de bienestar

Paralelamente a la crisis económica mundial de mediados de los 70, y como su expresión más significativa, aparece la crisis del Estado de bienestar. Las bases del crecimiento económico con casi pleno empleo se rompen, así como el relativo consenso político y social. Esta pérdida de legitimidad se acentúa ante la pérdida de confianza de la capacidad de intervención del Estado y de las políticas sociales, de la constatación de la persistencia de grandes desigualdades sociales y de la pérdida de ilusiones en el "socialismo del bienestar" y el hundimiento del "socialismo real". Las políticas neoliberales sustituyen a las keynesianas y se refuerza la nueva ideología neoliberal de subordinarlo  todo a la economía, regida por la mano invisible del mercado.

La crisis del Estado de bienestar se refuerza también con una serie de dinámicas económicas internacionales (competencia cada vez más fuerte, creciente inestabilidad de las relaciones económicas y monetarias, estancamiento del mercado mundial...) que mantienen a la economía, básicamente, en el estancamiento, aunque se sucedan pequeñas recesiones y recuperaciones. Incluso una relativa recuperación económica no repercutiría en el aumento del empleo, dadas las profundas transformaciones productivas y tecnológicas. Todo ello hace que las políticas económicas se trasladen por un lado a la económica de oferta, es decir a la mejora de la competitividad en el mercado internacional y, por otra parte, que se consoliden la contención o reducción de los gastos laborales y sociales. No valen las recetas keynesianas de unas políticas expansivas inexistentes o de un crecimiento con empleo. Por lo tanto, las bases en que se construyeron en Europa los Estados de bienestar han cambiado profundamente, y estamos en presencia de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales a las que hay que hacer frente con otras perspectivas y con nuevas energías sociales.

Con respecto a las políticas sociales hay planes más universalistas (Reino Unido -Plan Bedverige- 1942) o más contributivos (Alemania). Las prestaciones sociales son elementos de garantía frente a los riesgos (de enfermedad, paro, vejez) o preparación para la socialización e incorporación al mercado de trabajo y a la sociedad (escuela, familia, nación, etc.). El empleo es un elemento de integración fundamental y ampliamente mayoritario con incorporación masiva de la juventud y una gran parte de las mujeres. En ese contexto el paro, la pobreza y la exclusión son considerados aspectos secundarios y transitorios. Se generaliza la protección social a la gente empleada y a sus familias ante sus condiciones de riesgo. Para los sectores más pobres son las llamadas políticas sociales de carácter asistencial y benéfico (los servicios sociales) o bien sistemas de protección y redistribución, como el subsidio de desempleo, apropiados a esa función de complemento transitorio y que afecta a una pequeña parte, o sea al paro cíclico, ya que no hay paro estructural.  Tenemos, pues, casi pleno empleo y dos tipos de prestaciones sociales para el grueso de la población: una en especie (educación y sanidad de carácter casi universal y relativamente igualitaria más otros como vivienda, transporte, bienes culturales...) y otra monetaria (subsidio de desempleo y pensiones). Y para la gente ‘marginal’ se establecen unos servicios sociales (y la asistencia de la Iglesia) con un carácter cuasi benéfico. Sin embargo, desde los ochenta se desborda esta situación ante una realidad de otra dimensión cualitativa.

Según C. Offe[4] hay una crisis de los sistemas de regulación social. Es interesante plantearlo en esos términos: no es una crisis coyuntural o exclusivamente económica, sino también civilizatoria, es decir, pre-política, de fondo y duradera y por tanto de cuestionamiento de los sistemas de regulación institucional, normativa y de valores, etc., junto a las dinámicas de insolidaridad y disgregación social. Por tanto, junto con la crisis económica (el polo económico) se desestabiliza el Estado de bienestar (el polo social), con lo que se configura una nueva realidad social de conjunto donde se modifica y replantea el papel de cada mecanismo. Todo ello configura una nueva estructuración social, mayores contradicciones internas en la clase obrera, una distinta configuración del orden social y de los mecanismos de integración (empleo...). En particular aparece la necesidad de un nuevo replanteamiento de las políticas sociales y del Estado de bienestar que supone un reto en el plano práctico (político, económico y social) y en el cultural (de la sociedad) y teórico (de las élites).

Ante esta situación, se abre una nueva etapa histórica con cambios en las políticas institucionales. La derecha se vuelve neoliberal, así como la mayoría de la izquierda, con algunos tintes de liberalismo social, mientras otra parte se mantiene en los postulados socialdemócrata-keynesianos. Esta última se  mantiene, en lo fundamental, con  los mismos presupuestos y políticas basados en el pleno empleo y el Estado de bienestar. Sin embargo hay alguna renovación con posiciones ‘neorreformistas’ y además de mantener los elementos anteriores o cambiándolos parcialmente, se  introducen dos ejes parcialmente novedosos: reparto del trabajo y/o la redistribución de la riqueza a través del salario social.

Por lo tanto, frente a las dinámicas de disgregación y exclusión social y de retroceso de los derechos sociales y del Estado de bienestar, se trata de afirmar la ciudadanía social, la defensa y ampliación del Estado de bienestar y la profundización de los mecanismos de integración y sociabilidad. Por otra parte aparece una nueva incógnita: la evolución cultural y sociopolítica de esa gran bolsa de juventud precarizada (en más del 60% entre los 16 y 29 años) y, ante el bloqueo socioeconómico, su expresión asociativa y cultural en la próxima década.         Debemos hacer la salvedad del caso español, donde el Estado del bienestar es bastante raquítico y muy reciente, dado que prácticamente no empieza hasta los años 70. Además ha habido una fuerte emigración interna y externa, una frágil economía, y a finales de los 70 y en los 80, cuando estas dinámicas de ampliación del bienestar social se bloquean y empiezan a entrar en crisis, los efectos aquí son más amplios y los mecanismos de integración más débiles.

C) POBREZA, EXCLUSIÓN SOCIAL Y MERCADO DE TRABAJO[5]

La cuestión es que hay  más de 8 millones de pobres de los que el 40% depende de una  pensión, pero la pobreza se da cada vez más entre la juventud que sigue esperando una mejora socioeconómica. Por otro lado tenemos unos 4 millones de parados, y cerca del 40% de personas con empleo están en precario, la mayoría jóvenes y  dándose también la generalización del trabajo a tiempo parcial entre las mujeres. Y todo ello sin expectativas de mejorar a través del trabajo. En Madrid, cerca de 400.000 parados/as y 500.000 pobres (el 9,4%) en 1995 (11,9% en 1988), y unos 60.000 en extrema pobreza (el 1,2%).

Algunas puntualizaciones sobre conceptos:

1. El concepto de pobreza

Hay que definirlo en términos relativos, es decir en relación al nivel medio de renta de la sociedad en cada momento. Ahora estamos hablando de sociedades occidentales y con un contenido fundamentalmente socioeconómico. El criterio europeo más aceptado es el de considerar pobre a la persona que no dispone del 50% de la renta media individual del país.

En el caso del Estado Español la renta media per cápita no llega a las 86.000 ptas. mensuales (1995), con lo que pobre es una persona con menos de 43.000,- ptas. y pobre severo cuando no llega al 25%, es decir a 21.500,- ptas. Por lo tanto, no hablamos de mendigos o de  marginales, sino de una realidad más amplia, incluyendo a la pobreza moderada. Por lo que si hablamos de medidas, éstas deberían afectar a cerca del 25% de la población de forma estable o estructural (en el Estado español en torno a 10 millones de pobres o rondando la pobreza).

2. El concepto de exclusión social

Exclusión hace referencia a ‘estar fuera’ mientras otros ‘están dentro’, y tiene una dimensión socioeconómica, pero sobre todo social y cultural. 

Al referirse a la exclusión social estamos hablando de los que están o se sienten fuera del tipo de normas, derechos, instituciones y niveles de bienestar comunes del conjunto de la sociedad. Para calcular su dimensión podemos optar por considerar solamente a las personas que no participan en el conjunto de la sociedad, o por considerar a todas las personas que están excluidas sólo en algún aspecto o faceta determinada y en otras no. El asunto tiene su importancia, ya que si tenemos una concepción restringida de la exclusión social y definimos el trabajo social como la acción específica a este sector, sigue vigente el gran problema de la acción con respecto al conjunto de la gente pobre y marginada. Estamos por tanto en la tensión entre un universalismo más general y la prioridad a los sectores más excluidos con servicios sociales específicos. Esta cuestión es resoluble si no encubre la ausencia de recursos y la falta de responsabilidad del Estado con respecto al conjunto de la población.

3. El concepto de marginación

Éste expresa una situación donde se dan aspectos culturales, étnicos, nacionales, de género, de opción sexual, etc. y que pueden coincidir o no con otros rasgos.

En este campo aparecen un montón de problemas y la modificación en determinados sectores de las pautas de comportamiento y los valores culturales, sexuales y éticos dominantes. Implica un replanteamiento de los conceptos de inadaptación o conducta desviada, y las alternativas de normalización y, más en general, de las propias pautas culturales de la civilización occidental.

Por lo tanto, cuando se habla de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, pueden variar mucho las dimensiones del personal afectado y las implicaciones presupuestarias, sociales y culturales. Es decir, se suele hablar de cosas muy diferentes, incluso con enfoques políticos y teóricos contrapuestos. Aquí nos vamos a centrar en la dimensión socioeconómica, sin entrar a valorar los aspectos más específicos del resto de los problemas, mecanismos y políticas que conlleva la marginación y la exclusión social.

De entrada, hay que precisar la relación de la división del mercado de trabajo y la pobreza empezando por la importante la distinción de planos entre empleo y pobreza. La segmentación o división del mercado de trabajo no se realiza sólo en dos partes homogéneas y bloqueadas entre sí, de gente con empleo y gente en paro. Así, la gente empleada se puede agrupar en varios segmentos:

- Uno, de personas fijas (mercado primario con empleo estable, cualificaciones altas y estatus de clase media).

- Otro, compuesto por un gran sector de personas fijas (llamado también mercado primario subordinado, especialmente en algunos países como el Estado español) pero vulnerables con baja cualificación, con poca capacidad adquisitiva y de consumo (contemplando el ámbito de la familia como unidad de consumo).

- Un tercero, de gente precaria (mercado secundario con empleo inestable o a tiempo parcial), y que en el tiempo unas veces aparece como parada y otras como empleada.

- Un cuarto, de las personas desempleadas (algunas de las cuales pueden pasar a lo largo del año por un empleo regular o irregular).

 -Si a estos cuatro bloques añadimos un quinto formado por las personas que son consideradas inactivas, pero en realidad son paradas 'pasivas' o resignadas hasta que ven alguna posibilidad de incorporarse al trabajo (que es cuando engrosarían las estadísticas de paradas) tenemos cinco segmentos más reales de la situación del conjunto del mercado de trabajo.

Estadísticamente pertenecerían entre 3 y 4 millones de personas a cada uno de esos segmentos.

Como dice Offe, el tipo de contrato es muy importante para fijar las rentas y el estatus de las personas, pero ya no es siempre el elemento central. Así, tendríamos gente empleada, incluso fija que puede estar en el umbral de la pobreza, y por otra parte gente en paro o con contrato precario, pero que por otros recursos familiares o de rentas está perfectamente integrada y con cierto nivel de consumo.

D) EVALUACIÓN DE LAS RMI Y LOS IMI[6]

1. Las Rentas Mínimas de Inserción (RMI)

La experiencia francesa de la implantación de las RMI entre los años 1989 y 1992 es de las primeras y más amplias. El Gobierno de derechas de Balladur anuló este programa en el año 93 aunque, posteriormente, la misma derecha, desde la victoria de Chirac, ha intentado utilizar demagógicamente estos programas contra el paro y la desigualdad,  especialmente tras el fuerte conflicto social de diciembre del año 95. Todo ello no ha tenido mucho éxito social, y ante el estancamiento real de las políticas sociales se ha generado en Francia un nuevo clima que ha llevado a la izquierda al Gobierno.  En el Estado español se ha aplicado de forma parcial y reducida, reproduciéndose los diferentes problemas teóricos y prácticos a diferente escala.       Para sintetizar esta experiencia podemos entresacar algunos aspectos del Informe realizado por la Comisión Nacional francesa de Evaluación del RMI:

- Según ese Informe, el RMI ha constituido un avance social y jurídico innegable al dar, en el curso de estos tres años, el derecho a condiciones adecuadas de existencia a 950.000 personas, es decir, a cerca de 2 millones de personas incluyendo los beneficiarios indirectos.

- Ha conseguido efectivamente garantizar a los perceptores una cierta seguridad material y una mejora de sus condiciones de vida.

- Por contra, en tanto que dispositivo de inserción, ha suscitado una dinámica insuficiente en relación con las esperanzas que había despertado entre los beneficiarios.

- El nuevo dispositivo no ha llegado principalmente a las poblaciones en las que se pensaba en un principio, es decir, a las que viven en el cuarto mundo y poblaciones marginadas. A destacar que afecta sobre todo a mujeres solas y jóvenes.

- Las dificultades en el acceso al empleo y por tanto a la inserción socioeconómica son bastante insuperables y la lógica del mercado de trabajo determina que se reintegren por esta vía los que ya están en mejores condiciones. La propia tendencia hace separar la dinámica de formación ocupacional y apoyo a la búsqueda de empleo de los sectores menos marginados, seleccionando a los más "competitivos", de una dinámica sin perspectivas de integración socioeconómica, tímidamente asistencial y que mantiene la bolsa de la exclusión social.

2. El Ingreso Madrileño de Integración (IMI)

Ésta es una prestación cuyo acceso se limita a las personas con unos ingresos inferiores a un límite determinado, que es de ámbito familiar (no individual), limitada en el tiempo (normalmente semestral pero prorrogable) y que vincula la prestación económica a un llamado contrato de inserción que puede tener más un contenido de inserción ‘social’ o ‘laboral’, según la gente beneficiaria y sus expectativas o posibilidades de entrar en el mercado de trabajo.

a) Aspectos concretos sobre población atendida y algunos datos comparativos:

- La población atendida es de 9.123 personas (Unos 8.000 anuales). 6.350 en Madrid capital, 2.138 en la corona metropolitana y 635 en el resto de la Comunidad.

- En Madrid, el año 1992, se utilizaron 3.084 millones y en el 93, el presupuesto fue de 2.909 millones de presupuesto. Para el año 94, el presupuesto fue similar de 2.900 millones. Desde 1995 sigue congelado en unos 3.000 millones. La media mensual es de unas 37.000 ptas. por persona.

- El presupuesto del conjunto de Comunidades Autónomas para el año 1992 fue de 22.000 millones y en 1993 unos 30.000 millones. Todo ello son las prestaciones monetarias.

- En el caso francés con encontramos con unas cifras de unos 222.000 millones de ptas. en 1991 ( al cambio actual serían cerca de 300.000 millones) Es decir una diferencia sustancial de diez veces mas que en el caso español, teniendo una tasa de paro inferior a la mitad (un 11% frente al 24% español).

- En algunas estadísticas y para embellecer el caso español, se cuentan todo el conjunto de gastos en el tratamiento de esta asistencia social (gastos de personal, de infraestructura, de administración, sanitarios, de proyectos de formación etc.) con lo que se llegaría a unos 255.000 millones en 1991 en el caso español y unos 32.000 millones en Madrid.

- Si tenemos en cuenta el conjunto del presupuesto de gasto social (incluyendo las pensiones contributivas y todo tipo de subsidios, servicios sociales etc.) en 1989, Francia dedicó 30 billones de ptas. (al tipo de cambio actual, serían unos 40), y España en torno a 11 billones. Si recordamos, el dato de la población atendida en Francia con las RMI, en tres años, era de  un millón, y en el caso español de unas 200.000 (en Madrid unas 25.000). Es decir, no estamos sólo ante diferencias cuantitativas, sino cualitativas en relación con la amplitud de la población afectada, las dinámicas de integración conseguidas y los efectos de conjunto, teniendo en cuenta que la situación en España es mucho más grave.

- Por último, para hacernos una idea con respecto a su incidencia sobre la situación de conjunto, se puede constatar que en Madrid existen unos 500.000 pobres. Hay más de medio millón de pensionistas y según la EPA, unas 400.000 personas en paro, de todos los cuales, una parte son pobres y otra no. Por tanto, con el mecanismo IMI, se está atendiendo solamente, a menos del dos por ciento de la gente pobre en Madrid.

3. Algunas conclusiones sobre el RMI y el IMI

Ambos tienen en común de que se trata de un ‘subsidio condicionado’ a un ‘contrato de inserción’ para las ‘familias’,  para ‘compensarlas’ cuando no llegan a un nivel de renta próximo al umbral de pobreza.

A veces aparecen contrapuestos el derecho de ciudadanía frente a la lucha contra la pobreza (con el IMI y RMI). No hay que establecer, si embargo, una oposición tan tajante entre estos objetivos. La diferencia más importante desde el punto de vista práctico, es decir, de su efectividad en la lucha contra la exclusión y de su función social, es la limitación de los actuales mecanismos y sus beneficios a unos sectores muy reducidos de los pobres. Así, la vinculación del derecho al condicionamiento de los planes de ‘inserción’ los convierten en un sistema de control, selección  y rechazo de la prestación para dejarlo en un mecanismo muy limitado por su ridiculez presupuestaria ( el 0,038 del PIB) y de personas que cubre, algo más del 1% (unas 100.000 personas mientras las RMI francesas cubren diez veces más) del conjunto de los ‘pobres’. Por lo tanto, es un pequeño paso (algo mayor en Euskadi y bastante más en Francia) para un pequeño sector y fuente de experiencia, y que se queda, a veces, en un instrumento de propaganda, de neutralización del posible malestar y de embellecimiento institucional. Comparativamente, tiene todavía un peso presupuestario  mucho mayor (casi medio billón) y de personas beneficiarias (más de medio millón) el subsidio de desempleo pagado durante seis meses a las personas paradas que han terminado sus prestaciones contributivas de desempleo.

a) La primera de las reflexiones nos lleva a destacar las diferencias substanciales de las dimensiones del IMI (madrileño y de todas las comunidades autónomas) y de las RMI francesas.

Desde esa comparación, los IMI tienen una función todavía más limitada para la lucha contra la pobreza y la exclusión. En el caso español, los IMI han afectado a unas 70.000 personas. No llega al 2% de la población pobre. Ante sus límites presupuestarios y de personas afectadas, tampoco podemos hacer de la necesidad virtud, y plantear los IMI exclusivamente para pobres extremos y excluidos. Desde una perspectiva más unificadora de las prestaciones sociales (subsidios de desempleo, PER...) y pensiones (contributivas bajas y no contributivas), nos encontraríamos con un mecanismo algo más amplio de prestaciones económicas, aunque globalmente siguen siendo unos instrumentos todavía limitados. Otra cosa es la experiencia directa que reporta, el tipo de trabajo profesional y el papel del voluntariado, la relación con personas "imistas", etc., y todo el conjunto de problemas prácticos, de orientación, y teóricos que asoman desde esta actividad.

El problema se plantea cuando se presenta de forma embellecida como instrumento fundamental para la lucha contra la pobreza y la exclusión, con una función de propaganda legitimadora de las políticas de las instituciones públicas y de excusa ante el agravamiento del empobrecimiento masivo de amplios sectores sociales.

b) Un segundo problema sustancial, al igual que en Francia son los límites cualitativos para su supuesta función  de integración social.

El informe reconoce las dificultades para la inserción en el mercado de trabajo. La crisis y las condiciones económicas futuras no anuncian una mejoría de este aspecto. En este sentido, no es muy efectiva la tradicional orientación general de conseguir un empleo como instrumento de integración social. Se parte de este aspecto para volcarse fundamentalmente en mejorar las condiciones personales, formativas y profesionales en relación al mercado de trabajo. Con esa dinámica, como también se dice en el informe, se tiende a priorizar los sectores más rentables a corto plazo en su incorporación al mercado de trabajo. Se desplaza la atención de la clásica asistencia social sin contrapartidas y guiada por las necesidades de cada sector y persona, para centrarse en el personal más rentable y competitivo para esta nueva función de inserción laboral. Y por otra parte está el componente más ‘social’ de la inserción para los sectores más excluidos y marginados del mercado laboral, y que suele tiene connotaciones de conseguir una mayor  normalización  cultural y social.

c) En tercer lugar, hay que destacar las restricciones presupuestarias para el gasto social y en particular para las prestaciones sociales y las pensiones.

Se puede decir que las restricciones presupuestarias para las prestaciones sociales asistenciales se pretenden justificar haciendo hincapié en que la solución pasa por los esfuerzos personales, tanto de los profesionales de los servicios sociales como de las propias personas para los proyectos de integración con el argumento progresista de "mejor enseñar a pescar que dar peces".

Igualmente, en la otra faceta de la lucha contra el paro vinculada al INEM, se intentan ampliar algo los presupuestos de unos 65.000 millones (90.000 millones según el presupuesto para 1998) para las llamadas políticas activas de empleo, sobre todo a través de la formación ocupacional y el autoempleo, pero se reducen, como efecto del Decretazo del 92 y de la contrarreforma laboral, las prestaciones y subsidios por desempleo en cerca de medio billón con el mismo argumento de que lo importante es prepararse para un nuevo empleo, es decir, aprender a pescar. Si comparamos esta disminución con lo que se dedica al salario social que supone unos 30.000 millones, para menos de 100.000 personas, nos encontramos con que su partida presupuestaria es una ridiculez. Así, 325.000 personas cobran una pensión no contributiva con media de 32.000 ptas. y un total de 160.000 millones. Si contamos el subsidio de desempleo ‘no contributivo’ tenemos unos 600.000 millones para medio millón de personas. Sin embargo, la nueva situación política y socioeconómica hacen temer nuevos recortes del gasto social y en particular el recorte de las pensiones y del subsidio de desempleo, además de otras prestaciones sociales. El aumento del subsidio de desempleo y de las pensiones bajas son un componente central para reducir la pobreza.

E) LA CARTA DE DERECHOS SOCIALES Y OTROS

INTENTOS INNOVADORES

1. Los elementos fundamentales de esta Carta de Derechos Sociales promovida en Euskadi por un conjunto de fuerzas sociales y sindicales y presentada al Parlamento autónomo vasco, a través de una Iniciativa Popular Legislativa, son los siguientes:

- Reparto del empleo y distribución de la riqueza en función del mercado de trabajo.

- Tener la condición de paro siendo la prestación indefinida para ‘quienes demandan y no encuentran empleo’.

- ‘El derecho de ciudadanía implica obligación social de contribuir con su trabajo’.

- Se establece un ‘acuerdo negociado de aportación o contrapartida social’ (no laboral).

Es decir, es similar al clásico subsidio de desempleo indefinido con la contraprestación social. Del texto no se deduce que dentro de esa contrapartida se incorpore también la preparación para el mercado de trabajo (formación profesional, etc.) que es actualmente  la presión social principal.

Las polémicas principales, que denotan la diversidad de enfoques de fondo sobre la ciudadanía y el papel del trabajo en la sociedad  se han centrado en la importancia mayor o menor de los aspectos de reparto del empleo o la distribución de la riqueza y, en segundo lugar, en la vinculación y las características de la contrapartida social. Por otra parte la universalidad se concreta en un derecho de la gente ‘parada’ que ‘busque empleo’ y mientras esté en paro, es decir, una vinculación muy excesiva con el empleo y el  mercado de trabajo.

2. Realidad y retórica de otros intentos innovadores: sus límites

Los planes y proyectos a los que nos vamos a referir suponen ciertos intentos de reformas parciales que pretenden generar una expectativa social nueva.

En Europa se pueden destacar:

          - El plan francés Aubry, el más interesante de todos, con empleo para unos 350.000 jóvenes con trabajo en organismos públicos, con subvención del 80% por el gobierno y el resto por el organismo correspondiente, por un periodo de cinco años, complementado con el ‘objetivo’ de la reducción de jornada a 35 horas para el año 2000, cuestión que pretende imitar el Olivo y Refundación comunista en Italia.

- El Plan Blair, de 871.000 millones de ptas. repartidos entre unos 178.000 jóvenes que no podrían renunciar a una oferta de empleo o de trabajo comunitario.

Estamos en un cambio del clima político-electoral en Europa pero todo ello se mantiene en la dinámica del Plan Delors y la Europa social con la aceptación del marco económico internacional  y de Maastrich, y las políticas económicas neoliberales y restrictivas. En todo caso, estamos asistiendo también a la gran retórica y discurso de la acción contra el paro y por la ‘cohesión social’, desproporcionado con respecto a los avances reales en este campo, positivos, pero todavía lejos de conseguir reformas de gran envergadura contra el paro y la exclusión. Otra propuesta socialdemócrata es la de Esping-Andersen de favorecer la precariedad juvenil, en una especie de reparto generacional del empleo para estabilizar el de los adultos, y estimular el empleo en los servicios, externalizando el trabajo doméstico hacia la economía formal e incorporando a la mujer  (con unos planes de formación específicos y desarrollando contratos a tiempo parcial) a ese empleo.

Aquí se puede destacar el Plan Jaúregui del gobierno vasco de unos 9.000 millones para unas 12.000 familias que amplía los planes anteriores y que pretende contrarrestar la Iniciativa popular legislativa de Euskadi. Los sindicatos mientras tanto, siguen con sus propuestas, quedándose muchas veces en el terreno de la propaganda, sobre la necesidad de crear empleo y hablar sobre el reparto del trabajo con el Gobierno.

F) COBERTURA ASISTENCIAL E INTEGRACIÓN

 SOCIOECONÓMICA     

Con frecuencia se plantea la contradicción entre la necesidad de una buena cobertura asistencial y económica por una parte, y una dinámica de integración socioeconómica y de empleo, por otra, como términos excluyentes. Incluso, a veces, se extreman las críticas a la tradición asistencialista, por ejemplo de la Iglesia, o el quedarse solamente en las contribuciones económicas para priorizar los proyectos de integración y promoción de empleo, cuando hay grandes necesidades y deficiencias en ambos campos.

Desde este punto de vista, debería producirse tanto una ampliación presupuestaria como una mayor envergadura de los programas y posibilidades de integración, tanto laboral como social, así como el estimulo de formas de actividad social y comunitaria. La crítica podría venir en relación con las características de esa integración o con su papel de control social (con los intentos de ‘normalización’, etc. que se pueden cuestionar), y con respecto a la voluntariedad (aunque en algunos aspectos se entrecruzan los derechos individuales y sociales) o identidad especifica de cada grupo humano.

Así, desde la sociedad se pueden establecer tanto subsidios como mecanismos de integración. No se trata de coartar la necesaria autonomía y libertad individual, sino de dar más posibilidades socioeconómicas para fortalecerlas. Y no se trata tampoco de estimular el individualismo, sino la participación y vinculación a los grupos sociales y comunidades en que se institucionaliza la sociedad (en el contexto de la socialización, nacionalización...). La experiencia nos dice que en numerosas ocasiones se da el conflicto entre la autonomía individual (o grupal) y las dinámicas forzadas de asimilación o control social.

Por lo tanto, aunque en un sentido abstracto es importante ayudar a los procesos de integración social a través de una participación personal más activa, hay que asegurar la asistencia social y las prestaciones económicas independientemente de los contratos de inserción, establecidos siempre de forma voluntaria. En la experiencia de los IMI se dan los dos componentes de forma dependiente, aunque en algunos predomina más la prestación monetaria y en otros el contrato de inserción.

El problema, dada la carestía presupuestaria es que los contratos de inserción se convierten en una barrera, y la exigencia de "integrarse" es un pretexto para no responsabilizarse de una grave y amplia situación de pobreza y restringir las prestaciones económicas. Por otra parte, la experiencia de los actuales programas de inserción suponen muchas veces una forma de aumentar el ‘control social’ sobre la parte de la población más marginal.

Por último, hay que señalar que el desarrollo actual de los programas de formación ocupacional, con una subvención importante de la UE, permite llevar a cabo y financiar cierta labor de los sindicatos y de nuevas instituciones, y realizar campañas de opinión sobre la lucha contra el paro o las llamadas ‘políticas activas de empleo’. A veces son utilizados por el Gobierno para suprimir partidas presupuestarias a los subsidios de desempleo (las llamadas políticas pasivas), y en su gran mayoría, suelen quedarse en mantener a la gran bolsa de gente parada, rotando a veces con un trabajo precario e inestable, aunque sosteniendo ciertas expectativas a corto plazo pero que, en un futuro, suelen acabar en nuevas frustraciones para muchas personas.

G) PARO, REPARTO DEL TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN

 DE LA RIQUEZA

El pleno empleo, como objetivo social a conseguir, está subyacente en los planes de lucha contra la pobreza. Sin embargo, la dinámica económica en las sociedades occidentales va a mantener una alta tasa de paro, y la estrategia neoliberal va a agudizar la pobreza y el aumento de la desigualdad social. Con la presente crisis económica, y en la próxima década, puede haber relativo crecimiento económico, pero dado el desarrollo tecnológico, no se va a generar apenas empleo. Según las proyecciones más optimistas con un crecimiento anual del PIB del 4%, se mantendría el empleo y por tanto el estancamiento de las altas tasas de paro.

1. Algunos aspectos y datos sobre empleo

a) La creación de empleo  

Esping-Andersen es de los que apuesta por la 'externalización' del trabajo doméstico pensando en generar mucho empleo en los servicios e incorporar a las mujeres al trabajo asalariado. Es conocido el artículo de J. Albarracín y P. Montes sobre su valoración de que una disminución del 20% de la jornada de trabajo (de 40 a 32 horas) supondría apenas una creación de 4 puntos de empleo. La fórmula empresarial de flexibilización de los horarios puede ir generalizando (más que el ocasional reparto del empleo) la 'adaptación' de la fuerza de trabajo a las necesidades de la producción (con la consiguiente reducción de empleo), o bien los contratos a tiempo parcial (por jornada reducida) o de forma discontinua y 'flexible' pueden generar más empleo pero sin ser estable, y garantizar el poder adquisitivo medio. En este sentido las patronales van imponiendo en la realidad su formula de ‘reparto del empleo’, pero no pagándolas y manteniendo de forma disciplinada y flexible la mano de obra.

Por otra parte, hay que tener en cuenta el tipo de empleo creado (parcial o total) y la dimensión de la población activa. Por ejemplo, en Holanda ha crecido bastante el empleo (pero a tiempo parcial) y la mayoría de esas personas (que son mujeres y un sector de jóvenes) aceptan voluntariamente esa jornada y rechazarían estar a tiempo completo. En cambio, en el Estado Español la gran mayoría dice que desearía trabajar a tiempo completo. Una de las razones es que los niveles salariales son mucho más bajos aquí y el porcentaje de la población activa es mucho menor. Aquí no habría mucha aceptación entre la gente que tiene (o depende de) un empleo, una reducción de la jornada con reducción salarial.

b) Relación entre el paro y las variables económicas

El empleo es difícil de modificar, pero el nivel de paro, que depende además de la evolución demográfica, puede tener algunas fluctuaciones significativas. Por ejemplo, en España, tenemos casi el 24% de paro, y en Portugal apenas el 6%. En Francia y Alemania, en torno al 12%, con fuerte inmigración. Aquí, en 20 años, no se ha creado más empleo global, pero se ha destruido un millón de puestos de trabajo en la agricultura y se ha creado otro millón en los servicios (una parte en la Administración. pública). Por otra parte, se ha trasvasado otro millón de la industria y construcción al sector de servicios (debido a la disociación o subcontratación de las áreas administrativas, comerciales o de servicios de muchas empresas que antes se contabilizaban como empleo industrial). Es decir, el sector industrial, a pesar de todas las reconversiones, mantiene un similar volumen de empleo, habiendo destruido y creado empleo, y es al mismo tiempo el de mayor crecimiento de la productividad. Por lo tanto, sí se ha creado empleo nuevo, aunque se ha destruido mucho del sector agrícola en estos 20 años, cosa que no puede suceder en los próximos veinte. En el sector servicios, aunque se genere nuevo empleo en diversas áreas de 'servicios personales', probablemente bajará por la informatización en las áreas administrativas y financieras, estancándose en la Administración pública. En todo caso, las políticas económicas de los gobiernos, y menos la acción sindical, tienen poco margen para condicionar esas variables económicas.

c) Relación entre paro y evolución demográfica

Algo muy importante que puede hacer bajar la tasa de paro con el mismo volumen de empleo es la evolución demográfica. Las nuevas generaciones en edad de trabajar van disminuyendo en dimensión, fruto de la baja natalidad desde finales de los años 70. Es decir, la población activa puede disminuir en un millón en los próximos quince años y bajar el paro, de los cerca de 3,5 millones a dos millones y medio si hay un mayor crecimiento o algo de reparto del empleo (o desarrollo de los contratos a tiempo parcial), a millón y medio. Ésta es la versión optimista, aunque no alejada mucho de la realidad. Por otro lado, hay que contar con que la población activa española es del 48%, la más baja de Europa a diferencia de la media europea en que el porcentaje de población activa es superior a la española (por ej. Portugal alcanza casi 20 puntos más y Dinamarca el 75%), y que hay una bolsa de más de 3 millones de personas inactivas compuesta por una gran mayoría mujeres y una parte de jóvenes, que no buscan ahora empleo (y no son considerados activos manteniéndose una parte en la economía sumergida), pero que podrían desear un empleo si aumentasen las expectativas. Al incorporarse al mercado de trabajo, se pasaría a aumentar el paro significativamente (sin modificar las dinámicas inmigratorias).

Por lo tanto, dada la crisis de las políticas keynesianas, el tipo de crecimiento, los efectos limitados del reparto del empleo y la evolución demográfica, en los próximos 15 años podemos tener un paro permanente entre el 10% y el 30%. Los efectos sociales y las repercusiones en los sistemas de prestaciones sociales no serán indiferentes si la tasa se acerca a una u otra cifra, notándose más según su distribución geográfica y los colectivos sociales más afectados (jóvenes con el 42% de paro, mujeres con el 29% y de larga duración que son la mitad del total, siendo especialmente grave la existencia de cerca de un millón de familias sin ningún componente con empleo).

d) Los efectos sobre el empleo del reparto del trabajo

Sobre la base de considerar que el empleo es el elemento principal para la integración social, y admitiendo la dificultad existente para generar empleo, el reparto de trabajo aparece como un elemento de redistribución e igualdad. No se pone tanto el acento en la creación de empleo a través de la expansión de la demanda y de las políticas keynesianas clásicas, sino por la redistribución del empleo existente. Sin embargo, una fuerte reducción de la jornada de trabajo en torno al 20%, apenas reduciría el paro en torno al 4%, es decir unos 400.000 nuevos empleos. Se mantendría por lo tanto una tasa de desempleo cercana al 20% y siempre con más de 3 millones de parados. También habría que considerar que si la reducción de jornada se hiciera con reducción salarial y dado los bajos salarios españoles, se generaría otra dinámica de empobrecimiento en una gran parte de la población.  En conclusión, aunque son muy interesantes algunos de los problemas puestos en cuestión con estos debates, las tendencias dominantes no apuntan hacia del reparto del empleo, y de iniciarse esta vía, los efectos contra el paro y la pobreza serían todavía muy limitados.

2. Problemas y datos de la redistribución de la riqueza

a) Tipo de productos y entre quién se distribuyen

Este es un aspecto a tener en cuenta, y más desde una perspectiva mundial. ¿Se reparte con el Sur? ¿Sólo en cada país del Norte?. Aquí están presentes componentes etnocéntricos, aunque es evidente que las reivindicaciones son también deudoras del marco estatal actual. Otra cuestión que subyace es que el capitalismo y sus actuales estructuras son los que garantizan el mejor método de crecimiento, y que hay que colaborar para aumentar el producto social con este alto grado de desarrollo de la productividad y todo lo que lleva consigo.

b) ¿Repartir lo que hay para todas las personas por igual?

Si se parte de esta premisa, se puede incurrir en la contradicción de que no se puedan cubrir las necesidades básicas de los que no tienen otros recursos. En este caso el reparto igual mantendría la desigualdad y la pobreza y exclusión. Es decir, el mismo dinero sería diferente repartirlo entre toda la población a 30.000,- ptas. al mes, manteniendo las mismas desigualdades, que a la mitad más pobre 60.000,- y nada a la mitad más rica, acercándose a una mayor igualdad. La cuestión principal en todo caso sería el ingreso ‘neto’, es decir, el resultado de la renta básica menos el aumento de los impuestos,  que deberían ser desiguales pagando más el que más tiene. O, dicho de otra manera, si a las personas ricas se les da una renta básica (RB), pero se les aumenta el impuesto por encima de su importe, al final serían menos ricas, con lo que la RB para ‘cubrir sus necesidades básicas’ como derecho ciudadano tampoco existiría, aunque resolviera con suficiencia el hecho de vivir dignamente.

c) Dualidad del mercado de trabajo y  dualidad social

Hay que distinguir un término de otro ya que no siempre corren parejos. Sin entrar en el análisis de clase se puede hacer una clasificación según la renta disponible distinguiendo las partes más ricas, intermedias y las más pobres (excluidas o marginadas). A las rentas derivadas del empleo (salariales o autónomos), se deben añadir las rentas del capital, las medidas fiscales y de protección social y, por otra parte, el tipo de agrupación familiar y unidad de consumo. Agrupadas las familias en cuatro sectores (con datos de 1991 publicados por el INE en 1996), un 30% posee el 12,6%, es decir, son pobres (8 millones), o están ligeramente por encima del umbral de la pobreza (4 millones); otro 30% tiene el 23,9% de la renta, o sea está entre la mitad y la renta media (es decir 12 millones tienen entre 42.500,- ptas. y 85.000,- ptas. al mes por persona); otro 30% se reparte el 48,7% de la renta, es decir está entre la renta media y el 150% de la misma (entre 85.000,- y 128.000,- ptas.) y, por último, está el 10% rico, que posee casi la cuarta parte de la renta.

Si miramos los extremos, el 20% inferior es pobre, el 20% superior tiene el 40% de la renta; o sea, la diferencia entre el 10% superior y el inferior (casi todo por debajo del umbral de pobreza severa) es de 10 a 1. Es decir, en una redistribución global de la renta, el 60% inferior tendría que ganar a costa del 40% superior, y especialmente del 10% más rico. A nivel mundial, las 365 personas más ricas del mundo poseen lo mismo que los 2.000 millones de personas más pobres.

d) Distribución de la riqueza

En los diez años transcurridos desde 1981 a 1991, prácticamente no se ha modificado la estructura de renta en el Estado español, aunque el 30% inferior ha ganado en su conjunto un insignificante 0,7% más (incluido el sector de extrema pobreza), a costa de la disminución de otro tanto del 10% rico, manteniéndose exactamente con el mismo porcentaje de renta el 60% intermedio. Frente a las interpretaciones de avance en la igualdad en la distribución de la riqueza (por ej. Gaviria, en su libro Séptima Potencia), la desigualdad se ha mantenido a pesar de duplicarse la producción y la riqueza en estos 20 años. Pero no se deben comparar sólo los aspectos estrictamente monetarios. La persistencia de esta desigualdad profundiza los perjuicios para la gente más desfavorecida, mientras en términos de poder económico y político, de estatus social y de desarrollo social y cultural se consolidan y amplían las diferencias y los efectos negativos. Se va reproduciendo la desigualdad social, distribuyéndose desigualmente la riqueza. Además, en estos últimos años, ha empezado a haber un desplazamiento regresivo en beneficio de las rentas del capital (en el año 96 fueron superiores a las salariales cosa que no pasaba en la anterior década) acentuado por los beneficios fiscales del Gobierno del PP.

En estas décadas pasadas, los servicios sociales, la asistencia y la protección social se contemplaban como facetas secundarias y complementarias al empleo como mecanismo socioeconómico central. Al entrar en crisis el modelo de pleno empleo se acelera por tanto la propia crisis de estos mecanismos sociales de integración. Sin embargo, aunque no hay, ni va a haber, suficiente empleo por motivos económicos y ecológicos, en Occidente hay suficiente recursos económicos y productivos para garantizar unas rentas mínimas para cubrir las necesidades básicas de la población.  De ahí la otra gran propuesta por una nueva redistribución de la riqueza.

H) DEBATE DE IDEAS Y REFORMA SOCIAL

1. Dos perspectivas

Tanto la propuesta de distribución de la renta, a través del salario social, como las propuestas de reducción o reparto del empleo, se pueden ver desde dos perspectivas, como ideas o discursos, incluyendo la posibilidad de reivindicaciones con cierta expectativa social, o como la posibilidad  de generar un amplio movimiento que pueda conseguir una gran reforma social.

Desde mi punto de vista estamos sobre todo en lo primero, ante una polémica de ideas y por tanto ante la configuración de un pensamiento mas o menos innovador y crítico en torno a estos temas. Pero también estamos ante intentos de reformas limitadas, que despiertan ciertas expectativas y la posibilidad de alguna actividad reivindicativa en torno a ellos. En todo caso, el eco social que suscitan, las posibilidades de renovación práctica que pueden suponer, así como la discusión de los elementos teóricos que subyacen, hacen conveniente la profundización y la participación activa con una posición específica en relación con estos aspectos.

2. Dos versiones sobre la reducción del tiempo de trabajo y el reparto de trabajo

Una, pone el acento en la mejora de las condiciones laborales y otra, en la generación de más empleo. En cada una de esas dos versiones, desde otro punto de vista, se pueden plantear como elementos de crítica y de cuestionamiento del papel del trabajo y del capitalismo, o bien de legitimación y revalorización de los mismos.

3. Las ideas y aspiraciones que subyacen

Una de las más interesantes es la de la ciudadanía social. Supone el derecho de las personas a los bienes sociales, no como protección o asistencia, ni tampoco por una serie de contraprestaciones, sino como derecho por razón de pertenencia a esta sociedad, que debe garantizar las necesidades básicas de la población. En estas décadas se ha ido extendiendo el derecho a la educación o la sanidad con carácter prácticamente universal. También se debe incorporar a esa realidad otros derechos como, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, a determinados servicios públicos o a los bienes culturales.

Ahora se plantea la necesidad de incorporar a los derechos sociales universales el derecho a una vida digna y por tanto a un ingreso social suficiente para vivir por encima del umbral de pobreza. Ante la crisis del Estado de bienestar y la reducción de las prestaciones sociales, se trata de reforzar los derechos subjetivos, especialmente de la gente en paro y en precario, y profundizar en los criterios morales universalistas. Pero la acción a favor de un concepto comunitario de ciudadanía social y por el ingreso social como derecho universal también puede ayudar a oponerse a la división social y la cultura insolidaria e individualista dominantes. Esta actitud puede enmarcarse en una dinámica de lucha contra la pobreza y la exclusión, para frenar la dualidad social y con una perspectiva de una transformación profunda de las desigualdades de esta sociedad. Por otra parte, hay elementos que cuestionan la cultura del trabajo y muchas pautas de consumo individual y de despilfarro de los recursos medio-ambientales.

          Es saludable criticar y tomar distancias contra este desarrollismo económico. Se trata de ver los elementos contradictorios de esta modernidad tardía y valorar los elementos existentes de una nueva cultura, un nuevo modo de vida y un reforzamiento de los derechos colectivos.

4. El apoyo social a estas ideas y las expectativas de reformas sociales

Todo este bagaje de ideas no tiene por qué ir necesariamente asociado a la reivindicación de Rentas Básicas (RB) o del reparto del empleo, sino que dependerá del enfoque y discurso con que se aborden y acompañen. Es decir, una reivindicación o consigna  no se puede dar por rellena de contenido, o expresión de un discurso hasta que no se convierte en un símbolo significativo de un amplio sector social y expresa sus aspiraciones.  Y hoy todavía es un debate, sobre todo de élites,  que aunque refleja unos problemas generales de la sociedad, no coincide con un estado de opinión más amplio, que tiene grandes componentes de confusión y marketing político. Hoy es difícil de predecir el eco que puedan tener las ideas más criticas y radicales, y si van a polarizar una amplia movilización social.

Por otra parte, hay que considerar que los avances en la mejora de las prestaciones sociales y la integración en el empleo y el consumo también tienen efectos contradictorios. Las reformas económicas y sociales y el propio Estado de bienestar han permitido unas dinámicas de estabilización y consenso social, y también han tenido una funcionalidad económica para el capitalismo. Pero, por otro lado, son una conquista social y resultado de la presión social. Es positiva la mejora de las condiciones económicas, de vida y los derechos colectivos de la población, en especial de la gente pobre. Sin embargo, muchas veces, las prestaciones generan pasividad y conformismo social llegando a la pérdida de autoestima de las personas perceptoras.      

II. REPARTO DEL EMPLEO Y SALARIO SOCIAL

Para profundizar en el trasfondo de los problemas que plantea el salario social y el reparto o el papel del trabajo, y estudiar los argumentos más polarizados, he escogido la polémica publicada, fundamentalmente, en la revista Mientras Tanto y protagonizada por José Iglesias y Jorge Riechmann, que representan en el Estado Español dos de las versiones más contrapuestas. Posteriormente se exponen las posiciones de C. Offe que son más intermedias y multilaterales y con aspectos específicos novedosos.

A) LA RENTA BÁSICA SEGÚN IGLESIAS[7]

1. Breve resumen de la opinión de Iglesias (similar a la que viene defendiendo Parijs desde mitad de los 80 -ver más adelante-): 

* "La renta básica (RB) consiste en establecer un sistema de distribución social de la renta, por el que se proporcionará a cada persona, por derecho de ciudadanía, una renta que le permita cubrir sus necesidades básicas".

* Debe ser incondicional y por lo tanto: “Dirigida a personas y no a familias. Independientemente de cualquier otro ingreso por otros recursos. Sin necesidad de estar en plantilla o haber realizado un trabajo anteriormente, ni tampoco sujeto a aceptar un trabajo si le fuese ofrecido".

2. Iglesias plantea algunos pros y contras de la renta básica   

a) Las ventajas de la RB

La principal es "la seguridad que proporciona a todos los ciudadanos el saberse acreedores a un renta que garantice sus necesidades materiales más elementales, quedando cubiertas permanentemente". Además, "la RB favorece la aceptación social de la reestructuración económica y social en marcha y "el trabajo proporcionará un ingreso adicional. La principal ventaja que expone Iglesias es compartida también con un sistema de renta compensatoria, que podría cubrir incluso mejor esas necesidades elementales que no están cubiertas. La ventaja de la aceptación social no es muy crítica con el sistema y la dinámica neoliberal actual.

Hay una contradicción entre querer presentar la RB como gran avance social, elemento central del progreso social e incluso de la transición al socialismo, y mantener una posición respetuosa o embellecedora del capitalismo visto como el mejor marco para el aumento de la productividad y de la riqueza, cosa que evidentemente realiza, pero a costa de grandes desigualdades sociales y de los costos sociales y ecológicos de todo tipo. Parijs, por ejemplo, ve imprescindible el desarrollo del capitalismo como el mejor marco para el impulso de la productividad... y por lo tanto para financiar las RB, y caminar hacia el comunismo sin pasar por el socialismo.

De lo anterior se desprende que el esfuerzo principal consiste en conseguir una mejor distribución que sea compatible con las bases fundamentales en que se asienta esa productividad. Por otra parte, el ingreso adicional a otras rentas puede ser positivo, pero no va precisamente en contra del consumismo. Y por último, si la RB se da a todo el mundo, y el que trabaja acumula su salario a la RB, ¿por qué el pensionista o el que tiene otro tipo de subsidio no se le puede mantener también sin que sea absorbido por la RB?. Es también absurdo que al desempleado que cobra un subsidio se le quite al compensarse con la RB y no se absorba la parte del salario porque se acumula a la RB. Aquí habría que diferenciar las prestaciones contributivas (por desempleo o de jubilación, etc.) de las no contributivas, asimiladas más a las características de la RB.

b) Las desventajas a la RB

- `El desinterés personal por el trabajo’, que se puede corregir ya que, dado que la mayoría de la gente quiere más consumo que el mínimo necesario, estaría dispuesta a trabajar para aumentar sus ingresos. Además, si el PIB baja por el aumento de los subsidios y del desempleo, la RB también bajaría, con lo que la gente volvería a animarse a retornar al trabajo.

- ‘Los trabajos penosos’: la gente se retiraría de ellos, a no ser que se incrementasen los salarios de estos trabajos, en cuyo caso la gente se reincorporaría.

- ‘Los servicios personales’: se tendería a aceptar estos trabajos y con bajos salarios.

Aquí hay un planteamiento insuficiente en la relación trabajo/consumo, ya que habría que considerar la crítica al consumismo excesivo y a los ‘deseos’ de trabajar por ello. Los aspectos de crítica a la cultura del trabajo serían positivos en vez de negativos. Estas críticas vienen de quienes ven la prioridad fundamental en la inserción en el mundo laboral, cuando la participación y la integración social y cultural podrían resolverse también por otras vías que no son el trabajo asalariado. Tampoco es cuestión de resolverlo a través del mecanismo ‘autorregulado’ de los incentivos económicos y de consumo que en el contexto de las sociedades actuales tienen los diferentes segmentos de la población. La cuestión fundamental no sería la libertad individual para elegir no trabajar (para lo que la RB tendría que ser bastante elevada y superior a las 35.000 ptas. que se plantean como posibilidad en Francia), ya que seguramente la mayoría de la gente desempleada preferiría elegir trabajar.

El asunto importante está en las dificultades de un gran sector para poder trabajar y, por lo tanto, para poder resolver sus necesidades básicas y su integración y ciudadanía social por otros medios, es decir mediante unas prestaciones y una RB suficientes. Otra cuestión es, tener en cuenta, desde el punto de vista  colectivo, tanto económico como moral y de relación social solidaria, la necesaria y conveniente participación en la construcción de la sociedad.

Según Iglesias, la aplicación de esta RB sería la siguiente:

‘En Francia consideran que una RB por persona y mes que no tuviera efectos negativos sobre la eficiencia del sistema productivo habría de comenzar con unas 35.250,- ptas., aunque el umbral de la pobreza se calcula en unas 64.450,- ptas. Para los EE.UU., serían unas 46.329 ptas. al mes (en 1985)’.

Sin embargo, con una R.B. mínima para todo el mundo aparecen diversos problemas. Resulta que con las 35.250,- solamente se llega hasta el umbral de la pobreza extrema. Es decir la gente más pobre y excluida no saldría de la pobreza en Francia con esos recursos, y todo por el criterio universal de darlo a todas las personas, y la compatibilidad con la eficiencia del sistema productivo, que se colocan por delante del avance contra la pobreza, la desigualdad y los derechos sociales de los sectores más precarios y excluidos.

B) EL REPARTO DEL EMPLEO SEGÚN RIECHMANN[8]

1. Dice Riechmann:

estar "a favor de una renta mínima universal garantizada, a condición de que no se entienda ‘renta’ en sentido restrictivamente monetario, ni se entienda ‘universal’ como equivalente a ‘ciudadano de un país que se cuenta entre los más ricos del planeta". 

Y continúa:

"Lo que estoy a favor de garantizar es la satisfacción de las necesidades básicas de todos los seres humanos, y los ingresos en papel moneda no son ninguna necesidad básica, sino en todo caso un medio para la satisfacción de aquellas". Por otra parte, ‘no debe identificarse ‘trabajo’ con ‘trabajo en el sistema productivo’ (el trabajo doméstico es trabajo socialmente necesario), ni mucho menos con ‘trabajo asalariado’...".

a) Distinción entre ingreso ‘monetario’ y en ‘especie’

En nuestras sociedades mencantilizadas casi todo se puede convertir en valor monetario pero hay fórmulas mixtas que también se aplican hoy, en que se ofrecen gratuitamente (o casi) aspectos como la enseñanza o la sanidad. Una rebaja global del precio y del alquiler de las viviendas, que se lleva un alto porcentaje de las rentas (en torno al 25%), puede ser contemplada, llegando a ser la vivienda gratuita para algunos sectores. Otro de los gastos básicos importantes en dinero es la alimentación (al que se dedica entre el 30 y el 40% del gasto), y tampoco hay que descartar la promoción de comedores públicos gratuitos o subvencionados. Igual el transporte público, etc. El asunto nos llevaría igualmente no dar la misma cantidad de ‘RB en dinero’ a toda la gente sino ‘valorar’ de forma equilibrada el conjunto de rentas en dinero y en especie. Y aquí se añade otro problema, el de los criterios de evaluación y su control.

b) Igualmente hay que distinguir trabajo y trabajo asalariado

Esta distinción es importante, aunque luego se queda algo diluida y Riechmann habla de ‘empleo’. El concepto trabajo se asocia al realizado en el mercado laboral (que puede ser asalariado o autónomo). Se suele adjetivar ya el trabajo ‘doméstico’, no suele utilizarse para el doméstico-familiar complementario (tipo bricolage o agrícola), apenas se utiliza el término trabajo para el ‘trabajo social, cultural, etc. voluntario’, aunque si el que a veces se realiza en ese ámbito sin pagar pero con expectativas de experiencia, aprendizaje o colocación profesional, e igualmente pasa con la actividad intelectual o formación profesional. A veces estas actividades son consideradas de ‘ocio’ aunque habría que diferenciarlas de las más estrictamente ocioso-recreativas (deportivas, culturales o ver la TV...). En todo caso es positivo el ir rompiendo la barrera tan amplia que hay entre ‘trabajo’ (formal), ‘actividad’ y ‘ocio’, y por otro lado considerar esas actividades como trabajo socialmente necesario como dice el texto, que es útil y se beneficia la sociedad.

2. Desacuerdos de Riechmann con la RB

- "No estoy de acuerdo con la propuesta de desvincular el ‘derecho a la renta’ del ‘derecho al trabajo’. En lugar de desconectar completamente trabajo e ingresos (como hace el subsidio universal incondicionado-SUI), parecería adecuado desvincular los ingresos de la cantidad de horas de trabajo aportadas. Salir de las relaciones salariales no es lo mismo que salir del mundo del trabajo"...

- "...No estoy de acuerdo, en definitiva, con la idea de un subsidio universal incondicional: ‘El Subsidio Universal Garantizado (SUG) es una renta que recibe toda la población, independientemente de toda otra consideración que no sea la de la edad que permite cubrir las necesidades básicas. Lo recibe quien tiene trabajo y quien no, quien tiene medios de producción y quien no... por ser un subsidio universal’. (Daniel Raventós y Rafael Gisbert  en ‘Trabajar o no ... pero vivir’  publicado en Viento Sur nº 14 de abril de 1994). No me parece  que semejante subsidio sea ética ni políticamente deseable, ni tampoco políticamente viable...".

Riechmann continúa diciendo que "tampoco me parece cierto que las estrategias de reducción de tiempo de trabajo y de SUI sean complementarias. Más bien tenemos que elegir entre una política del tiempo y una política del subsidio. ‘O bien consideramos que la exclusión es inevitable y que es prioritario repartir las riquezas para disminuir la pobreza; o bien consideramos que es prioritario dar trabajo a todos y usamos el reparto de las riquezas como un medio para lograrlo’ (Aznar)... La lógica del SUI es la del primer término de la disyunción y... la de reducción del tiempo de trabajo la del segundo.

La posición de Riechmann es:

Pleno empleo con tiempo reducido (‘trabajar menos para trabajar todos’), formas de autogestión del tiempo de trabajo y ‘segunda nómina’ para completar los ingresos de los trabajadores, (que es una forma de salario indirecto que el estado abona los asalariados que no trabajen a jornada completa)... ‘segunda nómina’ y SUI son incompatibles: no pueden financiarse a la vez. La diferencia esencial es que la primera está vinculada con el trabajo en la esfera pública y el segundo no.

Aquí conviene comentar la distinción entre trabajo, trabajo asalariado y empleo.

En primer lugar se puede salir (y es, la aspiración de muchos) del trabajo asalariado, hacia del trabajo autónomo, considerando a este menos ‘explotador’. Por otra parte, también es trabajo el trabajo doméstico. Además, aquí se entiende como participación en el ‘empleo remunerado’ y también en el resto del trabajo socialmente útil en la sociedad. Se podría avanzar planteando una elección  voluntaria si hubiese suficiente oferta institucional como plantea Offe, en el sentido de ser conveniente participar en el trabajo ‘social’, aunque no sea ‘productivo’, a través de un empleo formal. Parece claro que se puede salir de un empleo con relación salarial, pero mantenerse en el mundo del trabajo. La forma de condicionar las RB a participar como mínimo en ese trabajo social, aunque se participen pocas horas de Riechmann es menos sutil que Offe que habla más de convención social y moral que de vinculación de derechos al ‘mundo del trabajo’.

Para Riechmann, los derechos de ciudadanía vendrían determinados por el nivel de integración en el mundo del trabajo. De entrada habría que considerar con derechos y no excluidas a todas las personas ‘incapacitadas’ para trabajar, es decir, independientemente de su aportación laboral o social.

Por otra parte, la cuestión de fondo sobre el SUG ya está planteada en la polémica con Iglesias. Riechmann parece tener razón en que la RB no puede ser indiferente al conjunto de las rentas e ingresos que cada individuo posee. Aunque se insista en que todo el mundo cobre lo mismo de RB, para avanzar en la igualdad, se deberían gravar los impuestos de las personas con mayores rentas, con lo que no recibirían un ingreso ‘neto’ ciudadano. Es positiva la diferenciación de Riechmann de considerar universal el ‘derecho a satisfacer las necesidades básicas’, pero pudiendo realizarse no necesariamente a través de la RB monetaria.

C) GORZ Y EL PAPEL DEL TRABAJO[9]

Iglesias cita a Gorz y a Aznar con sus objeciones a la RB desde una visión más global, y que en gran medida comparte Riechmann. Aunque A. Gorz y G. Aznar parten de posiciones diferentes,  argumentan que la renta no integraría social ni laboralmente a ningún perceptor de la misma en la sociedad capitalista.

Para Gorz, "...el ingreso social no conlleva la participación ni cooperación voluntaria en las actividades de la sociedad. Solo supone un medio de compensación por los efectos negativos del mercado de trabajo. Para Aznar, ‘representaría un reforzamiento del dualismo social’... por consiguiente ambos autores proponen la recuperación del valor trabajo y de no renunciar a la idea de ‘que es prioritario dar trabajo a todos’ (Aznar). La persona sólo gana y usa sus derechos económicos y civiles de ciudadano cuando desempeña un trabajo en el sector macrosocial para otros ciudadanos (Gorz). Sólo confiere reconocimiento en la sociedad a la persona, haciéndola que se sienta igual e integrada en la sociedad. Para Gorz y Aznar, es el acceso al trabajo asalariado que existe en el sector mercantil, y no la RB, lo que es esencial para estar integrado en la sociedad. La participación en el proceso social de producción es un factor esencial de socialización y de pertenencia a comunidades y grupos formalizados, a parte de permitir al ciudadano cubrir con su trabajo sus necesidades básicas... Por ello ambos autores son partidarios del reparto del trabajo, oponiéndose a cualquier concesión de una renta básica.

Gorz posteriormente admite, de forma realista, que la evolución cultural va relegando el valor del trabajo a un segundo plano y colocando en un primer plano el ‘pleno desarrollo personal’ (según el concepto de Giddens), pero que todavía no hay un estatus social de reconocimiento de las actividades no remuneradas que sustituya lo que representa hoy en día el dinero y el contrato laboral.

Gorz y Aznar, tienen razón, en el sentido que las RB son insuficientes para la integración social y que además podrían reforzar la dualidad social. La realidad es que todavía el empleo es un componente muy importante de fuente de ingresos (poder adquisitivo, consumo...), de estatus y también de valoración social y autovaloración. Pero la cuestión es ambivalente. Por un lado hay que cuestionar todo eso garantizando no solo unos ingresos suficientes, sino también las condiciones para la participación en la actividad social y la propia valoración social y la autoestima de las personas desempleadas en el mercado laboral, pero con derecho a participar igualitariamente en la sociedad. Pero el otro aspecto de la realidad es que, de momento, la RB es fundamentalmente un elemento discursivo y crítico, mientras que la gran mayoría de la gente desempleada ante la evidencia de mantenerse en una situación más desigual (en términos económicos y de proyección social y ante la perspectiva de una RB limitada),  sigue apostando por conseguir un empleo (remunerado) y cuanto más estable mejor. Así un gran sector se mantiene entre la aspiración al empleo con similar cultura del trabajo y la realidad de la pobreza y la frustración personal de no tenerlo.

Por lo tanto,  hay que partir de la realidad inmediata: el 10% vive fundamentalmente de las rentas del capital, el 25% de pensiones y subsidios, y el resto, de 65% de rentas del trabajo, considerando a las familias ‘obreras’ en su conjunto. La cuestión es que un 30% de la población dependiente de subsidios y de la ausencia de un empleo, o sólo de un empleo precario, no participa completamente en el proceso de producción social formal (aunque quizá sí en el informal y en el trabajo social en sentido amplio) y que ni el sistema de protección social actual, ni el empleo les garantiza la ‘ciudadanía social’ y sus derechos sociales. Es esa crisis social, sobre todo, la que cuestiona el papel del trabajo y también el papel del actual estado de bienestar, como mecanismos de integración social, al menos para ese importante sector.

A partir de ahí se puede uno dirigir al sistema económico (los empresarios, las políticas económicas, el reparto del empleo...) o al sistema político (al Estado, a las políticas sociales...) con actitudes diversas: para legitimarlo, buscando algunas pequeñas reformas parciales, planteando una perspectiva de una dura y muy difícil transformación global de ambos o manteniendo un discurso crítico con respecto al conjunto del tinglado y las graves lacras que genera al mismo tiempo que vamos construyendo fuerza social en la medida que se pueda.

Gorz y Aznar ensalzan el valor del trabajo embelleciendo su papel y convirtiéndolo en un deber normativo. Y una cosa es pedir puestos de trabajo para gente parada, incluso mejorar su estabilidad y su poder adquisitivo, y otra eliminar el aspecto central de la crítica a este tipo de empleo normalmente precario y fuente de explotación, y a la propia cultura del trabajo.

No se trata tanto de exigir trabajo para todos,  sino de que, el que no lo tenga, no quede excluido, cosa que se garantizaría con  transformaciones más amplias y no sólo con una RB limitada que podría quedar como la fuente de ingresos restringida para la gente no suficientemente competitiva para entrar en el mercado de trabajo, resignándose involuntariamente a un estatus inferior.

En el contrato laboral se intercambia (se vende) una parte de la fuerza de trabajo por un salario y otra se la queda el capitalista como plusvalía. Es un contrato desigual que genera dependencia y explotación bajo el capitalismo, aunque aporte poder adquisitivo y estatus. La acción sindical pretende mejorar o mantener lo primero y el conjunto del entramado institucional y de valores lo segundo. En el caso de las prestaciones sociales (vinculadas más o menos al trabajo como salario indirecto o a la reproducción de la fuerza de trabajo) se negocia con el Estado y con las instituciones. Los avances en uno u otro plano pueden tener dos caras.

Una es la mejora de las condiciones laborales o sociales (y de derechos y ciudadanía) y otra, la aceptación e ‘integración’ en ese marco económico y/o institucional. Es decir, que tanto el avance en el reparto del empleo o en la RB pueden no llevar necesariamente al cuestionamiento del capitalismo o del estado sino todo lo contrario, ya que depende también de otros elementos puestos en escena.

Iglesias plantea algunos interrogantes sobre el reparto del trabajo:

‘La hipotética solución al problema del paro se organiza a expensas del sacrificio salarial y la redistribución entre los trabajadores, y excluyendo explícitamente a las empresas. Esto supone desviar la lucha de clases, entre capital y el trabajo, y podría surgir un enfrentamiento entre los propios trabajadores. Tampoco pone en cuestión las relaciones de propiedad, así como la naturaleza explotadora y alienante de las actividades de la empresa capitalista’.

Toda la crítica es muy justa dando por supuesto que el reparto del trabajo implica la reducción total o parcial de los salarios correspondientes, sin cuestionar las relaciones de propiedad y la explotación capitalista. Gorz y Aznar lo suelen plantear como palanca central de la transformación económica y social, aunque en un sentido posibilista.

El enfoque de la reducción del tiempo de trabajo y de la desvinculación del trabajo (más que el reparto de empleo y la creación de empleo) como medida parcial, o como exigencia reivindicativa asociada a otro tipo de discurso, puede ser también canal de crítica a las actuales desigualdades del mercado de trabajo, utilizándola como un elemento más de un discurso anticapitalista e incluso contra la cultura del trabajo. Pero, con ese enfoque de Gorz y Aznar del reparto del empleo, lo que aparece en primer plano es el problema de las contradicciones entre empleados y desempleados, sin cuestionar el capitalismo como fuente de desigualdad y explotación. A veces incluso se utiliza el lenguaje de la igualdad entre los dos sectores como la clave para resolver el ‘paro’, desresponsabilizando a las dinámicas neoliberales y consolidando el discurso sobre los sucesivos ‘planes de solidaridad por el empleo’, etc. utilizados para reducir las resistencias al empeoramiento de las condiciones laborales y de empleo de las personas empleadas. El tener empleo es un relativo privilegio, pero para la gran mayoría que trabaja en el Estado español, tampoco es una fuente de un gran bienestar, estabilidad, satisfacción o consumo, por lo tanto es normal que la gente empleada se aferre a ese empleo, que no se esté dispuesto a compartirlo con otros y que se oponga a la reducción salarial. En otro marco, con otro tipo de transformaciones más igualitarias en su conjunto podrían tener más eco los llamamientos solidarios entre la clase obrera.

Todo eso sin obviar otras medidas compensatorias como aumentar la presión fiscal de forma progresiva a los beneficios y rentas más altas, cerrar el abanico salarial, y congelar o reducir (con o sin reducción de jornada) los salarios más altos, perseguir el pluriempleo o las horas extras. etc.

Por otra parte la propuesta de Ingreso social universal, sin necesidad de contraprestación laboral no supone, necesariamente, aplaudir la vida ociosa. En todo caso siempre supone cierta renuncia a un nivel de vida y consumo más elevado. Estas ideas chocan con la cultura del trabajo dominante en nuestra sociedad, con aquello de que "el que no trabaje que no coma" y que también se dan en el seno de las clases trabajadoras en cuanto que, todavía, se valora el trabajo como un elemento de identificación social y de autoafirmación, teniéndose que realizar un esfuerzo pedagógico en esta cuestión. Sobrevalorar el papel del empleo en este final de siglo, con un paro estructural que afecta a casi cuatro millones de personas en el Estado Español, sería estigmatizarlas y excluirlas de la valoración social y generarles una mayor crisis personal.

D) LA CUESTIÓN DE LA REPRODUCCIÓN SOCIAL

 SEGÚN RIECHMANN

Estamos en esta sociedad capitalista con explotación, desigualdad y fuertes lacras sociales y el acento se pone ahora en combatir  estas condiciones laborales y sociales, y no en ensalzar las virtudes del trabajo. En ese sentido, ese enfoque es una apuesta más crítica y destructiva que constructiva.

La producción, reproducción y distribución económica y social vienen impuestas en el régimen capitalista, y eso hace que no podamos establecer un contrato social libre y voluntario de coparticipación solidaria a través del empleo. Por lo tanto,  no se ponen en primer plano el embellecimiento de la colaboración social y la construcción social a través del empleo remunerado, que la gran mayoría debe buscar a cambio de conseguir un pequeño poder adquisitivo para vivir.

La expropiación de la riqueza se  realiza, en primer lugar, por los propios capitalistas que acumulan los beneficios conseguidos por el conjunto de la clase obrera. Es verdad que la sociedad aporta a cualquier persona una serie de bienes, y que para permanecer en ella se sigue sirviendo de una serie de bienes públicos, lo que debe suponer una exigencia de corresponsabilidad social. Pero la responsabilidad principal de la destrucción de fuerzas sociales, de la existencia de un gran ejercito de reserva y de la ampliación del paro, de la marginación de grandes sectores de gente, junto con la destrucción de la naturaleza y el sometimiento del Sur, es el propio sistema capitalista. Hay una parte de la sociedad, la que tiene más poder y riqueza, que no cumple su parte del contrato social de colaborar en la producción y la distribución de forma equitativa.

Es positiva y necesaria la perspectiva de la contribución colectiva a la sociedad de forma solidaria, pero no aquí y ahora y planteando que el mecanismo fundamental para realizarlo sea la participación en el empleo formal. En esta segunda parte está la diferencia. La persona en cuanto ser social está vinculada y participa en la sociedad, y por lo tanto debe colaborar en la sociabilidad. A partir de ahí se puede caminar hacia un contrato social pactado sobre el papel de cada cual que difícilmente puede ser ahora el definido del comunismo.  Poner el acento en eso es fundamental, pero Riechmann se desliza a que hay que realizarlo sólo y desde dentro del empleo remunerado.

Su fórmula de reparto del empleo no contiene tanto una oposición a desligarse de la explotación, sino a forzar la participación de todos en el empleo y fortalecer la cultura del trabajo. Si la atención principal fuese la construcción colectiva de la sociedad podría haber ido por el camino de Offe, ampliando la posibilidad de otras formas de participación en un trabajo social útil aunque no fuese remunerado, poniendo el acento en los cambios institucionales y culturales para impulsar esa vía.

Pero Riechmann en vez de avanzar desde el punto anterior de contemplar el conjunto del ‘trabajo socialmente necesario’, retrocede y ahora le preocupa que todo el mundo trabaje ‘formalmente’. Hoy día, el trabajo social ‘voluntario’ se puede realizar a duras penas de forma transitoria por la gente que quiere y ‘no puede’ tener un puesto de trabajo formal, o que tiene resueltas las necesidades básicas y tiene fuertes motivaciones, o combinándolo con el trabajo o con otras rentas. Difícilmente la gente más pobre podrá realizar un trabajo voluntario si sus esfuerzos principales están encaminados a subsistir y a buscar los medios para resolverlo. Por lo tanto, la alternativa no es frente a trabajo (empleo/contribución social/solidaridad) el ocio con RB (individualista y disgregador), sino abrir la posibilidad de ese trabajo social útil para construir la sociedad y la sociabilidad, precisamente para la gente desempleada y rompiendo la gran barrera existente entre ambas ‘situaciones’. Pero para que sea realista esta alternativa es precisa una gran modificación institucional y cultural, como señala Offe. Estas ideas de Riechmann, además, al expresar la incorporación al empleo en términos prácticamente obligatorios como deber normativo, y en oposición a la distribución de la riqueza con la gente más desfavorecida, pueden confundirse con el discurso dominante valorando el papel de las personas por su posición en la producción ‘formal’ y el estatus derivado de su riqueza.

No es muy afortunada la expresión ‘derecho a la pereza’ que critica bien Riechmann, ya que en algunos contextos refleja un  enfoque individualista. Pero tenemos que saber a qué atenernos. Los millones de desempleados están obligados por el propio sistema a ‘no producir’, ya que aquél es el causante del desperdicio de muchas de las capacidades y potencialidades humanas de la población. El capitalismo prefiere a una parte de la sociedad (además de la ociosidad de sus representantes directos) en el ‘paro’ y la ‘pereza’ y a otra parte que trabaje mucho. Podemos hablar también del ermitaño contemplativo, o del ‘sin techo’ que depende de la asistencia pública pero que no encajan en ese derecho a la pereza.

El aspecto principal no es la responsabilidad individual, sino el hecho de que no haya suficientes cauces colectivos de participación para un trabajo socialmente útil y que permita el desarrollo humano. En ese sentido se puede hablar del derecho ‘a no trabajar’. A partir de ahí se trata no de marginar al excluido y desempleado sino de revalorizar la propia autoestima, sus potencialidades y desde luego de facilitar socialmente la resolución de sus necesidades básicas. Si nos estamos refiriendo a la típica persona de clase media-alta, desempleada pero con amplios recursos financieros y de relaciones económicas, integrado en la élite cultural y social, en pleno consumismo y que nos reclama su derecho a la pereza y su RB, compartiría el criterio de Riechmann de criticar esa ‘holganza’ a costa de los demás, rechazando moralmente ese modelo de vida (aunque la mayoría social estaría encantada de ser así). Todavía más, estaría dispuesto a aguarle su ‘buena vida y su felicidad’ aumentando (si pudiera) sus impuestos (sobre la herencia, el patrimonio y las rentas) para transferir una parte substancial de sus rentas (incluyendo su hipotética RB) al aumento del gasto social, por ejemplo destinándolo a RB de los demás, y no me preocuparía mucho, de momento, de encontrarle un empleo.     

Según Riechmann, ‘el trabajo genera sentimientos de pertenencia, participación y utilidad social... dignidad propia ... acceso a la esfera pública.... El mecanismo del SUI sin contraprestación en trabajo socialmente necesario es esencialmente un mecanismo de dependencia, que puede contribuir a mantener a las personas en un estado de inmadurez perpetua’.

A estas consideraciones se les pueden contraponer los siguientes efectos del trabajo y el SUI. El trabajo puede reportar lo señalado y también sufrimiento y explotación. El SUI, puede generar también dependencia, e incluso como se dice más adelante, el riesgo de estabilizar la dualización social (o la división sexual y la división internacional del trabajo) con diferencias substanciales de poder, estatus y capacidad adquisitiva entre la gente empleada y la desempleada (o de varones frente a mujeres, o de ciudadanos del norte frente a los inmigrantes del sur). El problema es que sin SUI, todavía la marginación, la exclusión y el desarraigo social y económico, podrían ser superiores, y con él puede mejorar su situación de pobreza y también la ‘integración’ social y la sociabilidad que no tiene en exclusiva el trabajo en la esfera pública.

La cuestión en perspectiva es que se ha reducido la función socializadora del papel del trabajo (para una gran parte de la sociedad que no lo tiene, o lo tiene precario) y que además se tiene que relativizar (junto a la propiedad y la riqueza) como eje del estatus social y de la vertebración de la sociedad, rompiendo las barreras entre el empleo en la esfera pública y remunerado y el trabajo social supuestamente ‘privado’, voluntario o no remunerado. Por otra parte como se decía antes, el SUI por sí solo es insuficiente y tiene que estar asociado a otra serie de cambios y transformaciones en las relaciones económicas y sociales.

Por último, citando a Offe, ‘la revalorización del ocio y de las actividades individualmente elegidas para llenarlo o, a la inversa, la devaluación social de la participación en el mercado laboral, es un proyecto dirigido al corazón moral, institucional y económico de las sociedades industriales democráticas... La parte de la población realmente implicada en la creación de valor económico seguirá disminuyendo. Al mismo tiempo, los mecanismos 'capilares' de la distribución, como son la familia, el Estado de bienestar e incluso las políticas de ayuda al desarrollo ... serán mutilados.’

E)  DERECHOS ECONÓMICOS DE CIUDADANÍA, SEGÚN C. OFFE

Se puede exponer un resumen de las posiciones de C. Offe en el capítulo La selección de la política clave.

‘O creemos y actuamos conforme a la convicción de que estas consecuencias de desorganización social pueden ser controladas y finalmente eliminadas a través de la restauración y el fortalecimiento del mercado laboral como generador central del orden social, o bien creemos, y actuamos de acuerdo a la convicción de que  esos esfuerzos de restauración son inútiles (o intrínsecamente inaceptables por sus efectos económicos y morales) y que hay que buscar la respuesta, en vez de en la eliminación de las causas, en la neutralización gradual del efecto que tienen los factores causales (tecnológicos, económicos, políticos e institucionales, culturales y morales por si mismo no eliminables) sobre las oportunidades de vida de los individuos, sobre el orden institucional y sobre la cohesión social. Las alternativas que se plantean son, por lo tanto, la restauración del 'pleno' empleo por un lado y, por otro, la conversión del no-empleo en alto tolerable, controlando sus consecuencias en términos de precariedad’.

En este artículo se aboga por la segunda de estas dos alternativas básicas. Offe expone que por motivos de realismo y honradez, no se debería definir el desempleo y las dos formas de precariedad como un 'problema' (insinuando que éste puede ser resuelto con suficiente ingenio político, esfuerzo y resolución), sino como un fenómeno y un reto inexorable que han de afrontar las economías, los gobiernos y las sociedades de la OCDE. Según él es inútil acercarse a esta condición penosa y crónica mediante la retórica del pleno empleo.  Y añade:

‘La cuestión clave sigue siendo, cómo y si podemos estructurar esta situación para reducir al mínimo sus negativos efectos sociales y políticos, combinando los modelos contractuales y de mercado, que hasta ahora han regulado la situación social, con un estatus de trabajo de otros modelos institucionales y, concretamente, con los que se basan en los principios de ciudadanía y comunidad’. ‘La reacción predominante que estamos experimentando en Europa ante esta situación es, evidentemente, la primera de las dos alternativas citadas antes’

C. Offe, seguidamente plantea los derechos económicos de ciudadanía por encima del pleno empleo, optando por la vía de neutralizar las consecuencias del desempleo:

            "La otra respuesta... en vez de la eliminación de las causas de los niveles deficientes de la absorción de la mano de obra en el mercado, esta respuesta sugiere la neutralización de sus consecuencias. El enfoque correspondiente de los problemas de la precariedad, son estrategias que abogan por un ingreso básico como derecho económico de ciudadano (en contraste con empleado). En los modelos de ingresos básicos, la transferencia de ingresos no va ligada a unas circunstancias individuales relacionadas con el empleo sino exclusivamente al estatus de ciudadanía de cada individuo. Este sistema tendría la ventaja de que las ayudas de ingresos dejarían de estar sujetas a fluctuaciones en la demanda de mano de obra (barata); en cambio, la transferencia de ingresos se haría efectiva (y con ella una reducción del desempleo manifiesto) en cuanto los ciudadanos decidieran hacer uso de ella. Según su situación personal y las circunstancias del mercado laboral, podrían decidir si desean aumentar sus ingresos de subsistencia aceptando un trabajo regular"...

"En segundo lugar las categorías de distribución no pueden estar ligadas al contrato laboral sin que se cree una exclusión injusta. Mientras la mayoría de los trabajadores tengan la posibilidad real de contribuir a la generación de la riqueza a través de un empleo remunerado, el problema de la distribución se resuelve por el contrato laboral de cada individuo, los subsidios familiares y los acuerdos de seguridad social correspondientes. Una vez que esto deje de ser el caso, y desaparezca definitivamente esta condición supuestamente 'normal', el problema de la distribución no podrá resolverse si no es mediante el establecimiento de derechos económicos específicos que todos los ciudadanos se conceden mutuamente como un elemento de su ciudadanía. Esta idea central de un 'ingreso de ciudadano', consiste en el derecho a un ingreso suficiente y no condicionado por un empleo remunerado... Y no requeriría para hacerse efectivo, el que una persona se convirtiese previamente en 'trabajador', es decir, que cumpliese con su papel en el mercado de trabajo. Serían una consecuencia automática de la condición de ciudadanía de cada persona".

F) OPOSICIÓN Y COMPLEMENTARIDAD ENTRE REPARTO

 DEL EMPLEO Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Aquí también hay que establecer los dos planos diferentes, como debate y expectativa social o como reforma social amplia. Hay ópticas diferentes.

1. Con respecto al punto de partida y la posibilidad de su transformación

a corto/medio plazo

La cuestión es que hay una gran bolsa de paro y pobreza estable y permanente, por lo menos en el medio plazo. No es que se considere ‘inevitable’ por los siglos de los siglos, ni que no pueda variar su envergadura con diferentes medidas posible de aplicar, sino que en esta etapa histórica por las dinámicas económico-sociales, el tipo de crecimiento etc. no hay una expectativa de pleno empleo.

Riechmann puede considerar que es una situación transitoria y fácil de resolver, pero debería de admitir que, mientras en la realidad no se consiga su propuesta de pleno empleo (distribuyéndolo con tiempo reducido), esas bolsas están ahí y hay que paliarlas distribuyendo las riquezas existentes.

2. La relación entre las estrategias de reducción de tiempo de trabajo y de RB

Pueden ser complementarias en la medida que ambos son medios que obedecen a un objetivo común: avanzar contra la desigualdad y garantizar unos medios suficientes para vivir toda la población, favoreciendo la integración social y la ciudadanía. La estrategia de reducción del tiempo de trabajo, por la situación actual y por razones más de fondo (ver Offe) puede tener efectos limitados  para la creación de empleo, como se ha dicho antes. Las dos estrategias pueden considerarse poco posibles de realizar en las actual correlación de fuerzas sociales y con estas dinámicas económicas a nivel mundial, aunque en su justificación se puede poner el acento en diversas cuestiones de mayor o menor interés educativo y de conformación de una conciencia crítica o una agrupación social.

3. ¿Trabajo para todos?

El énfasis en ‘dar trabajo a todos’ es excesivo no solo por el tipo de desarrollo económico existente (ecológicamente no deseable) sino como objetivo de incorporar a toda la población al empleo remunerado, aunque sea reducido. En la versión anterior de valorar el conjunto del trabajo social, podría ser admisible (como hace Offe) la participación de todas las personas (que puedan) en la construcción social y desde luego en otro contexto de sociedad, seguir el criterio de ‘cada cual según su capacidad’. En la formulación de Riechmann está presente la valoración del ‘trabajo’ (a veces como empleo y en la esfera pública y, por lo tanto, plenamente integrado en la cultura del trabajo) como elemento central de la aportación y del contrato social. El ‘trabajo para todos’ es el valor que pretende inculcar para avanzar en su tipo de sociabilidad. Ahora bien, siguiendo con su criterio inicial, se puede dividir el trabajo socialmente necesario en dos partes: el empleo formal remunerado y el resto del trabajo útil socialmente (aunque eso sea todavía algo difuso). Esta división es importante. Riechmann termina asociando la corresponsabilidad de toda la sociedad a través de la producción y el empleo remunerado.

Tradicionalmente se ha planteado lo de ‘trabajo o subsidio’ para todos, admitiendo que, en caso de no tener trabajo, se debe tener un subsidio suficiente. Este subsidio se ha recortado cada vez más y se ha vinculado a la necesidad de buscar, prepararse y encontrar empleo. Esa es la gran justificación de los poderes públicos y del INEM, para seguir restringiendo los subsidios en cantidad y duración, e irle quitando el carácter más relativamente incondicional. La cuestión es ir a la inversa, planteando la conveniencia (modificando las pautas institucionales, culturales y las motivaciones morales) de un trabajo o actividad solidaria y que facilite la sociabilidad y sin que necesariamente se ponga como ‘condición’ (en el sentido estricto y jurídico), sino de forma más abierta, como en Offe, como una línea de cambios materiales y normativos que favorezcan la integración y participación de los individuos al mismo tiempo que se facilitan las RB.

4. Empleo o Renta Básica

En torno a empleo o RB se han planteado muchos aspectos diversos, pero su objetivo básico, el conseguir unos ingresos mínimos, es común. Como medio para cubrir las necesidades básicas, la oposición entre los dos no tiene sentido, a no ser que se plantee en términos absolutos de para todos empleo o para todos RB. La realidad es que para unas personas es útil y suficiente el empleo y para otras no y hay que resolverlo con la RB, o bien se dan situaciones intermedias que se pueden resolver con fórmulas mixtas, al igual que el trabajo no remunerado y las RB.

Por otra parte, ninguno de los dos aspectos es suficiente para avanzar mucho en la vinculación social del individuo, aún ampliando su contenido. Los dos, en realidad, pueden ser medios (y por tanto derechos) para poder vivir dignamente y pueden resolver una parte de los problemas (entre otros el básico de un poder adquisitivo algo mayor o menor para subsistir). A partir de ahí permanece el gran reto de cómo se construye la sociedad, cómo se impulsan la sociabilidad, la solidaridad y el espíritu comunitario que las actuales relaciones económicas y sociales dominantes también contribuyen a deteriorar, y que debemos contemplar no solamente desde la motivación individual, sino de los necesarios cambios culturales, morales e institucionales colectivos. Y en el terreno de su concreción aparece otro grupo de problemas como son la vinculación voluntariado/remuneración, o RB/precarización de ese empleo estable o con aspiración a empleo estable y remunerado.

Hay diversos aspectos a considerar en esta polarización entre atacar las causas o los efectos de la precariedad. A veces se esquematiza demasiado reduciendo la elección al poner el acento en la producción o la distribución, o en la forma de oponerse a través del empleo (reparto o pleno) o la distribución de la riqueza.

Sería caer en un nuevo economicismo el pasar de considerar como principal el campo de la producción (de sus relaciones y su propiedad y control) a considerarlo el de la distribución (de la renta). Ambos no dejan de quedarse en el ámbito de lo económico cuando la realidad social es más multidimensional, las contradicciones muy diversas y la generación de conciencia crítica y agrupación social (ya que no hay grandes sujetos sociales) de momento es difícil, limitada y compleja.

En el texto de Offe se han expresado numerosos factores causales de la precariedad, así como consecuencias. Por otra parte hay diversos planos en la mutua relación de cada causa y cada efecto y, al mismo tiempo, elementos de antagonismo o complementariedad. Sin entrar ahora en la polarización entre reparto del empleo o de la riqueza (como plantea Riechmann), hay que señalar que en cada uno de ellos hay diversos tipos y planos y habrá que ver su potencialidad crítica anticapitalista o los valores que conlleva, su papel como reformas sociales y su posibilidad, su vinculación con diferentes sectores sociales o su capacidad de articular fuerza social, etc.

A veces la discusión discurre por lo que es más fácil o posibilista, argumentando a favor de unos u otros en función de ello. La excesiva esquematización en un aspecto parcial (empleo o riqueza) tiende a desconsiderar el conjunto de aspectos y 'causas de la precariedad', del entramado capitalista (llámese mercado, competitividad, globalización o neoliberalismo) y que como "no se pueden cambiar" se tiende a legitimarlos. Offe tiene una visión mas multilateral, pero priorizando la acción sobre las 'consecuencias'.

G) LA UNIVERSALIDAD DEL SALARIO SOCIAL

1. El ‘derecho universal a una vida digna’

Esta es una de las discusiones básicas y hay que diferenciar aspectos diversos. En las sociedades occidentales se estableció el Estado de bienestar, entre otras cosas, como un conjunto de instituciones y prestaciones sociales tales como enseñanza, sanidad, pensiones, subsidios..., subvenciones a la vivienda, al transporte público.... Algunas más dependientes del empleo, otras de las rentas; unas de carácter más universal y otras más o menos limitadas. Todo ello ha constituido la concreción de los derechos sociales y la ciudadanía social. Con la consolidación y expansión del Estado de bienestar se fueron ampliando esos derechos y su desmercantilización, traduciéndose en bienes colectivos y de acuerdo con las necesidades ciudadanas. Al mismo tiempo, se generó pleno empleo (y más cotizaciones sociales)  con aumento de la riqueza y del poder adquisitivo, con el que se solían cubrir otra parte de necesidades básicas más mercantilizadas, la alimentación, bienes domésticos (una gran parte la vivienda) , ocio, cultura...

La crisis del Estado de bienestar trae una reducción y una nueva mercantilización de muchas prestaciones, y la crisis del empleo remunerado disminuye el poder adquisitivo para conseguir unos bienes de consumo necesarios para ‘vivir’. Por lo tanto, se trata de mantener y mejorar esos derechos y prestaciones, así como el poder adquisitivo (monetario) para conseguir esos bienes. A esa aportación en dinero es necesario quitarle la connotación benéfica o asistencial y por lo tanto, hay que reforzar ese derecho de ciudadanía. Ser pobre no depende de la voluntad divina, o del propio individuo, y tampoco afecta a un sector marginal en vías de extinción. En la sociedad se han establecido unas relaciones de desigualdad y, en las últimas décadas, en Occidente, se han generado importantes bolsas de pobreza y vulnerabilidad social que afectan hasta a un tercio de la población.

Dada la gran productividad y riqueza social, es un deber de la sociedad proporcionar los medios de subsistencia y, por lo tanto, existe un derecho universal a una vida digna, para ejercerlo por todas las ‘personas que lo necesitan’. Pero ¿por qué se debe dar a todas las personas una misma aportación monetaria ‘independientemente de cualquier otro ingreso por otros recursos’?. Según Iglesias, también se da a los ricos que tienen grandes ingresos del capital y a todos los que tienen resuelto, por otras propiedades y otros ingresos, de rentas o salariales, el cubrir sus necesidades más que básicas. Pero, para esas personas, no sería una necesidad el cobrar esa RB.

2. Beneficiarios y requisitos para una vida digna

El propio Iglesias admite posteriormente una aplicación progresiva empezando por los sectores pobres. En la práctica, el salario social casi siempre se plantea condicionado, como mínimo, a la edad. ¿Por qué se excluye a los menores de edad, por ej. de 18 años, o de 25, en el caso de Offe, si se da por supuesto que también tienen necesidades y derechos sociales, aunque no tengan derecho al voto o edad penal?. También se suele excluir a los pensionistas que tienen su propio sistema de pensiones. Es decir, serían sujetos de ese derecho las personas adultas en edad de trabajar. Indirectamente se asocia al derecho al trabajo y, por otra parte, al contexto de la familia y al salario familiar ,que tendría que financiar a niños y jóvenes, que no tendrían ese derecho a RB.

Otra cuestión a tener en cuenta es la discusión entre renta "compensatoria" en función y como condición de no tener suficientes recursos para vivir, es decir, ser pobre, en contraposición a renta ‘igual’ para todos (interpretando así su universalidad), o bien si la RB debe estar ‘condicionada’ a un estado de ‘necesidad’ de  rentas y/o ausencia de empleo.

Está bien el desvincular la renta del empleo, aunque luego se verá esta problemática sobre la ‘participación en el trabajo socialmente necesario’ y/o en la ‘construcción de la sociedad’. Ahora la cuestión es con qué grado de generalización se reparte, y qué redistribución es más justa e igualitaria, algo ya debatido por Parijs y Carens[10] en torno al carácter compensatorio de los subsidios sociales. Problema diferente es como se avanza en la conciencia crítica, en los derechos subjetivos y los resultados prácticos de cada una de ellas.

3. Ciudadanía social o exclusión

Por otra parte, hay que diferenciar entre ‘universalidad’ como ‘derecho’ de todas las personas, y su ejercicio como derecho positivo ‘cuando lo necesiten’, y no necesariamente aplicarlo ‘para todos los ciudadanos por igual’. Hay una diferencia entre derechos subjetivos sociales o de ciudadanía social y su grado de generalización positiva. El caso de la enseñanza es el más general y aún así es algo limitado en calidad, gratuidad y edad. En sanidad se supone que recibimos una asistencia preventiva generalizada pero, sobre todo, ejercemos ese derecho ante la enfermedad. El sistema de pensiones y subsidios es bastante raquítico. Desde luego, derechos como el del trabajo, la vivienda o el transporte público ni siquiera se pueden ejercer para los que lo necesitan o quieren.

La cuestión es cómo se avanza en la ciudadanía social y contra la exclusión. El derecho a una vida digna es universal, pero la sociedad tiene diversos mecanismos para ofrecérsela a las personas (la propiedad, las rentas del capital, el trabajo remunerado...el gasto social público). Por lo tanto, hay que cubrir el derecho a la ‘vida digna’ para todas las personas, pero los mecanismos de los que se dota la sociedad son diferentes. No hay que confundir ‘derecho a la vida digna’ con derecho a la R.B. Cuando la sociedad no resuelve colectivamente ese derecho por los mecanismos que tiene, es cuando se demuestran insuficientes y hay que articular otros para garantizar ese derecho de la ciudadanía a cubrir las necesidades básicas.

La crisis del empleo  ha hecho que una parte importante de la clase obrera corra los riesgos de pérdida de derechos sociales reales y de los mecanismos tradicionales basados en el empleo para mantener una ‘vida digna’. Por lo tanto, es fundamental para un tercio de la sociedad el garantizar otros mecanismos colectivos de integración en la ciudadanía para cubrir las necesidades ‘básicas’ de ese tercio. Los otros dos tercios tienen ese derecho universal,  pero tienen los otros medios (capital, trabajo, algunas prestaciones gratuitas o casi y otras resueltas por su capital o por sus cotizaciones sociales derivadas del empleo remunerado) como mecanismos de integración y satisfacción de sus necesidades y no necesitan ‘afianzar su ciudadanía social’ a través de la RB que es otro mecanismo ‘complementario’ y universal en cuanto derecho que se ejercita al no utilizar los otros mecanismos.

La introducción de derechos sociales colectivos gestionados públicamente incorpora  un elemento progresivo de desmercantilización y no dependencia de las renta de cada cual, y al mismo tiempo, el criterio de adecuarlo a las necesidades de cada individuo o grupo social, relativizando progresivamente la importancia del empleo. En este sentido, es un elemento importante para combatir la cultura del trabajo. Por lo tanto, sin legitimar la realidad actual, (del papel de la propiedad y el empleo como fuentes de distribución de riqueza) hay que partir de ella para modificarla en esa dirección de la ciudadanía social. Sin embargo, las tendencias entre las clases medias van por el sentido contrario hacia la privatización e individualización del sistema de protección social y de las prestaciones sociales (especialmente en el ámbito de los seguros privados y los fondos de pensiones individuales). Su posición es rebajar impuestos y privatizar su seguridad más que ampliar sus derechos frente a un Estado de mínimos’ y, por lo tanto, ejercen sus resistencias a ampliar el Estado de bienestar y la protección social. Si a eso le añadimos que el beneficio neto de una RB es neutro o incluso negativo para ellas, por la deducción de impuestos correspondientes, que sería en todo caso un ingreso secundario con respecto al grueso de sus rentas, desde el punto de vista práctico o educativo, no van a encontrar muchas ventajas las clases medias y altas para generalizar esa RB, a no ser que la imposición fiscal sea regresiva.

H) CONDICIONALIDAD Y CONTRAPARTIDAS

El ingreso ciudadano está bien definido y muy matizado por Offe. Según él no debe estar 'condicionado' al 'empleo remunerado' o a haber entrado en él, y está fundamentado en el derecho de ciudadanía. Sería 'libre' para dejar el trabajo (o no haberlo conseguido) y tener acceso a él y parece que da por supuesto lo contrario, ya que dejaría de recibirlo cuando se incorporase al trabajo. Tenemos aquí un ingreso básico fundamentado en la ciudadanía y, por lo tanto, universal como derecho, pero su ejercicio no es automático e 'igual' para todos como en el caso de Iglesias. El trabajo ha dejado de ser  el elemento exclusivo de reparto de la riqueza (antes tampoco lo era totalmente, ya que también la proporcionaban el capital, la propiedad de bienes y el estatus... y la propia ciudadanía) y ahora se apela a los derechos sociales de ciudadanía como criterio de esa distribución.

Como dice Offe, el ejercicio real está condicionado por el nivel económico y de rentas de las personas, siendo un ingreso neto sólo para las personas necesitadas, mientras para las rentas altas se retiraría al tener unos impuestos superiores. Por lo tanto, es un derecho universal, pero, en la práctica, 'condicionado' y combinado con el resto de las rentas que se reciben.

En relación con la actividad social y el ingreso básico, Offe plantea una aplicación gradual con dos tipos de medidas:

Una, la exención condicional ampliando substancialmente la lista de ‘excusas’ para la no participación en el mercado laboral  (voluntariado, actividades sociales...). Y otra, la exención temporal con una ‘cuenta sabática’.

La cuenta sabática es un tipo de reparto del empleo que, en vez de reducir la jornada diaria o semanal de trabajo (o al mismo tiempo), reduce la vida laboral en su conjunto disminuyendo la edad de jubilación, aumentando la edad de entrada en el mercado de trabajo (por ejemplo, a 18 ó incluso 20 años), poniendo un tope máximo de años de vida laboral (30 años), o adelantando la edad de jubilación a los 60 ó incluso 55 años. La cuenta básica de Offe consiste en poseer 10 años de libranza a discreción de cada cual; es decir, si la vida laboral es, por ejemplo, de 20 a 60 años, se trabajarían como máximo 30 (actualmente la vida laboral de los jubilados en el régimen general es de 32 años pero está bajando) y se librarían diez,  por hijos, estudios, etc., e incluso se podrían añadir otros diez a la entrada de 20 a 25 años o la salida 55 a 60 años, con media jornada.

En todo esto se sobrentiende que las empresas no se responsabilizan de sus salarios (o con un sistema gradual como el de Offe) por sus períodos de libranza y se hace cargo el Estado a través de subsidios o del ingreso básico. Por lo tanto, se tendría derecho 'incondicionado' a un ingreso básico durante 10 años que, por cierto, es el derecho que hoy en día se tiene a la prestación contributiva por desempleo en el Estado Español si una persona, de cada ocho años, trabaja seis y está dos en paro.

Como derecho de ciudadanía son propuestas muy interesantes e incluso las dos medidas se pueden también interpretar como reparto del empleo. Se sale del mercado laboral pero haciendo un trabajo útil para la sociedad, y por tanto descondicionando el derecho económico de ciudadanía al trabajo 'formal', pero considerando positivo y complementario al ingreso básico el realizar un trabajo social no asalariado sin llegar a formularlo como condición de validez jurídica para ejercer el derecho.

Riechmann considera este tipo de actividad 'trabajo socialmente necesario' y, por lo tanto, sin apearse de su criterio de exigir la condición de realizarlo para recibir el ingreso social, es más amplio en la caracterización de esta actividad considerándola útil socialmente (incluyendo por ej. el trabajo doméstico), aunque en otras ocasiones habla exclusivamente de la vinculación del ingreso básico al empleo. Con la primera medida, Offe trata de borrar la diferencia entre trabajo 'formal' y un trabajo en los ámbitos sociables o culturales (¿ y el doméstico?) que cumplen una función social. Como dice más abajo, hay que 'reinventar' institucionalmente este tipo de actividades para favorecer su expansión y utilización. La Carta de derechos sociales de Euskadi también comparte este criterio de condicionar el ingreso a una actividad social acordada.

Entre las personas que podrían cobrar entero el ingreso social (por ejemplo el 20% por debajo del umbral de la pobreza) y las que no lo cobrarían (por ejemplo el 40% por encima de la renta media) hay un porcentaje amplio de un 40% en que se pueden combinar fórmulas intermedios de este ingreso básico y el resto de ingresos salariales u otras prestaciones (pensiones, etc.), sin que se absorbiesen totalmente estos últimos. Universal no quiere decir, necesariamente, que lo cobran igual todas las personas independientemente de sus ingresos. Por otra parte es similar si se da monetariamente o se deduce vía impuestos. Otra cuestión es qué límite se fija desde un determinado nivel de renta (sea el SMI o la mitad de la renta media como umbral de la pobreza u otro nivel) para tener acceso al ingreso. Y por otro lado (según Riechmann) también podría ser una parte monetaria y otra en especie con la tendencia a intentar desmercantilizar determinados bienes básicos.

En definitiva, se trata de compensar a los más desfavorecidos y por lo tanto, ir contra la pobreza y la desigualdad, consolidando la integración social y, en consecuencia, la ciudadanía social de los sectores que más en crisis pueden estar con respecto a sus derechos sociales como ciudadanos.

I) SALARIO SOCIAL, DUALIZACIÓN Y MERCADO

DE TRABAJO

C. Offe expone la objeción más importante a las RB:

"Una 'exclusión' de una parte de la población adulta del mercado laboral incluso con una protección material adecuada, podría considerarse como cinismo moral, ya que, este tipo de políticas, pretenden 'poner fuera de funcionamiento' la capacidad humana de hacer algo útil o arrinconarla del todo. En una palabra salvando el estado de precariedad de la distribución, el esquema consolidaría una situación de precariedad en la producción, lo que supondría una exclusión permanente. Semejante enfoque sería contrario a los principios de la igualdad material (particularmente a los que prohiben la discriminación de los sexos) así como al derecho moral del individuo de desarrollarse a través de actividades que son (reconocidas como) útiles. La importancia causada por este argumento puede ser reducida, en una pequeña parte, con medidas que condicionen el derecho a un ingreso de ciudadano a una edad mínima del beneficiario (digamos 25 años) y con otras formas que fomenten y promuevan la 'rotación' entre el empleo remunerado y las actividades fuera del mercado laboral."

1. Los efectos de la relación entre Ingreso básico y la exclusión social.

El contraargumento de la posibilidad de generar una exclusión del empleo de un segmento de gente que quiere empleo (con todo lo que conlleva) es desde luego importante, y no queda demasiado bien resuelto por Offe. Es cierto, según dice, que el ingreso no es, desde luego, algo voluntario para aquél que 'no quiere' trabajar, sino, sobre todo, un derecho que afecta a las personas que 'no pue